El 20 de julio de 2026, el Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó un informe titulado Cuba: The Capital of 21st Century Communism. El documento merece atención por una razón que excede la política estadounidense: propone un cambio de marco sobre qué es el régimen cubano y, con ese giro, interpela a todas las naciones del hemisferio.

Durante décadas, el debate sobre Cuba giró en torno al embargo, las crisis migratorias, la violación sistemática de los derechos humanos y la existencia o no de relaciones bilaterales. El informe se corre de ese eje. Ya no presenta a La Habana solo como una dictadura que reprime a su propio pueblo, sino como un actor estratégico que, durante más de seis décadas, habría desplegado espionaje, infiltración, propaganda e influencia ideológica contra los Estados Unidos y las democracias occidentales. En esa lectura, el régimen deja de ser un vestigio de la Guerra Fría para convertirse en una pieza de la competencia estratégica del siglo XXI entre democracias y autoritarismos.

El texto rastrea esa trayectoria hasta la Conferencia Tricontinental de La Habana del 3 al 15 de enero de 1966 y la creación de la Organización de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina (OSPAAAL), a la que atribuye la construcción de una red internacional de subversión. En dicha conferencia se reunieron más de 500 delegados de movimientos antiimperialistas de 82 países. Reconstruye casos de espionaje que habrían alcanzado altas esferas del Estado estadounidense -los nombres de Ana Montes y del ex embajador Manuel Rocha son ilustrativos- y sostiene que esa red permanece activa. 

Es en la extensión de esa tesis al activismo contemporáneo donde el informe se vuelve más discutido, un punto sobre el que conviene ser honestos. En el caso de Argentina, en dicha Conferencia, la delegación estaba presidida por John William Cooke, como representante del comité nacional argentino para la Conferencia de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina. La delegación completa se integraba, además de Cooke, por José L. Vazeilles, del M.L.N. (Movimiento de Liberación Nacional); Carlos Laffourge, de las Juventudes Políticas Argentinas; Alberto Desimone, del Partido Socialista Argentino; Jorge Moreno, de la Juventud Peronista Revolucionaria; y Juan García Elorrio, del Comité de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS) en la Argentina.

El vínculo del régimen con actores políticos en Argentina sigue existiendo entre sectores del peronismo de izquierda, grupos sindicales, pero también se han infiltrado entre actores del radicalismo e incluso del PRO que minimizan el peligro para la democracia local de mantener vínculos diplomáticos con dictaduras como la de Cuba. El gobierno actual de Milei, aunque mantiene una narrativa de oposición y no ha designado Embajador en La Habana, su secretaría de cultura ha mantenido acciones de cooperación con el Ministerio de Cultura del régimen, y son en estas mínimas pero simbólicas acciones donde la influencia ideológica y el aparato de propaganda del Partido Comunista de Cuba gana terreno en la región. 

El informe de alguna manera alerta el peligro de minimizar el riesgo de la influencia del régimen cubano en lar región, pues el informe no describe un problema bilateral entre Washington y La Habana: describe un problema hemisférico. Presenta a Cuba como exportadora de su modelo autoritario a Venezuela y Nicaragua, y como vector a través del cual potencias como Irán, Rusia y China proyectan influencia sobre América Latina y el Caribe. De esa arquitectura se desprende, con más fuerza que cualquier medida puntual, una interpelación a las democracias del continente. Ninguna nación del hemisferio puede tratar la cuestión cubana como un asunto ajeno, delegado en la política de un solo país. El efecto contagio y el traspaso de técnicas de erosión paulatina de las instituciones democráticas y una vez que se instaura el régimen autoritario, las técnicas de tortura y de represión a la oposición es de preocupación. Ningún estado de la región puede afirmar de esta agua no he de beber".

La reflexión que el informe invita a hacer es incómoda pero necesaria: durante años, buena parte de la región prefirió la equidistancia, cuando no el silencio, frente a un régimen que ya lleva 67 años en el poder gracias a la impunidad ganada en los organismos internacionales cedida por estados democráticos. Y la acción que se reclama no es la alineación automática con una estrategia de presión ajena, sino algo más propio y más exigente: que las democracias americanas asuman como responsabilidad regional la defensa de los principios que ellas mismas suscribieron en la Carta Democrática Interamericana, y que acompañen de manera concreta al pueblo cubano y a su sociedad civil independiente.

Porque el otro costado del enfoque que acompaña al documento es humanitario. Junto al diagnóstico se anunció una asistencia de cien millones de dólares canalizada por vías independientes, y un respaldo explícito a los defensores de derechos humanos, al periodismo no controlado por el Estado y a las plataformas cívicas de la isla y del exilio. Es ahí, y no en la retórica de la confrontación, donde una acción hemisférica coordinada puede marcar una diferencia real.

El valor del informe no está en cada una de sus imputaciones, sino en la pregunta que instala: ¿qué hará el hemisferio? La transición cubana no se decide únicamente en La Habana ni en Washington; se juega también en la voluntad de las democracias de la región de sostener, con coherencia y con memoria, su compromiso con la libertad. La teoría de la democratización enseña que la presión internacional sostenida y eficaz es una de las condiciones del cambio. Que ese sostén exista o no dependerá, en buena medida, de si las naciones del hemisferio deciden leer este informe no como un asunto de otros, sino como un espejo.

* Internacionalista y politóloga. Presidente de la Asociación Civil Cultura Democrática y autora del libro "Memoria y Cultura por la Democracia en Cuba"