La reciente derogación del régimen de Compras Públicas Sostenibles (CPS) encendió alertas sobre complicaciones que van más allá del impacto ambiental. La medida podría afectar exportaciones, inversiones e incluso el objetivo del Gobierno de ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ya que muchos países europeos lo sostienen como requisito para comerciar.

BAE Negocios entrevistó a Belén Aliciardi, consultora internacional que fue, precisamente, la encargada de elaborar desde ese rol el Manual de CPS en la Argentina y las fichas de sostenibilidad. El trabajo, desarrollado en ocho años durante las presidencias de Mauricio Macri y Alberto Fernández, se desactivó la semana pasada mediante la disposición 22/2026 de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC).

Una falta de interés con consecuencias

La decisión de derogar el régimen también puede entorpecer el propósito oficial de acceder como miembro pleno de la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos), ya que las CPS son una de las condiciones de ingreso.

En su rol de consultora internacional en CPS, Aliciardi realizó una intensa tarea dentro de la ONC hasta marzo de 2024, cuando decidió alejarse luego de que le recomendaran que volcara su experiencia a otras áreas, ya que "a este Gobierno el tema ambiental no le interesa", tal como le dijeron en los despachos de la Avenida Julio A. Roca 782.

Esa falta de interés se refleja en la  desactivación de las tareas y cursos de capacitación en CPS, al punto que muchos funcionarios concurren a actualizaciones que imparten gobiernos provinciales, como el bonaerense.

- ¿Qué son las compras sostenibles y por qué es importante para un Estado contar con un manual de buenas prácticas del tema?- Es el proceso de compras de bienes, servicios u obras que incorporan otras variables o criterios aparte de analizar el precio liso y llano, como establece la ISO 20.400, que es la norma internacional de compras sostenibles. Por ejemplo, cuestiones ambientales o sociales, si algún proveedor tiene una política de eficiencia energética o si contrata en su empresa a personal con discapacidad. El precio es una parte muy reducida de lo que en realidad salen las cosas, se deben tener en cuenta costos ocultos, costos asociados que pueden ser directos o indirectos. Siempre se habla la famosa teoría del iceberg, el precio es la parte de arriba del agua, pero el Titanic se hundió por lo que había abajo.

- ¿Y qué cosas hay debajo del agua?- Un montón: trabajo esclavo, trabajo infantil, contaminación de agua, gases contaminantes. Si no se controla al proveedor en esos aspectos, se termina pagando un sistema de pensión o un sistema sanitario que repercute en las finanzas del país. A lo que se debe sumar que para asegurar la competitividad internacional hay ciertos parámetros del BID, el Banco Mundial, Fonplata, la CAF. Puedo decirlo porque trabajo como consultora para el BID e hice la estrategia de compras sostenibles de la CAF; ellos cuando ejecutan una obra aplican sus propias normativas, no las del país.Entonces, tener también una normativa de compras sostenibles en un país permite alinearse a nivel internacional para que no haya un doble estándar. De lo contrario se genera una dicotomía y solo se va a poder vender dentro de la Argentina, pero no se va a poder exportar a mercados europeos, que hoy exigen sí o sí esas condiciones. Hay países como Dinamarca, por ejemplo, donde casi el 100% de las compras estatales tienen criterios de sostenibilidad.

- ¿La preocupación excede lo ambiental o lo social y avanza hacia lo económico, con el riesgo de que se restrinjan posibilidades de exportación o de inversión?- Totalmente. Si se hace un análisis cortoplacista y no a mediano o largo plazo, eso no se ve. Por eso la compra pública es una política estratégica. Para llevarlo a un hecho cotidiano, no es lo mismo comprar un producto de eficiencia energética A o B. Seguro que el segundo es más barato, pero si en el cálculo incorporo el pago de energía eléctrica, en pocos meses el primero recupera la diferencia. Lo barato sale caro. Y si lo hacemos pensando en las cuentas públicas, en la ejecución del Presupuesto, tirar atrás una política como esta es contraproducente para el país, no solamente para lo ambiental y los social, incluso hablando en términos fríamente económicos.

- ¿La atención en las compras sostenibles es un tema relativamente nuevo en el mundo?- La primera vez que aparece en el ámbito internacional es a partir del 2015, cuando la ONU lanza la Agenda 2030, con la meta 12.7 para promover las CPS. La Argentina se comprometió con esa agenda y el Pnuma (Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente) entre 2015 y 2016 ofrece un estudio de todo el análisis normativo, para ver si había proveedores o faltaban alternativas más sostenibles. Por eso en 2017 la Argentina presenta el primer Manual de CPS y en 2019 las primeras 11 fichas con sostenibilidad de determinados bienes y servicios que el Estado había priorizado. Y en 2023 un decreto establece que ciertas políticas de Estado vinculadas a la sostenibilidad son prioritarias, entre ellas las compras públicas.La OCDE instrumentó la Autoevaluación de Sistema de Compra Pública (MAPs, por sus siglas en inglés), una metodología de evaluación de los sistemas de compras de todos los países, mediante indicadores cualitativos y cuantitativos. Además, se creó un anexo, el MAPs CPS. Ningún país de América Latina había hecho esta evaluación, hasta que en 2023 la Argentina hizo el primer MAPs CPS de la región. Me tocó estar a cargo, yo era la coordinadora de CPS en la ONC. Todo estaba controlado y chequeado de cerca por consultores del BID y el Banco Mundial. A la Argentina le costó cero peso.Los organismos hacen un procedimiento muy riguroso de aprobación o desaprobación, revisan las cámaras de proveedores, los expedientes. Hubo muchos MAPs CPS que fueron reprobados, pero el de la Argentina fue aprobado por la OCDE. Es por eso que se elabora un nuevo Manual de Compras Públicas que se termina publicando el 4 de diciembre del 2023.

- ¿Y qué pasa con su derogación?- Al haberse derogado todo esto con la disposición de la ONC del 15 de abril, la Argentina se queda sin la estructura básica para una política concreta de compras públicas sostenibles a nivel nacional. Como somos un país federal, eso no impide que provincias y los municipios puedan seguir con una política en ese sentido. En los considerandos, la ONC dice que es porque había información y normativa desactualizada. Pero si se hace un análisis del manual, la normativa es del 2001 y el 2016, no está desactualizada. A lo sumo, lo único que cambió en estos últimos años es el pliego único de bases y condiciones generales, pero eso ni siquiera estaba mencionado en el manual ni en las fichas, con lo que no parece un motivo real. Además, para los compradores y proveedores es muy difícil utilizar algo si no se los capacita, porque el INAP (Instituto Nacional de la Administración Pública) decidió en 2024 dejar de dar los cursos de compras públicas sostenibles para funcionarios de todo el país.

- Por lo que relata, es un proceso que abarca los gobiernos de Macri y Fernández, hay una continuidad de política de Estado. ¿A qué se debe la disolución de todo lo realizado si no hay un sesgo partidario?- La actualización del manual fue un proceso de por lo menos dos años, con participación activa y gratuita del BID, el Banco Mundial, el área de Naciones Unidas para proyectos especiales (Unops) que hizo un capítulo entero. Del país participaron organismos reconocidos como el INTI y el IRAM. No es un proceso que se puede tirar por la borda y empezar de cero. Podrían decir que están trabajando en un proyecto superador, pero no hay información disponible ni un área que esté actualmente haciendo algo en concreto, con lo cual no tenemos nada.

- ¿En el Gobierno podrían argumentar que la disposición de la ONC apunta a un ahorro fiscal, aunque sea en el corto plazo?- Costo no tiene ninguno, ahorros tiene un montón, no solamente ambientales y sociales. Puedo citar un ejemplo de una empresa que produce platos de salvado para servicios de catering, biodegradable, no contaminante, que se reciclan automáticamente y son mucho más baratos que un plato de plástico de un solo uso, que después queda tirado, hay que reciclarlo y termina en un relleno sanitario.

- ¿Dar de baja a una iniciativa que fue fomentada por organismos internacionales no puede generar problemas en la relación con esos organismos?- Por supuesto, no les tuvimos que pagar nada; al contrario, aportaron conocimiento y capacidad técnica. Esto afecta a la confiabilidad y seguridad del sistema. ¿Para qué voy a ayudar a alguien a hacer algo si después va a tirar por la borda todo el trabajo? Y desde mi punto de vista, esto puede complicar el ingreso a la OCDE, porque dentro de los requisitos que están planteados para acceder al organismo, las políticas activas de compras públicas sostenibles es uno de ellos. Por eso todos los países de la región, más allá de las diferencias partidarias, están trabajando fuertemente en esto. De hecho, yo estoy haciendo la estrategia nacional de compras públicas sostenibles de República Dominicana. A ellos les ha servido trabajar en eso para aumentar las exportaciones a diferentes mercados.

- Uno de los ejes del Gobierno es la motosierra. ¿Puede ser que la decisión se inscriba en esa idea?- Como no trabajo en el Estado, no sabría decirlo, pero podría ser una posibilidad. Si es por eso, me ofrezco gratuitamente para trabajar en una actualización aprovechando la experiencia nacional e internacional que tengo en el tema.