Venezuela ya se sentó muchas veces a una mesa de diálogo. Este es, en rigor, el noveno intento en poco más de una década. Hubo diálogo con la mediación del Vaticano y de UNASUR en 2014; hubo conversaciones en República Dominicana entre 2016 y 2018, con Danilo Medina y Rodríguez Zapatero como facilitadores; hubo una ronda en Oslo y Barbados en 2019, con auspicio de Noruega; y hubo, finalmente, la negociación de México entre 2021 y 2023, que alumbró el Acuerdo de Barbados sobre garantías electorales para 2024. Todas fracasaron. Y fracasaron por una misma razón: la dictadura chavista negociaba desde la fuerza, usaba el diálogo para ganar tiempo y oxígeno internacional, y nunca tuvo la intención real de ceder el poder. El diálogo fue, durante años, una táctica de supervivencia del régimen y por ello los venezolanos desconfían de este tipo de procesos.

Por eso conviene decir con claridad qué hace distinta a esta novena negociación, que se instala por iniciativa de los Estados Unidos. La primera diferencia está en que desde el 3 de enero de 2026, el chavismo ya no se sienta a negociar desde la fuerza, sino descabezado, conducido por Delcy Rodríguez como presidenta encargada y por su hermano Jorge al frente del Parlamento. Tampoco hay un mediador neutral al estilo de Noruega o el Vaticano: el árbitro es Washington, y la negociación es una etapa de la hoja de ruta que trazó el secretario de Estado Marco Rubio: la tercera fase, la de la transición política que debería desembocar en elecciones. La instancia, los métodos y los integrantes los definió Washington. No es facilitación; es tutelaje. Esa es la primera gran diferencia.

La segunda es una paradoja que merece detenerse. El régimen debe reconocer hoy, como interlocutor legítimo, a la misma Asamblea Nacional de 2015 que despreció, persiguió y denostó durante años. Conviene recordarlo. Cuando la oposición ganó las legislativas de diciembre de 2015, Maduro admitió que «los malos» habían ganado y prometió impedir que esa Asamblea gobernara; lo hizo, vaciándola a través del Tribunal Supremo y de una Constituyente a medida. En enero de 2023, un tribunal de Caracas ordenó la captura de Dinorah Figuera (quien ahora encabeza la representación democrática) y fue acusada de "usurpación de funciones" y "traición a la patria", pidió alerta roja a Interpol y ordenó el congelamiento de sus bienes. Un tercio de los diputados de aquella Asamblea terminó en el exilio o en la clandestinidad, señalado como golpista y traidor. De los 10 diputados miembros de la delegación que comenzó a negociar este 1 de agosto en Caracas, seis de la comisión político técnica y los 4 de la comisión de apoyo, la mayoría estaban en el exilio y responden a los liderazgos de Julio Borges (Primero Justicia) y Leopoldo López (Voluntad Popular), que se encuentran en el exilio. Y son esos mismos hermanos Rodríguez quienes ahora deben sentarse frente a aquellos «traidores». El enemigo de ayer, el que debía ser esposado, es el interlocutor de hoy. La inversión del vocabulario es, en sí misma, una medida de cuánto se movió el terreno.

Pero hay una lectura menos evidente, y quizás más incómoda. Puede que al régimen le resulte más cómodo reconocer a la Asamblea de 2015 que a Edmundo González y a María Corina Machado. Reconocer a González significaría admitir sin rodeos que perdió las elecciones de 2024 por dos a uno y que debe entregar el poder al presidente electo: una capitulación existencial. Sentarse con Machado significaría negociar con la dirigente más popular e intransigente frente al chavismo. La Asamblea de 2015, en cambio, es institucional y legislativa. Enmarcar la negociación en torno al nombramiento de los rectores del Consejo Nacional Electoral y de los magistrados del Tribunal Supremo -una atribución del Poder Legislativo- convierte lo que sería una rendición en un asunto técnico y procedimental. El régimen no tiene que decir "perdimos la elección"; puede decir "estamos renovando, con el Parlamento, las instituciones electorales y judiciales". Debemos recordar para entender el porqué María Corina o ningún miembro de su partido Vente Venezuela, no está en esta mesa de negociación, es que ella había sido despojada de su curul en 2014 y que en las elecciones del 2015 Vente Venezuela no participó como partido con boleta propia, porque no había sido autorizado por el CNE a inscribirse y así que sus candidatos corrieron bajo la tarjeta unitaria de la Mesa de Unidad Democrática.

Reconocer a la Asamblea de 2015 permite iniciar el diálogo y la negociación de una transición en términos admisibles (para una dictadora encargada como es Delcy Rodriguez). Es un puente que le ahorra al régimen el trance de capitular en público, y que a la oposición le ofrece algo más valioso que un gesto: la posibilidad concreta de reconstruir el árbitro electoral. En definitiva, sólo basta revisar cuáles son los puntos en la agenda de negociación para percatarse que son cuestiones técnicas: 1. Revisión de leyes que generen garantías políticas; 2. revisión y adecuación del sistema y el poder electoral; 3. proceso de legitimación y devolución de los partidos políticos secuestrados por el régimen y habilitación de políticos; 4. garantías de libertad de expresión y prensa; 5. Nombramientos de rectores del CNE y el TSJ.

La legitimidad legislativa de la Asamblea de 2015 es, justamente, la llave constitucional que se necesita: nombrar rectores y magistrados no es potestad del Ejecutivo, sino del Parlamento. Un árbitro creíble no compite con el triunfo de 2024: es la condición para hacerlo valer en las urnas. El paso intermedio será un puente o una nueva sala de espera según lo que produzca: reforma electoral verificable, calendario y garantías reales, o simple administración del tiempo. Negociar a través de una Asamblea electa hace más de una década, sin la fuerza que ganó en 2024, plantea para muchos, un problema de representatividad pero aquí en esta negociación no se está definiendo el liderazgo sino cuestiones técnicas para la transición democrática. Esta vía institucional no compite con ese liderazgo: trabaja para que pueda expresarse, por fin, en unas urnas confiables. Machado ha mantenido una postura prudente y ha dicho que no obstaculizará ningún esfuerzo que produzca resultados concretos.

La pregunta ya no es si el régimen quiere ceder -nunca quiso-, sino si el nuevo equilibrio de fuerzas lo obliga a hacerlo. La diferencia, esta vez, es que el tiempo dejó de jugar enteramente a su favor.

 * Internacionalista y politóloga. Presidente de la Asociación Civil Cultura Democrática y autora del libro "Memoria y Cultura por la Democracia en Cuba"