IBM: lo imprescriptible en Macondo

La Cámara Federal dictaminó reabrir caso de corrupción de IBM

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Imagino que muchos ciudadanos democráticos argentinos no se sorprenderían con alguna autorización o tolerancia judicial para aplicar algún método especial que obligue a confesar a José López el destino del dinero y así recuperarlo.

Por el contrario, si la confesión arrancada a cualquiera de los imputados nos permitiría acceder a, digamos, a unos 15.000 millones de dólares, servirían para distribuir entre 15 millones de argentinos unos 1000 dólares por cabeza. Podríamos organizar un plebiscito para convalidar por única vez y en forma excepcional la obtención de la confesión, aprovechando el mismo día del sufragio las mesas electorales para abonar a cada "convalidador" sus dólares. Estimo que la afluencia de votantes superará la media y probablemente algunos que lleguen de tarde recibirán bonos del Tesoro. No veo en el horizonte muchas manifestaciones, salvo unas rondas cotidianas de los jueves en la Pirámide de Mayo. Claro, si se puede votar, cobrar e ir a la marcha para que se respeten nuevamente los derechos humanos, será multitudinaria la caravana del arrepentimiento.

Contra ese Estado torturador, prejuzgador, inquisidor, y asesino, se levantó la humanidad consagrando los principios generales del derecho penal. La presunción de inocencia para evitar los linchamientos y poner sobre los hombros del estado la prueba del delito , la irretroactividad de la ley penal para que el poder no pueda inventar obligaciones donde no las había, y la prescripción para evitar los kafkianos procesos que dejan eternamente "condenado" a quien no se juzga al escarnio público y rechazo social, son algunos de los pilares de la libertad contra el poder del estado absolutista.

Claro, como no aceptar que la sistematización del exterminio armenio o nazi, impensados en su dimensión por las normas comunes del derecho penal coetáneas, merecieron un tratamiento especial. La Convención sobre el delito de Genocidio detalla esa necesidad de calificación retroactiva e imprescriptible ante tal repugnancia. También aconseja extremar la limitación de la utilización de su método, de sus efectos y de su propio nombre.

Sectores de la doctrina y algunos de los enunciados de los Tratados internacionales contra la corrupción incluyen la necesidad de extender los plazos de prescripción de los delitos que regulan, habida cuenta de la posibilidad de cobertura que el poderoso se autoaplica. En el artículo 29 de la Ley 26.097 que incorporó al derecho argentino la Convención de la ONU se ofrecen varias recetas para evitar la impunidad, pero nunca la de la imprescriptibilidad. Aún cuando nos suene tentador.

Tampoco aparece como una verdad indubitable la referencia a la "omisión legislativa" y que ella pueda ser subsanada por dos camaristas, ni que el gran problema del "asimismo" del artículo 36 de la Constitución Nacional equipare a los terroristas de Estado o golpistas con la corrupción más grave que pueda soportar el Estado y todos nosotros, por obvia deducción. Este caso, por repulsivo que suene, se inicia con la noción menos intensa de tentativa contra el orden constitucional. Los fallos que pecan de normativos son inconstitucionales, y si además justifican la inacción judicial, suenan a corporativos.

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