El Súper RIGI ya entró en el radar de Wall Street. JP Morgan analizó para sus clientes el nuevo régimen de incentivos que impulsa el Gobierno y lo ubicó por encima del RIGI original en términos de beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios. 

Pero también dejó planteada la pregunta que ordena todo el debate: si el esquema servirá para atraer inversiones "genuinamente nuevas" o si sólo terminará por redirigir proyectos existentes hacia un marco más favorable.

El programa, llamado formalmente Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, apunta a promover el desarrollo económico, incrementar las exportaciones, favorecer la creación de empleo y fomentar cadenas de producción locales. 

La apuesta oficial se concentra en sectores donde Argentina todavía tiene una presencia escasa o directamente nula en las cadenas globales de valor.

Un régimen para industrias que todavía no existen

El Súper RIGI exige una inversión mínima de USD 1.000 millones y se orienta a "nuevas actividades económicas". La definición incluye proyectos industriales, tecnológicos o de servicios vinculados con infraestructura tecnológica y digital estratégica, siempre que tengan "impacto transformador en la estructura productiva nacional" y que, al momento de entrada en vigencia de la ley, no se desarrollen, produzcan ni presten en el país, o sólo tengan un grado experimental o piloto.

Para JP Morgan, ese recorte vuelve al régimen "acotado y preciso". En su último informe a clientes, el banco señaló que la propuesta tiene relevancia en tres dimensiones: extiende la arquitectura de incentivos a sectores como infraestructura de IA, semiconductores y biotecnología avanzada; mejora de manera sustancial las condiciones fiscales y regulatorias respecto del RIGI base; y evita la superposición con el régimen existente mediante reglas de exclusión para proyectos que se solapen.

El punto es decisivo porque el Súper RIGI no busca competir con el esquema vigente para grandes inversiones, sino abrir una vía específica para actividades de frontera. Según el diagnóstico del banco, Argentina estuvo históricamente ausente de esas cadenas globales.

La pregunta de Wall Street

La principal duda aparece en el plano macroeconómico. "La pregunta analítica central es si el Súper RIGI generará inversión genuinamente nueva o simplemente redirigirá proyectos existentes hacia un régimen más favorable. El diseño se inclina fuertemente hacia la adicionalidad", señaló JP Morgan.

El término es clave. Para el banco, el proyecto intenta asegurar que los beneficios fiscales y regulatorios se apliquen sobre actividades que hoy no existen en el país, o que apenas se encuentran en una etapa incipiente. Bajo esa lectura, el costo fiscal sería menor al que advierten sus críticos, porque el régimen apunta a sectores donde Argentina cuenta con escasa o nula base imponible.

La entidad lo planteó de manera directa: el Estado no resignaría ingresos existentes, sino que intentaría crear nueva recaudación a partir de inversiones que hoy no forman parte de la estructura productiva local.

Beneficios más fuertes que en el RIGI original

El informe también remarcó que el Súper RIGI es un instrumento de política "bien diseñado y estructuralmente superior al RIGI original en términos de incentivos por proyecto".

Entre los beneficios destacados aparecen:

A eso se suma el acceso al arbitraje internacional sin necesidad de agotar antes la vía administrativa. Para JP Morgan, esa cláusula, junto con otras protecciones jurídicas, refuerza la credibilidad del régimen ante inversores globales.

El banco también valoró la inclusión de disposiciones alineadas con las reglas del Pilar Dos de la OCDE, porque permitirían evitar que los incentivos sean neutralizados por mecanismos de impuesto mínimo global.

Según el reporte, esas innovaciones "abordan obstáculos reales para atraer inversión en industrias de frontera en el actual entorno global de asignación de capital".

El frente político, el obstáculo principal

El análisis de JP Morgan, sin embargo, no desconoce el costo político del proyecto.

"El camino político, sin embargo, resulta más complejo que el del RIGI original, que fue aprobado como parte de un paquete legislativo más amplio. Se espera que la oposición se concentre en las restricciones fiscales provinciales, las disposiciones de arbitraje y la percepción de un sesgo favorable a los inversores extranjeros. Aun así, la aprobación sigue siendo el escenario base", afirmó el banco.

La advertencia apunta al corazón de la discusión legislativa. El Súper RIGI ofrece beneficios más agresivos que el régimen original, pero esa potencia también puede ordenar las críticas opositoras alrededor de la autonomía fiscal de las provincias, la cesión de jurisdicción en disputas con inversores y el tratamiento diferencial para capitales externos.

Para JP Morgan, los riesgos centrales no están en el diseño económico, sino en la capacidad política para convertirlo en ley y sostenerlo. "Los riesgos centrales son políticos, no económicos", sostuvo el informe.

El banco dejó, de todos modos, una hipótesis de alto impacto si el proyecto avanza. "De ser aprobado, la primera generación de proyectos bajo el Súper RIGI -probablemente en infraestructura de datos, hidrógeno verde o química de especialidad- representaría un cambio estructural genuino en la composición exportadora argentina", concluyó.