El último acto administrativo de Daniel Vítolo al frente de la Inspección General de Justicia (IGJ) fue firmar un pedido de veedores para auditar los USD 348 millones que administró la Superliga entre 2020 y 2024. Lo hizo horas antes de que el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, le pidiera la renuncia. La decisión sobre si la investigación avanza o se frena quedó en manos del mismo funcionario que desplazó a su impulsor.

La renuncia de Vítolo se formalizó el viernes mediante una carta al presidente Javier Milei. "Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de presentar formalmente mi renuncia al cargo de Inspector General de Justicia de la Nación, decisión que adopto en razón de que se me ha solicitado el apartamiento de las funciones que actualmente ejerzo", escribió. La aceptó, dijo, "con el orgullo y la serenidad de quien sabe haber cumplido con su deber". Alejandro Ramírez asumirá como nuevo titular de la IGJ.

El pedido fue remitido el jueves al Ministerio de Justicia, cuando Vítolo aún ejercía formalmente como inspector general. La decisión sobre la designación de veedores quedó ahora en manos de Mahiques, quien juró ese mismo día tras reemplazar a Mariano Cúneo Libarona.

La medida amplía el alcance de la investigación administrativa que la IGJ mantiene sobre la estructura institucional del fútbol argentino. El organismo ya había solicitado el mes anterior la designación de veedores en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para revisar balances recientes, la creación de la denominada Universidad de la AFA y distintos vínculos económicos con empresas privadas.

El pedido de veedores sobre la Superliga

La resolución firmada por Vítolo solicita una intervención en grado de veeduría por 180 días en la Superliga. La figura no implica el desplazamiento de autoridades, sino la designación de funcionarios que puedan acceder a documentación, revisar la contabilidad y analizar el funcionamiento institucional de la entidad.

El organismo pidió que los veedores recaben información para determinar si existe una eventual inconsistencia entre el objeto social de la asociación civil y las actividades que desarrolla, examinar las decisiones económicas adoptadas por sus órganos de gobierno y revisar la relación financiera con la AFA.

El expediente también ordena analizar los estados contables desde 2017 hasta la actualidad y relevar posibles vínculos comerciales con empresas nacionales o extranjeras relacionadas con la comercialización de derechos audiovisuales del fútbol argentino.

La solicitud se elevó al Ministerio de Justicia porque el régimen legal vigente establece que la intervención de asociaciones civiles mediante veeduría requiere una decisión de la autoridad política del área.

La estructura que administró los derechos del fútbol

La Superliga Profesional del Fútbol Argentino fue creada en 2016 como una asociación civil impulsada por los clubes con el objetivo de organizar y administrar el campeonato de Primera División. Comenzó a funcionar plenamente en 2017 y asumió la gestión de contratos vinculados a los derechos audiovisuales, uno de los principales activos económicos del sistema futbolístico.

Según el expediente de la IGJ, entre 2020 y 2024 la entidad administró ingresos por aproximadamente USD 348 millones derivados de esos contratos televisivos. Los fondos fueron distribuidos entre los clubes participantes de distintas categorías profesionales conforme a los mecanismos establecidos en sus reglamentos internos.

El esquema institucional cambió en 2020, cuando la AFA y los clubes reorganizaron la estructura del fútbol argentino y crearon la Liga Profesional de Fútbol como órgano interno dentro de la propia asociación. Esa nueva estructura asumió la organización de los torneos de Primera División y desplazó a la Superliga del centro del sistema.

Sin embargo, la disolución formal de la Superliga nunca se concretó. La asociación civil continuó existiendo jurídicamente y mantuvo actividad administrativa y financiera reflejada en sus balances, un aspecto que la IGJ colocó bajo revisión.

Interrogantes sobre el funcionamiento de la entidad

El expediente señala que la coexistencia de la Liga Profesional dentro de la AFA y la Superliga como asociación civil independiente genera interrogantes sobre su rol real dentro del esquema económico del fútbol argentino.

La investigación se inició a partir de observaciones sobre distintos estados contables presentados por la entidad. La IGJ solicitó información adicional sobre partidas relevantes, entre ellas fondos de reserva, rendiciones a clubes y gastos administrativos.

De acuerdo con el organismo, las respuestas presentadas por la Superliga y por su auditor externo no alcanzaron para aclarar los cuestionamientos planteados por el área técnica. El auditor que firmó los balances fue citado para brindar explicaciones, pero la resolución sostiene que esas aclaraciones no lograron disipar las dudas.

Uno de los puntos analizados es la posible contradicción entre el objeto social de la asociación civil y la actividad reflejada en sus balances. Como entidad sin fines de lucro, la Superliga debería perseguir objetivos institucionales vinculados al desarrollo del deporte. Sin embargo, la documentación contable describe una actividad centrada en la administración de contratos comerciales y la distribución de ingresos provenientes de derechos audiovisuales.

Según el expediente, la mayor parte de los recursos se distribuye entre los clubes asociados, lo que podría entrar en tensión con las normas que regulan el funcionamiento de las asociaciones civiles, que no pueden repartir utilidades entre sus miembros.

Superposición de cargos y vínculos con la AFA

El análisis del organismo también aborda la relación institucional entre la Superliga y la AFA. La IGJ señala que la estructura de gobierno de la entidad estaría integrada en gran medida por dirigentes que ocupan simultáneamente cargos en la conducción de la asociación que preside Claudio Tapia.

Esa superposición podría generar un potencial conflicto de intereses, ya que las decisiones económicas de la Superliga podrían quedar subordinadas al Comité Ejecutivo de la AFA.

El expediente indica además que los integrantes del órgano de administración de la Superliga son elegidos por asambleístas vinculados a la propia AFA, lo que, según el organismo, debilita la autonomía institucional que había motivado la creación de la entidad.

Ante ese panorama, la IGJ pidió designar veedores para revisar decisiones económicas adoptadas desde 2017, analizar operaciones comerciales vinculadas al negocio del fútbol y verificar eventuales violaciones a la ley, al estatuto o a los reglamentos aplicables.

La salida de Vítolo y el futuro de la investigación

La resolución fue firmada el jueves, horas antes de que Vítolo dejara la conducción de la IGJ. Su renuncia se formalizó el viernes mediante una carta dirigida al presidente Javier Milei.

"Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de presentar formalmente mi renuncia al cargo de Inspector General de Justicia de la Nación (...) decisión que adopto en razón de que se me ha solicitado el apartamiento de las funciones que actualmente ejerzo", escribió el ex funcionario.

En el mismo texto afirmó que aceptaba esa determinación "con el orgullo y la serenidad de quien sabe haber cumplido con su deber".

La decisión sobre la designación de veedores, tanto en la AFA como en la Superliga, quedó ahora bajo la órbita del Ministerio que conduce Mahiques, en medio de una reconfiguración interna dentro del Gobierno.