El Gobierno de Donald Trump abrió una nueva ofensiva para ampliar la pena de muerte federal. El Departamento de Justicia anunció que quiere reintroducir el pelotón de fusilamiento, restaurar el protocolo de inyección letal con pentobarbital y sumar otras vías de ejecución para los condenados que ya agotaron sus apelaciones.

La decisión no quedó limitada al fusilamiento. El paquete también menciona la electrocución y la asfixia con gas, alternativas que el Departamento de Justicia justificó por la dificultad para conseguir los fármacos necesarios para las inyecciones letales. Al mismo tiempo, la Casa Blanca ordenó evaluar la ampliación del corredor de la muerte federal, estudiar la construcción de nuevos recintos para esos métodos y revisar reglas sobre recursos e indultos.

Qué decidió el Departamento de Justicia

El anuncio salió del Departamento de Justicia y del fiscal general interino Todd Blanche. El comunicado oficial sostuvo que la administración de Joe Biden incumplió su deber de proteger a la población al negarse a perseguir y aplicar la pena máxima contra criminales peligrosos, entre ellos terroristas, asesinos de niños y homicidas de agentes del orden. Según este planteo, la Casa Blanca quiere "hacer cumplir la ley" y "solidarizarse con las víctimas".

La orden también apuntó a recortar tiempos. El plan prioriza condenas capitales en "casos apropiados", busca acortar los años entre sentencia y ejecución y restringe la posibilidad de presentar pedidos de clemencia o indulto federal antes de agotar recursos legales y apelaciones colaterales. Además, ordenó al Buró Federal de Prisiones restablecer el protocolo vigente durante el primer mandato de Trump y anticipó una próxima presentación ante el Congreso de una propuesta integral para reforzar la seguridad pública y garantizar la "justicia para las víctimas de los peores crímenes".

Qué cambia con el pelotón de fusilamiento

La medida pone en primer plano un método que ya existe en varios estados, aunque casi no se usa. Hoy lo permiten Idaho, Utah, Carolina del Sur, Oklahoma y Mississippi para condenados que agotaron su proceso de apelación. En marzo, Carolina del Sur ejecutó por esa vía a un hombre condenado por doble asesinato y ese caso se convirtió en la cuarta ejecución por fusilamiento en Estados Unidos desde la década de 1970.

En el plano estatal, la pena capital sigue vigente en 27 estados, aunque cuatro de ellos mantienen normas que traban los procesos, mientras otras 23 jurisdicciones y el Distrito de Columbia la abolieron por completo.

Ese retorno expone otro problema: las fallas de la inyección letal y la escasez de drogas. Varias farmacéuticas se niegan desde hace años a vender esos productos a los estados por razones de imagen corporativa y la Unión Europea prohibió en 2011 la exportación de estos fármacos a Estados Unidos. Ese doble bloqueo empujó a varias jurisdicciones a recuperar métodos alternativos.

Qué pasó con Biden

El giro de Trump desarma buena parte de la política de Joe Biden. Durante su gestión, el fiscal general Merrick Garland impuso una moratoria indefinida sobre las ejecuciones federales y prohibió el uso de pentobarbital en protocolos de inyección letal por el riesgo de "dolor y sufrimiento innecesario". En los últimos días de su mandato, Biden conmutó las sentencias de muerte de 37 de los 40 presos federales del corredor de la muerte.

Solo quedaron afuera tres condenados: uno por el atentado de la maratón de Boston de 2013, otro por el asesinato de 11 fieles judíos en una sinagoga de Pittsburgh en 2018 y un supremacista blanco que mató a nueve fieles negros en una iglesia afroamericana de Charleston en 2015. Esos tres nombres condensan el giro entre dos administraciones: Biden los excluyó de las conmutaciones y Trump los usa como parte del argumento para relanzar la pena máxima.

Cuántas ejecuciones hubo y cuántas vienen

El anuncio llegó en un contexto de fuerte actividad. Según el Death Penalty Information Center, en 2025 hubo 47 ejecuciones en todo Estados Unidos, con Florida al frente con 19. Para este año ya figuran al menos 32 programadas en ocho estados y, al momento, ya se habían concretado ocho.

En el plano federal, el antecedente más fuerte también pertenece a Trump. Durante su primer mandato, tras casi dos décadas sin ejecuciones federales, el Gobierno concretó 13. Ahora, la oficina de Blanche informó que ya existe autorización para solicitar la pena máxima en 44 causas y que nueve ya cuentan con aval personal del fiscal general interino. Entre esos expedientes aparecen tres presuntos integrantes de la MS-13 acusados de asesinar a un testigo federal.

Las críticas y la reacción del Papa

La nueva ofensiva de Washington generó rechazo inmediato del Papa León XIV, quien condenó la pena capital y reclamó su abolición definitiva en Estados Unidos. En un mensaje enviado a la Universidad DePaul en Chicago, reafirmó el derecho a la vida como fundamento humano y sostuvo que la Iglesia Católica enseña que toda vida es sagrada desde la concepción hasta la muerte natural.

El pontífice también cuestionó la ampliación de métodos de ejecución y rechazó la política de "mano dura" impulsada por la Casa Blanca. En su mensaje y en declaraciones posteriores habló de una confrontación directa con la administración Trump, volvió a defender la dignidad de toda persona y sumó críticas a otras políticas de Washington, entre ellas la ofensiva contra inmigrantes y el respaldo de Estados Unidos e Israel en la guerra contra Irán. Además, remarcó que los sistemas penitenciarios deben garantizar la protección ciudadana sin anular la posibilidad de redención de los condenados.