Quirno defendió la contratación de la AACI y negó irregularidades: "Todo lo contrario"
El Canciller explicó que se activó el protocolo de integridad porque la directora ejecutiva de la entidad es la esposa del ministro Federico Sturzenegger, pero que no se hallaron irregularidades
El canciller Pablo Quirno se refirió a la adjudicación del contrato para la capacitación en idioma inglés del personal del Ministerio de Relaciones Exteriores y aseguró que la activación del protocolo de integridad se realizó conforme a la normativa vigente.
A través de su cuenta en la red social X, el funcionario sostuvo: "No hay absolutamente ninguna irregularidad sino todo lo contrario!" y remarcó que la Cancillería contrata a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) desde 2018 para la formación en idioma inglés de su personal.
Quirno explicó que, en esta oportunidad, debido a que la directora ejecutiva de la entidad es la esposa del ministro Federico Sturzenegger, "se activó el procedimiento de integridad previsto con la intervención de la Oficina Anticorrupción y la SIGEN quién revisó todo".
Además, cuestionó el enfoque del artículo periodístico que dio origen a las dudas y afirmó: "Generó las dudas desde el título, aunque leyendo la propia nota te das cuenta que ha sido todo manejado de manera correcta". El mensaje concluyó con un saludo: "Abrazo grande!".
El contrato de la AACI y la activación del procedimiento de integridad
La referencia del canciller se produjo luego de que se conociera la adjudicación de un contrato por $114.044.133 (IVA incluido) a la AACI para la capacitación en idioma inglés del personal diplomático y administrativo.
La contratación fue tramitada bajo la modalidad de Adjudicación Simple por Especialidad y contempla una duración de nueve meses, con opción de prórroga por un período igual.
Según consta en la documentación oficial, al analizar la Declaración Jurada de Intereses exigida por el Decreto 202/2017 se detectó un "vínculo positivo" de carácter familiar entre una autoridad de la entidad adjudicataria y un ministro del Poder Ejecutivo.
A partir de esa situación, se dio intervención a la Oficina Anticorrupción y a la Sindicatura General de la Nación, y se dispuso la suscripción de un Pacto de Integridad entre el Estado y la entidad contratada, en el marco de los mecanismos de control previstos para estos casos.