La CGT y el peronismo intensificaron en los últimos días las gestiones políticas para frenar la reforma laboral impulsada por el Gobierno, pero en el Senado el escenario es adverso: no consiguen sumar nuevos votos en contra y las bancadas aliadas y federales avalan la ley en general, más allá de las tensiones por el capítulo fiscal.

Ante este panorama, en la oposición ya dan por descontado que no podrán bloquear la aprobación y anticipan que, si la norma sale tal como está redactada, recurrirán a la Justicia para intentar frenarla.

Los números que no alcanzan

El interbloque denominado "Popular" reúne al bloque Justicialista que conduce José Mayans, a los dos senadores del Frente Cívico de Santiago del Estero y a los cinco de Convicción Federal. Aun en el escenario ideal -algo que no siempre ocurrió, como quedó demostrado durante la votación del Presupuesto-, sumarían 28 votos negativos, muy lejos de los 37 necesarios para bloquear la ley.

Parte de la expectativa está puesta en la relación entre los gobernadores y la Casa Rosada, especialmente por la discusión en torno a los fondos y el impacto fiscal de la reforma. Si ese vínculo termina de tensarse, confían en poder sumar "algún poroto más", a la espera de definiciones tras la reunión prevista para el miércoles en el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Sin embargo, en el propio peronismo reconocen que es poco probable que el conflicto escale lo suficiente como para hacer caer la ley, por lo que ya comenzaron a preparar el terreno para el escenario posterior.

La advertencia: judicialización

Con ese diagnóstico, los bloques opositores ya le avisaron al oficialismo que, si la reforma laboral se aprueba sin cambios sustanciales, será judicializada.

El antecedente inmediato es el DNU 70/2023, cuyo capítulo laboral fue suspendido y declarado inconstitucional por la Justicia, aunque el Gobierno mantiene una apelación abierta ante la Corte Suprema.

No obstante, en ese caso el fallo se apoyó en cuestiones formales: la falta de necesidad y urgencia y la prohibición constitucional de legislar materia laboral por decreto. Ahora, el escenario es distinto: el Ejecutivo envió una ley al Congreso, siguiendo el procedimiento institucional correcto.

Por eso, el peronismo cambia de estrategia y apunta directamente contra el contenido de la reforma.

"Inconstitucionalidad" y "no regresividad": los argumentos

En la oposición sostienen que la reforma implica una "destrucción del artículo 14 bis" de la Constitución Nacional, que garantiza los derechos del trabajador, de los gremios y de la seguridad social.

Según el diagnóstico peronista, el proyecto facilita despidos, afecta las indemnizaciones y debilita los convenios colectivos, además de introducir cambios que empeoran las condiciones existentes, reducen protecciones y trasladan más riesgos al trabajador.

Ese retroceso, sostienen, viola el principio de no regresividad, una doctrina jurídica que impide que el Estado quite derechos ya reconocidos.

Para el bloque, la reforma afecta el corazón de la doctrina peronista y los derechos laborales construidos históricamente desde el primer peronismo.

Cruces políticos y el rol de los gobernadores

El gobernador bonaerense Axel Kicillof sintetizó la posición más dura del espacio: "La reforma laboral de Milei no tiene nada que ver con la libertad que pregona. Si los trabajadores se quedan sin derecho al descanso y a las vacaciones, esa libertad es solo un discurso".

La respuesta llegó desde el oficialismo. El ministro del Interior, Diego Santilli, contraatacó: "Kicillof y el kirchnerismo se oponen a bajar Ganancias porque prefieren que las empresas paguen más impuestos y se fundan. Para ellos recaudar siempre es más importante que generar trabajo".

El mensaje fue leído como un tiro por elevación a los gobernadores que reclaman por la caída del Impuesto a las Ganancias a las sociedades, una medida que implicaría una merma de 0,15% del PBI en la recaudación provincial.

Divisiones internas en el peronismo

Mientras enfrenta el avance del proyecto oficial, el peronismo también lidia con sus propias tensiones internas. La diputada y ex ministra de Trabajo Kelly Olmos presentó un proyecto alternativo de reforma laboral que propone, entre otros puntos, una reducción gradual de la jornada laboral, un marco específico para trabajadores de plataformas y la ampliación de licencias parentales.

La iniciativa no fue bien recibida por el ala kirchnerista, que impulsa su propio proyecto encabezado por la diputada Vanesa Siley.

En el Senado, sin embargo, buscan bajar el ruido interno. Aseguran que no están promoviendo proyectos propios y que la estrategia central es trabajar alineados con la CGT para resistir la reforma oficial.

Con los votos en contra que no alcanzan y una ley que avanza, el conflicto entra en su segunda etapa: si el Senado la aprueba, la batalla se trasladará a los tribunales.