Trump ordenó a los bancos revisar el estatus migratorio de sus clientes
La Casa Blanca busca limitar el acceso de migrantes sin residencia a créditos y cuentas bancarias. El sector financiero rechazó una obligación estricta.
La administración de Donald Trump firmó una orden ejecutiva para que los bancos revisen el estatus migratorio de sus clientes antes de otorgar cuentas, préstamos o tarjetas de crédito. La medida apunta a restringir el acceso al sistema financiero de migrantes sin residencia permanente en Estados Unidos.
La disposición no obliga formalmente a las entidades a exigir documentación migratoria, pero sí las insta a recopilar esa información.
El Gobierno había evaluado imponer controles obligatorios, aunque el sector bancario logró frenar esa iniciativa tras meses de presión política.
Qué busca la Casa Blanca
La orden sostiene que la administración no permitirá riesgos para la seguridad nacional vinculados con operaciones financieras de personas sujetas a deportación.
"El acceso a servicios financieros básicos puede facilitar actividades ilícitas", afirma el texto oficial. La Casa Blanca también vinculó las transferencias internacionales de dinero con delitos como narcotráfico, trata de personas y financiación del terrorismo.
Trump argumentó además que otorgar créditos a personas que podrían ser expulsadas del país representa un riesgo para el sistema financiero porque esos clientes podrían dejar de pagar sus deudas.
La nueva orden ejecutiva apunta a limitar el acceso de inmigrantes indocumentados a cuentas bancarias y créditos
Rechazo del sector financiero
Los bancos cuestionaron la propuesta original de la Casa Blanca por el aumento de costos y trámites administrativos que implicaría verificar el estatus migratorio de millones de clientes.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, había anticipado semanas atrás que el Gobierno pretendía endurecer los controles. "Debería haber normas más estrictas", afirmó. También cuestionó que extranjeros puedan abrir cuentas bancarias sin mayores restricciones.
Actualmente, las entidades financieras estadounidenses no recopilan información oficial sobre ciudadanía o situación migratoria de sus clientes. Por ese motivo, no existen cifras públicas precisas sobre el impacto financiero de este universo de usuarios.
Más migrantes en la informalidad
Un informe del Urban Institute estimó que entre 5.000 y 6.000 hipotecas fueron otorgadas a personas identificadas con un ITIN, un número fiscal utilizado por trabajadores indocumentados en lugar del Seguro Social.
El estudio indicó además que los bancos ya muestran resistencia a conceder préstamos a personas que utilizan ese sistema tributario.
Especialistas advirtieron que el nuevo esquema podría dejar fuera del sistema bancario a millones de migrantes. Entre ellos aparecen beneficiarios de programas como DACA y el Estatus de Protección Temporal (TPS), dos grupos que enfrentan mayores controles por parte de la administración Trump.