El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó un nuevo estado de excepción por 60 días en diez provincias y tres municipios del país ante el agravamiento de la violencia criminal. La medida suspende derechos vinculados a la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, aunque no contempla un toque de queda.

La decisión quedó formalizada mediante el Decreto Ejecutivo 423. Según datos oficiales incluidos en el documento, entre el 1 de mayo y el 12 de junio se registraron 879 homicidios en los territorios alcanzados por la disposición. El Gobierno justificó la medida por una situación de "grave conmoción interna".

Dónde rige el estado de excepción

La disposición alcanza a las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Azuay.

También incluye a los municipios de La Maná, en Cotopaxi; Las Naves, en Bolívar; y La Troncal, en Cañar.

El área comprendida por la medida coincide con varios de los principales corredores utilizados por organizaciones vinculadas al narcotráfico, desde puertos estratégicos sobre el Pacífico hasta zonas fronterizas con Colombia.

Qué facultades tendrán las fuerzas de seguridad

La suspensión de garantías constitucionales habilita a la Policía y a las Fuerzas Armadas a ingresar a inmuebles sin autorización judicial previa cuando existan indicios sobre la presencia de integrantes de grupos armados organizados, armas, explosivos o sustancias sujetas a fiscalización.

La normativa también permite interceptar comunicaciones y recopilar información considerada necesaria para prevenir amenazas contra la seguridad pública.

Noboa sostuvo que estas herramientas permitirán actuar con mayor rapidez frente a estructuras delictivas que operan en distintas regiones del país.

La normativa además autoriza la requisición temporal de bienes y servicios de origen ilícito cuando resulten necesarios para garantizar la continuidad de los operativos de seguridad.

No incluye toque de queda

El Decreto 423 no establece restricciones a la circulación nocturna.

Durante marzo y mayo, algunas provincias ecuatorianas permanecieron bajo toques de queda impulsados por el Ejecutivo para reducir la actividad de bandas criminales. Sin embargo, esa restricción no forma parte del nuevo esquema anunciado por Noboa.

La disposición actual entró en vigencia apenas dieciséis días después del vencimiento de la emergencia anterior, que finalizó el 1 de junio.

Por qué el Gobierno tomó esta decisión

El documento oficial atribuye el aumento de la violencia a la acción de grupos armados organizados y estructuras dedicadas al narcotráfico, secuestros, homicidios, extorsiones y robos.

"El incremento significativo de hechos violentos, ataques armados y actividades delictivas atribuidas a grupos armados organizados y de delincuencia organizada generó una considerable alarma social", señala el decreto.

El texto agrega que estos delitos "continúan produciendo una conmoción social, reflejando desasosiego e intranquilidad", además de afectar el normal desarrollo de las actividades económicas.

Según el Ejecutivo, la intervención excepcional de las Fuerzas Armadas resulta "imprescindible y necesaria" para disminuir el impacto de la crisis de seguridad.

La situación de violencia en Ecuador

Ecuador atraviesa uno de los períodos más violentos de su historia reciente.

Datos del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado indican que el país cerró 2025 con 9.216 homicidios intencionales y una tasa de 50,9 asesinatos cada 100.000 habitantes, la más alta de su historia reciente.

En 2020, ese indicador se ubicaba en 8,1 homicidios cada 100.000 habitantes.

La Iniciativa Global contra el Crimen Organizado ubica actualmente a Ecuador en el cuarto lugar mundial dentro de su índice de criminalidad.

El primer trimestre de 2026 registró 550 homicidios menos que el mismo período de 2025. Sin embargo, el repunte detectado entre mayo y junio encendió nuevas alarmas dentro de las autoridades.

Más de dos años bajo medidas extraordinarias

Noboa declaró el "conflicto armado interno" en enero de 2024 y desde entonces Ecuador acumuló sucesivos estados de excepción con alcances variables según la evolución de la violencia.

Con la entrada en vigor del nuevo decreto, el país suma cerca de 900 días bajo algún régimen extraordinario desde la llegada del mandatario al poder en noviembre de 2023.

Organizaciones de derechos humanos mantienen cuestionamientos por denuncias vinculadas a presuntos excesos cometidos durante operativos anteriores. El decreto establece que la actuación de las fuerzas de seguridad deberá respetar los estándares internacionales de derechos humanos.

La captura y extradición de antiguos líderes criminales provocó una fragmentación de las organizaciones delictivas. Las disputas por territorios y rutas del narcotráfico se intensificaron durante los últimos años y explican por qué el Gobierno volvió a recurrir a herramientas excepcionales para enfrentar una de las crisis de seguridad más graves de la historia reciente del país.