El aviso llegó por mail. Después, nada. Así se enteraron docentes y familias del Instituto Formar Futuro de que el colegio no abriría sus puertas en 2026.

Desde ese mensaje, los responsables del establecimiento bloquearon los canales de contacto, cerraron la página web y las redes sociales y dejaron de responder a trabajadores, familias y autoridades. A semanas del inicio del ciclo lectivo, más de 300 estudiantes quedaron sin continuidad escolar y decenas de docentes, sin trabajo.

El aviso y las consecuencias

El colegio funcionaba en la calle Simbrón 5490, en el barrio porteño de Villa Real. Tenía alrededor de 300 alumnos matriculados y una planta de 75 trabajadores entre docentes y no docentes, más de 50 frente a curso.

"Los dueños, representantes legales y apoderado no aparecen desde el 2 de enero. Ese día se nos comunicó que no se iban a pagar los sueldos de diciembre, bloquearon el WhatsApp y nunca más tuvimos contacto", relató un docente en un mensaje difundido entre colegas.

Según las denuncias, además del cierre quedaron impagos los salarios y los aportes a la seguridad social correspondientes a diciembre de 2025.

La denuncia gremial

La situación fue denunciada por la seccional porteña del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), que calificó el accionar de los responsables como "irresponsable y delictivo" y apuntó a una presunta malversación de fondos públicos.

El señalamiento se apoya en un dato clave: el instituto recibía aportes estatales destinados al pago de salarios docentes, canalizados a través de la Dirección General de Educación de Gestión Privada (Dgegp), dependiente del Ministerio de Educación porteño.

La respuesta oficial

Desde el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires confirmaron que tomaron conocimiento del caso en enero, a partir de denuncias de docentes que no habían cobrado y de familias que advertían que el colegio no reabriría.

Voceros de la cartera indicaron que iniciaron acciones legales "como particular damnificado" y que trabajan para garantizar la continuidad educativa de los alumnos afectados. Según detallaron, el acompañamiento incluye la asistencia en la búsqueda de vacantes en escuelas cercanas, la elaboración de listados de instituciones disponibles y la garantía de entrega en tiempo y forma de la documentación escolar necesaria para el pase de los estudiantes.

El procedimiento y lo que no ocurrió

El Ministerio recordó que existe una resolución que obliga a las instituciones privadas con riesgo de cierre a informar la situación con al menos cinco meses de anticipación, presentar un cronograma y garantizar una comunicación formal con la comunidad educativa.

El trámite debe iniciarse, como máximo, el 31 de julio del año lectivo anterior al cierre y la Dgegp cuenta con diez días hábiles para evaluar la documentación antes de autorizar la comunicación a las familias. Nada de ese procedimiento se cumplió en el caso del Instituto Formar Futuro.

Un contexto más amplio

El cierre del colegio de Villa Real se inscribe, además, en un escenario más amplio de dificultades para el sector de la educación privada. Desde cámaras empresarias y gremios docentes vienen advirtiendo que la combinación de aumentos salariales fijados en paritarias y la imposibilidad de trasladarlos plenamente a las cuotas, junto con la caída de la natalidad que ya impacta en la matrícula, tensiona la sustentabilidad de numerosas instituciones en todo el país.

Mientras avanzan las denuncias y los trámites administrativos, más de 300 estudiantes de Villa Real siguen esperando una definición para saber en qué aula empezarán las clases, en un escenario que la normativa porteña buscaba precisamente evitar.