La Cámara de Diputados debate este miércoles el proyecto de ley del oficialismo para recortar el régimen de subsidios de Zonas Frías y restringir el beneficio a los usuarios residenciales vulnerables. La iniciativa, que ya cuenta con dictamen de mayoría, busca reordenar el financiamiento del sistema energético nacional y revertir la ampliación de cobertura aprobada en 2021.

El texto técnico establece que los descuentos en las tarifas de gas por red y gas envasado alcanzarán únicamente a los beneficiarios integrados en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Nuevo régimen de Zonas Frías: todos los detalles

Para conservar la asistencia estatal, los solicitantes deben registrar ingresos netos mensuales inferiores o iguales a tres Canastas Básicas Totales (CBT). El nuevo padrón también incluye a los titulares de la Pensión Vitalicia a Veteranos de la Guerra de Malvinas y a las familias inscriptas en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) con Certificado de Vivienda Familiar.

Respecto a los hogares con integrantes que posean el Certificado Único de Discapacidad (CUD), la Secretaría de Energía de la Nación propone una auditoría de cada caso de forma individual. El organismo también determinará si la condición declarada representa un impacto económico real que justifique la asistencia financiera para el pago del servicio eléctrico o de gas.

La reforma redefine los límites geográficos de la Zona Fría: elimina las localidades añadidas en la última modificación normativa hecha en 2021. El beneficio se concentrará de forma exclusiva en la Patagonia, el departamento de Malargüe en Mendoza y la región de a Puna, zonas que conformaban el mapa histórico del subsidio. En estas jurisdicciones, la cobertura estatal incluirá por primera vez la comercialización de cilindros, garrafas y gas propano a granel.

Los fundamentos del proyecto señalan que la reglamentación vigente desde 2021 incluye al 50% de los usuarios de gas por red del país dentro del esquema de subsidios. Según el bloque oficialista, esa extensión incorporó a sectores de altos ingresos sin criterios de vulnerabilidad económica, lo que desfinanció el presupuesto destinado al sostenimiento del sistema energético actual.