Cierran la causa por el robo de un envío de la Reserva Federal de EE.UU. al BCRA

La Justicia sobreseyó a los dos acusados de haber robado 80 mil dólares que llegaron al Aeropuerto de Ezeiza en 2007. El despachante de valijas acusado era conocido como "El Cirujano"

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La Justicia declaró prescripta y sobreseyó a dos acusados de haberle robado 80 mil dólares a la Reserva Federal de los Estados Unidos, los cuales formaban parte de un envío de dinero que arribó en contenedores al Aeropuerto Internacional de Ezeiza el 4 de octubre de 2007.

"Zafamos, Negro. Corté, metí la mano y saqué un paquete de dólares". Esa es la frase que los medios atribuían al presunto autor del robo, un despachante de valijas del aeropuerto de Ezeiza, conocido como "El Cirujano".

El hecho tuvo lugar cuando llegó al Aeropuerto un envío de 299.200.000 millones de dólares que envió la Reserva Federal del Banco de Nueva York como parte de un refuerzo de fondos al Banco Central de la República Argentina.

El dinero vino en la bodega de un avión de American Airlines y cuando aterrizó y se disponía a bajarlos, se detectó que el contenedor Nø 2696 estaba violentado. Faltaban 80.000 dólares.

El robo de la remesa de dinero enviada por la Reserva Federal en el avión que había partido de Washington se descubrió minutos después de las 10.30, cuando un funcionario de la Aduana que debía controlar la carga de la aeronave, advirtió que el precinto de una de las sacas había sido cortado.

Por el hecho fueron responsabilizados desde las primeras horas Rodolfo Tracuzzi y Flavio Sebastián Urquizo, dos empleados de Intercargo que operaban máquinas para bajar los contendores.

Al detectarse el robo, las autoridades cerraron el aeropuerto y revisaron las instalaciones, pese a lo cual el dinero nunca se encontró. En el operativo se descubrieron otras maniobras y siete operarios fueron demorados debido a que la Justicia encontró en sus lockers tres bolsas con objetos de oro, filmadoras, cámaras fotográficas y celulares aparentemente robados.

En 2008 ya la Justicia Federal de Lomas de Zamora dispuso la elevación a juicio del caso y ahora un juez del Tribunal Oral Federal 2 de La Plata sobresee a los acusados por prescripción de la causa calificada como robo.

Incluso, se había fijado fecha de juicio para 2014 pero el debate nunca arrancó y teniendo en cuenta la escala penal del delito la causa prescribía en 2020.

El fiscal de juicio Marcelo Molina primero opinó que "se ha violado el derecho fundamental de ser juzgado sin dilaciones indebidas y dentro de un plazo razonable, pues las presentes actuaciones han sufrido una dilación temporal innecesaria que se evidencia con claridad".

"Sabemos que es un derecho fundamental del imputado ser juzgado dentro de un plazo razonable, y que lo ideal sería, para evitar interpretaciones disímiles y hasta a veces arbitrarias de dicha garantía, que el legislador común de un Estado democrático de derecho, fijara ex ante un plazo medible en unidades temporales para así sortear, ante ese vacío legislativo, la necesidad de que sean los jueces quienes tengan que determinarlo, en aras no sólo del interés individual en un proceso rápido, sino también del interés público en la realización del derecho sustantivo a través de procedimientos eficaces", dijo el juez Alejandro Daniel Esmoris.

El juez tuvo en cuenta que es una causa que "no reviste complejidad alguna" y que los acusados "siempre se han avenido a los llamados del tribunal sin desplegar una actitud oclusiva para el avance del proceso" es que "la dilación se torna injustificada y en desmedro de la garantía constitucional de ser enjuiciado dentro de un plazo razonable".

"Si la demora en el trámite del expediente no puede ser imputable a la complejidad del asunto jurídico a tratar y/o a la actitud obstruccionista del interesado, sólo puede explicarse por la actividad o inactividad de las autoridades judiciales. Esa realidad, no puede poner en vigencia los plazos de la ley a efectos de justificar la conclusión del proceso y la limitación del Estado a perseguir penalmente a la persona", concluyó.

"Por eso la irrazonable demora, cuando se basa en las deficiencias estructurales u organizativas de los órganos judiciales o en el abrumador trabajo que pesa sobre ellos, podrá excusar a los magistrados de una eventual responsabilidad, mas no deberá ser cargada a la cuenta del imputado, puesto que para él el retraso sigue resultando infundado, carente de razonabilidad y, por tanto, injustificado", concluyó.

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