Protocolo antipiquete

Reforma laboral: Seguridad evalúa revisar mochilas y prohibir banderas en marchas

La ministra Alejandra Monteoliva anunció que analiza endurecer el protocolo antipiquete tras los enfrentamientos en la protesta.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que el Gobierno evalúa endurecer los controles en manifestaciones sociales tras los violentos incidentes que se produjeron el miércoles pasado durante la marcha contra la reforma laboral en las inmediaciones del Congreso.

La funcionaria adelantó que su cartera analiza medidas como la revisión de mochilas y la posible prohibición de banderas, en el marco de una actualización del denominado protocolo antipiquete. "Hemos conversado endurecer más las medidas para la realización de manifestaciones o este tipo de protestas", afirmó en declaraciones al programa Pan y Circo, que conduce Jonatan Viale por Radio Rivadavia.

Monteoliva, quien sucedió a Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad, explicó que el Gobierno busca ampliar la cantidad de elementos que contempla en los operativos. "No solamente se puede dar la revisión de mochilas. Pongo un ejemplo: banderas. Si después usan los palos como flechas o como armas para tirarlas", sostuvo. Según indicó, durante la protesta del miércoles manifestantes quitaron palos de banderas para utilizarlos como proyectiles.

La ministra aseguró que la cartera analiza "de qué manera se pueden realizar otro tipo de controles sin poner en riesgo la vida de absolutamente nadie", en referencia tanto a manifestantes como a efectivos de seguridad.

El miércoles, en paralelo a la sesión en el Senado en la que se debatió la reforma laboral, se produjeron enfrentamientos entre efectivos de la Policía y la Gendarmería y grupos de manifestantes. Algunos protestantes lanzaron piedras y bombas molotov contra las fuerzas de seguridad.

La Policía respondió con gases lacrimógenos, carros hidrantes y golpes con bastones para dispersar la protesta. Los incidentes reavivaron el debate sobre el alcance del derecho a la protesta y los límites de la actuación policial en el marco de discusiones legislativas sensibles, como la reforma laboral.

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