La comunidad universitaria encabezó este martes una nueva marcha federal a Plaza de Mayo para reclamar que el Gobierno de Javier Milei cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso en agosto de 2025 y aún sin aplicación efectiva.

La protesta fue la cuarta marcha universitaria durante la gestión Milei y concluyó pasadas las 18:20, cuando comenzó la desconcentración en el centro porteño tras el acto y la lectura del documento final frente a la Casa Rosada.

Además de la movilización central en la Ciudad de Buenos Aires, hubo manifestaciones en al menos siete ciudades de la provincia de Buenos Aires y también en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero y Catamarca.

Una Plaza colmada y un reclamo directo a la Corte Suprema

El acto central comenzó a las 17 con el Himno Nacional y un escenario montado frente a la Casa Rosada. Entre banderas de universidades, gremios y organizaciones estudiantiles, el documento leído por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el frente sindical del sector reclamó que la Corte Suprema intervenga para que el Gobierno cumpla la ley.

En el texto, los convocantes sostuvieron que el Poder Ejecutivo "ignora la Ley de Financiamiento Universitario" y advirtieron que su incumplimiento no es solo un problema presupuestario sino institucional.

"El Poder Ejecutivo, en un acto de desprecio institucional sin precedentes, ha decidido alzarse contra los otros dos poderes de la República", señalaron.

Y agregaron: "Le pedimos a la Corte Suprema de Justicia que nos acompañe y escuche el clamor de las plazas de toda la república y no permita que el Gobierno nacional siga incumpliendo la Ley".

Los números del reclamo: caída real del presupuesto y salarios pulverizados

Uno de los ejes del documento fue el deterioro presupuestario. Según los organizadores, las transferencias a universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, lo que implicó una reducción inédita en recursos para sostener el sistema.

También denunciaron que el Gobierno cerró las paritarias y profundizó el deterioro salarial: afirmaron que entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 la inflación acumuló 293,30%, mientras los salarios aumentaron 147,30%, lo que implicó una pérdida de poder adquisitivo de 37,13%.

En ese contexto, alertaron por renuncias masivas de docentes, reducción de dedicaciones, pluriempleo y crisis en obras sociales universitarias.

"Milei, cumplí la ley": testimonios y carteles en la marcha

Durante la tarde, las calles que desembocan en Plaza de Mayo se poblaron de carteles con consignas directas. "Milei, cumplí la ley" fue una de las frases más repetidas, junto con "Universidad y Democracia" y "Ley que se vota, ley que se cumple".

Entre los manifestantes estuvo Luna Álvarez, de 18 años, estudiante de Psicología en la UBA, quien llegó con un cartel que decía: "Estudiá, no seas como Adorni. Más salarios, menos cascadas", en referencia al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

"Adorni debería ser la voz del pueblo y yo no me siento reflejada", dijo la joven.

Otra estudiante, Luciana, explicó que viajó desde Haedo para participar: "Soy primera generación universitaria. Gracias a la universidad pública estoy estudiando Administración".

También estuvo Esteban, docente ad honorem en la Facultad de Ciencias Económicas: "Es devolverle algo a la universidad que me permitió formarme. Sin oportunidades no hay futuro", sostuvo.

En la Plaza también marcharon padres de estudiantes. Ana Clara Gómez, graduada de Económicas, relató: "Mi hija estudia en Exactas y el panorama es muy distinto. Se fueron muchos profesores. Vinimos para garantizarles que puedan estudiar y vivir de eso en el futuro".

A su lado, Gabriel Santi planteó un reclamo más amplio: "Ningún país puede llamarse tal si no tiene autonomía científica", y advirtió que sin inversión educativa el país podría quedarse "sin médicos, sin maestros y sin soberanía tecnológica".

El conflicto: una ley votada, un veto y una pelea judicial abierta

La Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada en 2025 y ratificada por el Congreso luego del veto presidencial. Sin embargo, el Gobierno suspendió su aplicación al sostener que el Parlamento no definió las fuentes de financiamiento y que cumplirla afectaría el equilibrio fiscal.

Según el Ejecutivo, aplicar la norma implicaría un gasto adicional que "quiebra al Estado". Funcionarios citaron un informe del Ministerio de Economía según el cual cumplirla obligaría a reasignar el 90,3% de los créditos disponibles para gastos primarios al financiamiento universitario.

En paralelo, el Gobierno presentó un recurso extraordinario ante la Justicia y logró frenar la medida cautelar que obligaba a actualizar salarios y becas. La discusión quedó ahora en manos de la Corte Suprema.

Hospitales universitarios, otro foco del conflicto

En los días previos a la marcha, el reclamo sumó un nuevo eje: los hospitales universitarios. La Universidad de Buenos Aires advirtió que centros como el Hospital de Clínicas podrían dejar de funcionar si no reciben fondos nacionales para servicios esenciales como limpieza, seguridad y medicamentos.

Según denunciaron, el Gobierno no giró una partida cercana a $80.000 millones, y desde la UBA reclamaron que el monto adeudado asciende a $75.371.896.068.

Desde el Gobierno cuestionaron a la UBA por reclamar el 95% del refuerzo presupuestario destinado a hospitales universitarios, y el Ministerio de Capital Humano anunció que buscará rediseñar el criterio de distribución de esos fondos.

La respuesta del oficialismo: "marcha opositora" y defensa del equilibrio fiscal

En el mismo comunicado, el oficialismo sostuvo que no se apartará del compromiso con el equilibrio fiscal y advirtió que aplicar la ley sin fuentes definidas implicaría más impuestos o emisión.

La Libertad Avanza calificó la movilización como "una marcha política opositora" y aseguró que el Gobierno transfirió los fondos correspondientes a gastos de funcionamiento.

"El Gobierno Nacional ha cumplido con sus obligaciones y ha transferido mensualmente el presupuesto asignado", indicaron, y recordaron que para 2026 el presupuesto universitario asciende a $4,8 billones.

Una marcha federal que volvió a marcar la agenda

Con participación de gremios docentes, no docentes, rectores, estudiantes y organizaciones sociales, la marcha volvió a instalar el conflicto universitario como uno de los focos más sensibles para el Gobierno.

El acto concluyó con aplausos y cánticos en defensa de la educación pública y con un mensaje unificado: el sistema universitario seguirá presionando hasta que el Ejecutivo aplique la ley y la Corte Suprema se expida sobre la disputa judicial.

Pasadas las 18:20, la Plaza de Mayo comenzó a vaciarse. Pero el conflicto, como quedó claro en el documento final, sigue abierto.