El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, reportó un importante incremento patrimonial durante 2024 en su declaración jurada, donde informó un aumento cercano a $970 millones respecto del año anterior y la existencia de más de USD 1,4 millones en depósitos en el exterior. Los datos surgen del documento presentado por el funcionario del gabinete del presidente Javier Milei ante los organismos de control, según publicó Perfil.

La información forma parte del sistema de declaraciones juradas de funcionarios públicos, el mecanismo obligatorio mediante el cual los integrantes del Estado deben detallar bienes, inversiones, activos financieros y evolución patrimonial. 

Según el reporte difundido, el patrimonio del economista se compone de depósitos bancarios, instrumentos financieros, inmuebles y otros activos, con un peso significativo de fondos radicados fuera de la Argentina.

Uno de los puntos que más atención generó es la alta proporción de dinero depositado en el exterior. De acuerdo con los registros informados, las cuentas fuera del país superan el equivalente a USD 1,4 millones, lo que representa una parte relevante del patrimonio total declarado.

La estructura de sus bienes

La documentación presentada por el ministro muestra que los depósitos financieros concentran la mayor parte de su riqueza, tanto en pesos como en moneda extranjera. Entre esos activos se incluyen cuentas bancarias y plazos fijos en dólares, varios de ellos radicados en el exterior.

Datos publicados en declaraciones juradas anteriores ya indicaban una estructura patrimonial similar. En uno de los reportes previos, por ejemplo, se detallaba que casi el 99% de sus depósitos estaban fuera del país. En ese momento, el patrimonio total informado ascendía a unos $1.770 millones, de los cuales más de $1.400 millones correspondían a depósitos financieros, mayormente localizados fuera de la Argentina.

Hace pocas semanas, surgió una controversia que envolvió a Sturzenegger y a su esposa, María Josefina Rouillet, tras conocerse que la Cancillería adjudicó un contrato millonario a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad dirigida por Rouillet. El acuerdo asciende a más de $114 millones y tiene como objetivo la capacitación en idioma inglés de personal diplomático y administrativo durante 2026. 

La polémica se intensificó al revelarse que se trató de una adjudicación directa bajo el argumento de "especialidad", y que en el proceso se registró a la AACI como única oferente, lo que despertó fuertes críticas de la oposición y derivó en denuncias penales por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública.

Desde el Gobierno, el canciller Pablo Quirno defendió la legalidad del contrato. Sostuvo que la institución presta servicios al Ministerio desde 2018 y que se activaron todos los mecanismos de transparencia previstos, que incluyen la intervención de la Oficina Anticorrupción y la firma de un "Pacto de Integridad". 

El conflicto escaló debido al contraste entre el discurso de austeridad y "destrucción del Estado" que promueve el ministro de Desregulación y el alto costo por hora de las clases presenciales. Además, surgieron cuestionamientos sobre la concurrencia real de alumnos, con reportes que indicaban una bajísima inscripción inicial, lo que alimentó las sospechas de favoritismo en un contexto de fuerte ajuste fiscal.