En 2019, tres países de América Latina entraron en crisis de manera casi simultánea. Chile, presentado durante años como el modelo regional, vivió una explosión social histórica. Bolivia atravesó una ruptura institucional que puso en suspenso la continuidad democrática. Ecuador mostró tensiones similares. Tres sociedades, tres trayectorias distintas, un mismo fenómeno: el agotamiento de los mecanismos que permiten procesar el conflicto sin que el sistema se rompa. Esos conflictos no se resolvieron. Siguen activos.

La lectura dominante fue ideológica. Pero ese encuadre no alcanzaba para explicar lo esencial: los tres casos compartían la pérdida de credibilidad de las instituciones como espacios de mediación, independientemente del signo político de sus gobiernos. Chile era de derecha. Bolivia venía de un largo ciclo de izquierda. Ecuador transitaba una posición híbrida. La variable común no era el modelo: era la fragilidad institucional.

Durante décadas el debate latinoamericano se organizó alrededor de una pregunta pobre: más Estado o más mercado. Esa disputa consumió energía política, estructuró identidades y financiamientos, y redujo la complejidad social a una elección binaria. La realidad mostró sus límites. Chile tenía los mejores indicadores macroeconómicos de la región y aun así explotó. Bolivia mejoró sus indicadores sociales de manera significativa y aun así colapsó institucionalmente. Dos trayectorias opuestas, el mismo problema: pérdida de confianza en las reglas que organizan el poder.

Los sistemas políticos no colapsan solamente por malas políticas. Colapsan cuando pierden capacidad de mediación. Cuando las instituciones dejan de ser percibidas como espacios donde los conflictos pueden procesarse y pasan a ser vistas como parte del problema. Perú es el caso más extremo: seis presidentes entre 2016 y 2023, ninguno en condiciones normales, Congreso y Ejecutivo mutuamente bloqueantes, ciudadanía agotada. Brasil y Argentina ilustran una variante del mismo patrón: alta polarización, baja capacidad de acuerdo, ciclos de gobierno definidos más por la negación del adversario que por la construcción de agenda común.

El problema de fondo no es quién gobierna ni bajo qué modelo. Es si el sistema tiene capacidad de gobernar. Eso requiere tres condiciones mínimas que la región ha postergado sistemáticamente: independencia judicial real, mecanismos de acuerdo que funcionen entre períodos electorales, y partidos políticos capaces de agregar intereses y negociar con perspectiva de largo plazo. No hay receta única. Pero hay algo claro: sin instituciones que sobrevivan a quienes las habitan, la política latinoamericana seguirá oscilando entre el entusiasmo y el hartazgo, sin modificar las condiciones que producen el conflicto.

*Politólogo (UBA) y consultor en estructura y gobernanza organizacional. Asesora a organismos públicos, sindicatos y empresas en América Latina en diseño institucional y desarrollo de capacidades directivas. Ha trabajado con instituciones como el Banco Mundial, el BID, el CLAD y gobiernos nacionales y provinciales. Docente universitario.