El Gobierno llamará a licitación pública para la remodelación de la Estación Terminal de Ómnibus de Retiro (ETOR) para transformarla en un "polo intermodal", luego de que cuatro empresas presentaran propuestas para realizar las obras con financiamiento totalmente privado.

El llamado a licitación fue declarado de "interés público" mediante el decreto 273/2026, publicado hoy en el Boletín Oficial, 33 años después de la última licitación de la principal terminal de transporte terrestre del país.

Modernización

La medida "busca modernizar por completo la concesión de la terminal más importante de transporte automotor de pasajeros bajo un esquema de concesión con financiamiento 100% privado", destacó el Ministerio de Economía en un comunicado, al tiempo que el titular de la cartera, Luis Caputo, destacó la importancia de las obras a realizar "sin comprometer recursos del Estado, promoviendo la participación del sector privado bajo reglas claras, competitivas y transparentes".

Las empresas que presentaron las propuestas de financiamiento privado para realizar la "obra de remodelación, transformación, puesta en valor, operación, administración y explotación comercial del centro de transporte de ómnibus de pasajeros de Retiro y sus usos anexos", son Inverlat Investments, Service Trade, Inversiones Peirod y BV Investment.

Orden macroeconómico

El Palacio de Hacienda remarcó que el esquema de financiamiento privado puede llevarse a cabo como "resultado del proceso de ordenamiento macroeconómico impulsado por el presidente Javier Milei, que permitió recuperar previsibilidad, estabilizar las variables económicas y generar condiciones de confianza para la inversión".

Por la Terminal de Ómnibus de Retiro circulan entre 10 y 12 millones de pasajeros al año -con picos de hasta 2 millones mensuales en temporada alta- y en ella opera más de 300 mil servicios anuales que conectan la Ciudad de Buenos Aires con todo el territorio nacional y países limítrofes.

Tres décadas de deterioro

De esta manera, se pone fin a una concesión otorgada en 1993, actualmente vencida, a cargo de la empresa TEBA S.A.

Según Economía, la concesión "con el paso de los años evidenció un deterioro sostenido en la calidad del servicio, con instalaciones deficientes, problemas de seguridad, falta de iluminación adecuada y condiciones de confort insuficientes que en nada beneficiaron a los millones de usuarios que transitan la terminal".

"Con esta decisión, el Gobierno Nacional ordena definitivamente un esquema que se prolongó en el tiempo sin las inversiones necesarias y da inicio a una nueva etapa basada en estándares modernos de calidad, seguridad y servicio", destacó.

La iniciativa a desarrollar

El Ministerio señaló que el nuevo proyecto tiene como objetivo central "modernizar integralmente la terminal y su entorno, mejorar la experiencia de los usuarios, optimizar su operación y ampliar su capacidad, incluyendo la incorporación de nuevas dársenas y una planificación alineada con la demanda futura".

Las obras previstas incluyen el reacondicionamiento, la modernización y la ampliación de la terminal, junto con la optimización de los servicios de administración, mantenimiento y operación. A su vez, se contempla el desarrollo de espacios complementarios a definirse en el proceso licitatorio.

La concesión tendrá una vigencia de 30 años, período en el que el concesionario asumirá la totalidad de la inversión y la operación del sistema, percibiendo los ingresos derivados de su explotación, y deberá abonar un canon mensual al Estado Nacional.

El Ministerio de Economía será la autoridad encargada de llevar adelante el proceso, incluyendo la elaboración de los pliegos, la convocatoria a licitación y la adjudicación, conforme al régimen vigente.

En paralelo, se garantizará la continuidad del servicio mediante el operador actual hasta tanto se adjudique la nueva concesión, asegurando el normal funcionamiento de la terminal durante todo el proceso de transición.

Antecedentes

La terminal es operada desde 1993 por TEBA, a cargo desde aquel entonces de Nestor Otero y hoy en día por sus herederos, que obtuvo la concesión original tras una licitación pública. 

El contrato, con vencimiento inicial en 2005, fue luego prorrogado de manera directa hasta 2015, sin que se realizara un nuevo proceso competitivo.

A partir de ese momento, la concesión continuó sin licitación vigente: entre 2015 y 2020 operó con el contrato vencido, y en 2020 se otorgó una nueva prórroga acompañada de compromisos de mantenimiento de alcance limitado.

"Desde entonces, la operación se ha sostenido en condiciones precarias y transitorias, sin un marco contractual actualizado" que derivó en "un progresivo deterioro del servicio y en reiterados problemas de funcionamiento, evidenciados en deficiencias de infraestructura, falencias de mantenimiento, condiciones inadecuadas de seguridad y una experiencia general deficitaria para los usuarios", remarcó Economía.

Asimismo, el canon "mostró una significativa pérdida de valor en términos reales a lo largo del tiempo", sin una actualización acorde en función de la inflación, completó.