Un grupo de legisladores de distintos bloques de la oposición presentó un proyecto de ley para reformar el régimen de licencias por parentalidad, con el objetivo de actualizarlo y promover una distribución más equitativa de las tareas de cuidado ante nacimientos y adopciones.

La iniciativa plantea un cambio significativo respecto del esquema vigente desde 1974: propone extender la licencia para progenitores no gestantes a 30 días corridos, muy por encima de los actuales dos días establecidos por la Ley de Contrato de Trabajo. Además, incorpora una mirada de gradualidad en la implementación para garantizar la sostenibilidad del sistema.

Además de los trabajadores en relación de dependencia, la Ley incluiría a monotributistas y autónomos. 

Quiénes impulsan el proyecto

El proyecto es encabezado por Vanesa Siley (Unión por la Patria) y cuenta con el acompañamiento de Nicolás Massot (Encuentro Federal), Mónica Frade (Coalición Cívica), Esteban Paulón (Provincias Unidas) y Karina Banfi (Adelante Buenos Aires), entre otros.

Qué dice el proyecto de ampliación de licencias por nacimiento

La propuesta establece que, durante los primeros dos años desde su entrada en vigencia, la licencia por paternidad será de 20 días corridos, antes de alcanzar los 30 días previstos como objetivo final. Según el texto, esta cláusula transitoria responde a un criterio de "gradualidad responsable".

Además, se crea una licencia parental compartida de 20 días, que podrá distribuirse entre ambos progenitores y utilizarse de manera continua o discontinua durante el primer año de vida del hijo.

El proyecto también incluye a las personas adoptantes, quienes accederían a una licencia de 30 días corridos a partir de la notificación judicial de la guarda. Para acceder al régimen, se exige una antigüedad mínima de tres meses en el empleo formal.

La diputada Siley, una de las impulsoras de la iniciativa, detalló además que "las nuevas licencias serán financiadas por la seguridad social, evitando trasladar costos al empleador". 

La ampliación de derechos y la incorporación de esquemas compartidos buscan, según la iniciativa, fomentar una participación más equitativa en las tareas de cuidado desde el inicio de la vida.