En septiembre de 2025, la Fundación Pachamama descubrió que todas sus cuentas bancarias habían sido congeladas. No hubo notificación previa ni acceso a las pruebas. La medida se apoyaba en informes de inteligencia declarados secretos. Cuarenta y cinco días después, un juez ordenó levantarla por falta de fundamentos y de garantías del debido proceso.

Pachamama no fue la única. Alianza Ceibo, la Unión de Afectados por las Operaciones Petroleras de Texaco y una organización kichwa de Pastaza atravesaron situaciones similares. En nombre de seguir el dinero del crimen organizado, el Estado había comenzado a tratar a una parte de la sociedad civil como una amenaza.

Toda guerra necesita un enemigo. El problema empieza cuando deja de estar claro quién lo es.

 La demanda de seguridad en Ecuador no nació de una ficción electoral. En apenas dos años, las denuncias por extorsión pasaron de 6.651 a más de 20.000. Comerciantes, transportistas y escuelas comenzaron a convivir con las llamadas "vacunas", pagos regulares exigidos por las bandas para poder trabajar o, simplemente, seguir viviendo. Después de una baja en 2024, los homicidios volvieron a crecer: solo en el primer semestre de 2025 fueron 4.619, un 47% más que un año antes y la cifra semestral más alta de su historia reciente.

Daniel Noboa llegó a la Presidencia en 2023 para completar el mandato de Guillermo Lasso. La irrupción armada en un canal de televisión y los motines carcelarios lo convirtieron rápidamente en el presidente de la guerra contra las bandas. En enero de 2024 declaró un "conflicto armado interno" y, cuando buscó la reelección un año después, los ecuatorianos decidieron renovar ese mandato.

Durante décadas pensamos que más democracia traería más libertad. Hoy, frente al avance del crimen organizado, una parte de América Latina parece aceptar una promesa diferente: menos libertad a cambio de más seguridad, más protección y más orden.

Ecuador muestra el peligro de ese intercambio.

En agosto de 2025, la Asamblea Nacional aprobó con 78 votos la Ley Orgánica de Transparencia Social, impulsada por Noboa con carácter urgente. Su objetivo era impedir que fundaciones y organizaciones sin fines de lucro fueran utilizadas para lavar activos. El objetivo era legítimo. El problema apareció cuando esa herramienta empezó a utilizarse contra organizaciones que un juez terminaría considerando afectadas sin fundamento suficiente.

La línea roja aparece cuando la transparencia se transforma en vigilancia discrecional.

La ley amplió las facultades estatales de supervisión, impuso reinscripciones generalizadas y estableció sanciones que podían llegar hasta la pérdida de la personalidad jurídica. Antes de su aprobación, la relatora especial de Naciones Unidas sobre libertad de asociación advirtió que podía restringir indebidamente la asociación, la reunión, la expresión y la privacidad.

La Fundación Ciudadanía y Desarrollo, capítulo ecuatoriano de Transparencia Internacional, describe un deterioro más amplio. CIVICUS califica al espacio cívico de Ecuador como "obstruido". Fundamedios registró 230 agresiones contra la prensa durante 2025. En las protestas de ese año hubo despliegues militares, acusaciones de terrorismo contra manifestantes y tres personas murieron.

No todo puede atribuirse al Gobierno. Parte de la violencia contra periodistas y activistas proviene del mismo crimen organizado que Noboa prometió combatir. Pero la obligación del Estado no termina cuando el agresor es otro. También consiste en proteger, investigar y garantizar que quienes controlan al poder puedan hacerlo sin miedo.

No puede afirmarse todavía que la estrategia de Noboa haya fracasado. Hubo capturas, decomisos y una reducción de los homicidios durante 2024. Pero la violencia volvió a alcanzar niveles históricos y las extorsiones continuaron penetrando la vida cotidiana.Los resultados de la política de seguridad todavía son inciertos. Sus costos sobre las libertades ya son concretos.

El 8 de junio de 2026 apareció muerta Monika Silva Koniuszek, una activista anticorrupción polaca radicada en Ecuador. Antes de conocerse la autopsia, el ministro del Interior habló de suicidio. Horas después, los peritos concluyeron que había sido golpeada y estrangulada. La Justicia todavía debe establecer quién la mató y por qué.

Pero una democracia no debería necesitar conocer el nombre del asesino para comprender el mensaje que una muerte así transmite a quienes investigan al poder.

La Fundación Pachamama ganó en los tribunales y perdió casi todo lo demás. Sus cuentas tardaron semanas en reabrirse y debió desvincular al 75% de su personal. La absolución llegó. El daño quedó.

Ese es el verdadero precio de sentirse protegido. Las libertades no suelen desaparecer de un día para otro. Primero se vuelven incómodas, después sospechosas y finalmente prescindibles.

Ecuador todavía no sabe si la estrategia de Noboa le devolverá el orden. Lo que ya sabe es que el espacio para disentir se ha vuelto más estrecho. El peligro es perder la libertad antes de sentirse protegido.

  * Licenciada en Estudios Internacionales por la Universidad Torcuato Di Tella. Es presidenta de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia y miembro del Grupo Joven del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI). Se desempeña además, en el área de cooperación y relaciones internacionales del Ministerio de Desarrollo Humano de la Ciudad de Buenos Aires.