La causa contra la Asociación del Fútbol Argentino sumó un nuevo frente en el fuero Penal Económico. El fiscal Claudio Navas Rial amplió la investigación contra Claudio "Chiqui" Tapia, Pablo Toviggino y otros directivos de la AFA por el presunto uso de facturas falsas y proveedores apócrifos para generar efectos fiscales indebidos.

La acusación surgió a partir de una denuncia de ARCA y quedó en manos del juez Diego Amarante. Según el dictamen fiscal, las actuaciones administrativas detectaron erogaciones con respaldo documental inconsistente, operaciones sin sustancia económica real y una posible maniobra de evasión agravada mediante facturas ideológica o materialmente falsas.

El caso apunta a fondos facturados entre enero de 2023 y marzo de 2025. Sobre una base imponible de más de $916 millones, el monto reclamado a favor del fisco supera los $320 millones. A esa cifra se suman casi $342 millones en intereses resarcitorios y una multa cercana a los $126 millones.

El impuesto detrás de las facturas

La denuncia de ARCA señaló que la AFA habría evadido el impuesto a las Salidas No Documentadas durante los períodos 2024 y 2025. Ese tributo se aplica cuando una erogación no permite identificar de manera válida al beneficiario final del dinero o cuando la documentación respaldatoria resulta inconsistente.

Para la fiscalía, las operaciones cuestionadas no fueron hechos aislados. Navas Rial sostuvo que se trató de conductas "considerables en su volumen, y reiteradas y sostenidas por un lapso ininterrumpido de tiempo".

El dictamen incorporó 24 proveedores bajo sospecha. El patrón descripto incluye sociedades con domicilios inexistentes o inconsistentes, ausencia de empleados, falta de bienes registrables, facturación elevada sin correlato bancario, personas que desconocieron integrar las firmas y circuitos comerciales sin capacidad operativa verificable.

"La convergencia de los elementos señalados configura un cuadro robusto que permite tener por acreditado que las operaciones carecen de sustento económico real", sostuvo el fiscal, según uno de los textos incorporados a la causa.

Una hotelera, obras en Ezeiza y cheques que terminaron en ganado

Uno de los casos citados por la fiscalía es el de Central Hotel SRL. La empresa facturó $9,6 millones por "obras realizadas en el predio Ezeiza" de la AFA, pero su inscripción corresponde a actividades de hotelería.

Para Navas Rial, esa actividad resulta incompatible con los trabajos facturados. La situación se agravó cuando ARCA siguió la ruta del dinero: los cheques emitidos por la AFA para pagar esas supuestas obras se usaron luego en operaciones de compra y venta de ganado, sin vínculo aparente con los trabajos declarados en el predio.

El dato no aparece solo como una irregularidad formal. Para la fiscalía, expone una de las piezas de la maniobra investigada: facturas que documentaban prestaciones presuntamente inexistentes y dinero cuyo recorrido posterior no coincidía con el servicio declarado.

Socias que no se conocían y firmas que sólo existían en papeles

Otro proveedor señalado es Capadoccia SRL, que emitió facturas por $56,8 millones por "subcontratación en obra, materiales, refacción edificio predio". Según ARCA, la firma no pudo ser localizada en los domicilios declarados y tampoco respondió a los requerimientos del organismo.

La fiscalización agregó elementos más fuertes. Una de las socias que figuraba en los registros, identificada como Tessitore, dijo ante ARCA que desconocía la empresa y a los demás miembros. Otra cotitular de cuentas bancarias, identificada como Medina, afirmó que había percibido dinero a cambio de suscribir documentación vinculada a la proveedora.

El dictamen también indicó que Medina no conocía a Tessitore, pese a que ambas aparecían relacionadas con la misma estructura societaria. Para la fiscalía, esos testimonios reforzaron la hipótesis de una firma "fantasma", usada para respaldar operaciones sin existencia económica real.

Capadoccia declaraba domicilio fiscal en el partido de San Martín, domicilio legal en la ciudad de Buenos Aires y una socia en Mar del Tuyú. Además, su domicilio legal coincidía con la sede de Ultrecht SRL, otra firma incluida en la base de contribuyentes no confiables.

Changarines, software y contenidos digitales

La acusación también puso bajo la lupa a Prussian Blue SRL. Esa firma le facturó a la AFA más de $19,1 millones por servicios como "Plan estratégico, contenidos digitales nacionales e internacionales Etapa 1" y "Actualización de software ET. 1".

La fiscalización de ARCA llegó hasta Mar del Tuyú, donde figuraban los domicilios de los socios. Allí, según el requerimiento, Mario Orlando Russo dijo que no conocía a la empresa y explicó que sus hijos, Brandon Ariel y Hernán Ariel Russo, señalados como socio y socio gerente, se dedicaban a trabajos ocasionales o "changas".

El testimonio incluyó otro dato central para la acusación: ninguno tenía conocimientos técnicos en computación, diseño web, cartelería, marketing digital o programación. Para la fiscalía, eso exhibe "una carencia de capacidad operativa para realizar los servicios facturados".

Ese contraste -servicios digitales complejos facturados a la AFA y supuestos proveedores sin saber técnico- quedó entre los puntos más llamativos del expediente. También fortaleció la hipótesis de que las facturas fueron usadas para simular prestaciones.

Los nombres alcanzados por la ampliación

La ampliación de la investigación apunta a la AFA como persona jurídica y a sus autoridades durante el período investigado. Navas Rial señaló a Claudio Fabián Tapia, presidente de la entidad; Pablo Toviggino, tesorero; Víctor Blanco Rodríguez; Cristian Ariel Malaspina; y Gustavo Roberto Lorenzo.

Según el fiscal, todos detentaban capacidad de administración y toma de decisiones organizacionales entre 2023 y 2025. Esa ubicación institucional es el eje de la atribución penal que ahora deberá investigar el juzgado.

El dictamen sostuvo que existe mérito suficiente para impulsar la acción penal por evasión agravada mediante el uso de facturas falsas. ARCA también pidió que se investigue la posible asociación ilícita fiscal, por el carácter reiterado de las maniobras y la cantidad de proveedores observados.

Los pedidos de prueba y la otra causa contra la AFA

Para avanzar con la investigación, Navas Rial pidió al juez Amarante que requiera a ARCA los legajos vinculados a los proveedores cuestionados, los cheques endosados, la documentación enviada a entidades financieras y cualquier otro expediente de interés.

También solicitó que los bancos involucrados en la emisión de los cheques remitan copias del registro de firmas y la documentación que respalda a los apoderados.

La nueva investigación se suma a otro expediente en el mismo fuero, en el que Tapia, Toviggino y otros dirigentes de la AFA ya fueron procesados por retención indebida de impuestos y aportes por $19.300 millones. Esa decisión se encuentra bajo revisión de la Cámara Nacional en lo Penal Económico.