En el último día de sesiones extraordinarias, el Senado de la Nación aprobó el proyecto de la Ley Penal Juvenil que proponía la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. 

También se aprobó la reforma laboral, por lo que el oficialismo logró el objetivo de llegar a la apertuda de sesiones ordinarias del domingo primero de marzo con todo aprobado.

El Senado debate la Ley Penal Juvenil 

La Libertad Avanza (LLA) logró modificar ley vigente (22.278) con el fundamento de que Argentina está por fuera de los estándares con los que se legisla en el resto de los países de Latinoamérica. Por eso, se propuso este nuevo proyecto que ya había recibido 149 votos positivos en Diputados. 

Al margen, Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana tienen fijada la edad de imputabilidad en 14 años, mientras que Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá es en los 12 años. 

La Ley Penal Juvenil vigente en Argentina fue aprobada en 1980 y el oficialismo partió desde esa base para exigir "un marco legal moderno" que pueda aplicarse a las problemáticas sociales de la actualidad. 

Antes de la aprobación, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, insistió enque "la baja de la edad de imputabilidad es clave, ojalá logremos (que se establezca) a los 13, 14 años". Y redobló la apuesta: "Creo que incluso debería ser menos; la tendencia y la discusión es que se está alrededor de los 12 y los 13, más allá de los 13 y 14". 

Ley Penal Juvenil: qué propone el  proyecto de ley 

El proyecto proponía una baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, con penas distintas según la gravedad del hecho. 

El régimen establece penas de hasta 3 años ara delitos menores, mientras que, para hechos graves, como homicidios, abusos y/o secuestros, establece un tope de 15 años de prisión, con una extensión de hasta 20 años en casos puntuales. 

Asimismo, y de acuerdo con cada situación particular, la iniciativa posibilita la obtención de la libertad asistida y el régimen de amonestaciones, además de tareas comunitarias y programas educativos o de capacitación laboral, dentro de un marco socioeducativo con el foco puesto en la reinserción del menor en la sociedad. 

También quedó implícita una posible reparación económica o mediación por parte del menor que haya cometido un delito, con el consentimiento de la víctima.

Al margen, la ley prohíbe que los menores convivan con adultos. Esto abarca la construcción de centros de detención e institutos especializados con un personal capacitado en niñez, adolescencias y adicciones. Según lo que trascendió por el oficialismo, estos centros estarán enfocados en la educación y en la salud de los niños y jóvenes: para menores de 15 años que cometan delitos graves, se contempla una posible internación para lograr su resocialización, bajo control judicial.