La inteligencia artificial dejó de ser un tema exclusivo del mundo tecnológico. Hoy forma parte de una disputa más amplia por el poder, la economía y la capacidad de los Estados para decidir su propio futuro. El interrogante de cómo cambiará el trabajo o la vida cotidiana se traslada a algo más profundo: quién define las reglas, los límites y los intereses detrás del nuevo orden digital. 

En ese terreno, la discusión sobre gobernanza tecnológica expone una tensión cada vez más evidente: mientras la tecnología se expande globalmente y reorganiza la vida económica, política y social de todo el planeta, la capacidad de definir sus reglas, controlar su infraestructura y capturar sus beneficios permanece concentrada en un número cada vez más reducido de potencias y corporaciones.

El Pacto para el Futuro y el Pacto Digital Global, aprobados en Naciones Unidas en 2024, representan el intento más ambicioso del multilateralismo reciente por intervenir en esa disputa. Allí se reconoce que la inteligencia artificial puede ampliar desigualdades, profundizar la brecha entre el Norte y el Sur global y consolidar una nueva concentración del conocimiento, los datos y la infraestructura digital en manos de pocas potencias y corporaciones. La creación de un Panel Científico Internacional sobre IA y de un Diálogo Mundial sobre Gobernanza Digital busca precisamente evitar que las reglas del futuro queden definidas exclusivamente por Estados Unidos, China o las grandes plataformas privadas.

Sin embargo, el problema central es si el sistema multilateral todavía tiene capacidad real para ordenar procesos de esta magnitud. La ONU atraviesa una crisis evidente de legitimidad, financiamiento y eficacia política. Las principales potencias bloquean consensos cuando sus intereses estratégicos están en juego, mientras las grandes empresas tecnológicas acumulan niveles de influencia económica y capacidad de innovación que muchas veces superan a los propios Estados. Regular la inteligencia artificial exige acuerdos globales en un contexto internacional donde incluso los consensos mínimos sobre seguridad, comercio o cambio climático atraviesan enormes dificultades.

La discusión sobre IA revela además una limitación estructural del multilateralismo contemporáneo: Naciones Unidas puede producir principios, recomendaciones y espacios de diálogo, pero tiene enormes dificultades para imponer obligaciones efectivas a quienes concentran el poder tecnológico. Hoy las capacidades críticas tales como infraestructura digital, computación avanzada, plataformas, modelos fundacionales y grandes volúmenes de datos, están controladas por un número extremadamente reducido de actores privados y estatales. La gobernanza global aparece entonces tensionada dado que quienes deberían aceptar límites son justamente quienes poseen más capacidad para evitarlos.

Por eso, la disputa tecnológica es inseparable de la geopolítica. Estados Unidos y China compiten por establecer estándares globales, controlar cadenas de suministro críticas y definir las normas de la economía digital. Existe incluso el riesgo de que la gobernanza internacional de la IA termine fragmentándose en esferas tecnológicas rivales antes que consolidándose como un verdadero sistema universal de regulación.

En ese escenario, la pregunta para América Latina es por sobre todo una pregunta política: ¿seremos productores de tecnología y conocimiento o simples usuarios de sistemas diseñados, entrenados y regulados por otros? La soberanía tecnológica ya no pasa (solamente) por tener conectividad. Implica capacidad científica, infraestructura propia, desarrollo industrial, regulación de datos y autonomía para decidir cómo se integran las nuevas tecnologías en nuestras sociedades.

Argentina posee antecedentes que demuestran que otro camino es posible. Experiencias como ARSAT, INVAP o la reciente misión ATENEA revelan que incluso países periféricos pueden desarrollar capacidades tecnológicas complejas cuando existe decisión política sostenida, inversión pública y continuidad institucional. La construcción de satélites propios, el desarrollo nuclear y la participación en proyectos espaciales internacionales muestran que la soberanía tecnológica es una capacidad concreta para producir conocimiento estratégico.

Pero esa capacidad requiere financiamiento permanente. Ningún país construye autonomía científica desde la lógica de la discontinuidad. Hoy Argentina atraviesa un escenario crítico marcado por el desfinanciamiento de las universidades públicas, la caída del presupuesto científico y tecnológico, el deterioro salarial de investigadores y docentes y la paralización de numerosos proyectos estratégicos. En paralelo, crece la emigración de profesionales altamente calificados formados por el propio Estado argentino. Mientras el mundo ingresa en una etapa donde el conocimiento define cada vez más las relaciones de poder internacional, se debilitan precisamente las instituciones encargadas de producir ese conocimiento. Un país que renuncia a financiar ciencia, universidades y desarrollo tecnológico no sólo pierde competitividad económica: pierde capacidad de decisión. Depende de tecnologías extranjeras, consume plataformas cuyos algoritmos no controla y entrega datos estratégicos sin capacidad real de regulación. La dependencia tecnológica se convierte así en una nueva forma de subordinación política.

Por eso, el debate sobre inteligencia artificial no puede quedar reducido a una conversación técnica entre especialistas. Es una discusión sobre desarrollo, democracia y distribución del poder global. También es una discusión sobre el rol del Estado y sobre la capacidad de las sociedades para construir proyectos estratégicos de largo plazo.

El orden mundial que emerja de esta transición tecnológica se está definiendo ahora mismo: en las grandes corporaciones, en los centros financieros, en las potencias globales y también en Naciones Unidas. La gran incógnita es si el multilateralismo todavía conserva capacidad para construir reglas tecnológicas verdaderamente universales y justas o si el futuro digital quedará determinado por acuerdos restringidos entre quienes ya concentran el poder económico y tecnológico.

Para América Latina, participar de esa discusión es central y estratégica porque la pregunta sobre quién gobierna la inteligencia artificial es, en definitiva, la pregunta sobre quién tendrá soberanía en el mundo que viene.

* Diputado Nacional, vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto. Ex Canciller de la República Argentina. Ex Jefe de Gabinete de Ministros. Licenciado en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires. Maestría en Políticas Públicas en Universidad Torcuato Di Tella.