Mientras buena parte del debate público gira en torno a cuánto Estado sobra, una pregunta pasa inadvertida: ¿qué ocurrió con los esfuerzos destinados a mejorar el funcionamiento del Estado que ya existe? Quince años después de la creación de la Alianza para el Gobierno Abierto, la respuesta merece una revisión.

El punto de partida suele ubicarse en 2009, cuando el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, afirmó que su administración estaba comprometida con crear "un nivel de apertura gubernamental sin precedentes" y propuso construir un sistema basado en la transparencia, la participación pública y la colaboración. Dos años después, ocho países lanzaron la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership, OGP), una iniciativa internacional destinada a promover reformas concretas para fortalecer la relación entre el Estado y la ciudadanía, ampliar la rendición de cuentas y mejorar la calidad de las instituciones democráticas.

A diferencia de otras propuestas de modernización, la OGP introdujo un mecanismo novedoso: los gobiernos se comprometen voluntariamente a desarrollar planes de acción bianuales con objetivos específicos y verificables, cuyos avances son monitoreados y evaluados por instancias independientes. La lógica es simple pero ambiciosa: transformar principios generales en compromisos concretos y medibles.

La iniciativa surgió en un contexto en el que distintos gobiernos, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil comenzaron a debatir cómo fortalecer la legitimidad democrática de las instituciones públicas y mejorar la capacidad estatal para responder a demandas cada vez más complejas. En ese escenario convivieron diversas agendas -entre ellas el gobierno electrónico, los datos abiertos y las políticas basadas en evidencia- que, desde perspectivas diferentes, buscaron transformar la forma en que los gobiernos producen información, toman decisiones e interactúan con la ciudadanía.

El gobierno abierto formó parte de ese proceso, aunque aportó una dimensión distintiva: la convicción de que la transparencia, la participación y la colaboración no son únicamente herramientas de gestión, sino también principios fundamentales para fortalecer la relación entre el Estado y la ciudadanía. Desde esta perspectiva, abrir el gobierno no implica solamente publicar información o incorporar tecnología, sino también reconocer a la ciudadanía como un actor relevante en la definición, monitoreo y evaluación de las políticas públicas.

Quince años después de su creación, la Alianza reúne a 73 países y 143 gobiernos subnacionales distribuidos en distintas regiones del mundo. América Latina ocupa un lugar destacado en ese proceso. La región concentra alrededor de una quinta parte de los países miembros y cerca de un tercio de los gobiernos subnacionales que integran la iniciativa. Más importante aún, ha demostrado una notable capacidad para sostener y renovar sus compromisos a lo largo del tiempo.

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y Uruguay han transitado múltiples ciclos de planes de acción nacionales, consolidando una trayectoria que excede los cambios de gobierno y las alternancias políticas. A ello se suma la creciente incorporación de ciudades, municipios, provincias y estados que incorporaron la agenda del gobierno abierto a sus estrategias de gestión, ampliando su alcance territorial y acercando estos compromisos a la vida cotidiana de los ciudadanos.

Como toda política pública, la experiencia también presenta ausencias y retrocesos. Cuba y Venezuela nunca formaron parte de la iniciativa. El Salvador, por su parte, abandonó formalmente la Alianza en 2023 luego de varios años de dificultades para sostener sus compromisos y renovar sus planes de acción. Pero quizás el dato más llamativo sea otro: Estados Unidos, uno de los impulsores originales de la OGP, ya no integra actualmente la iniciativa a nivel nacional. Paradójicamente, algunas ciudades estadounidenses continúan participando activamente, demostrando que la agenda del gobierno abierto ha adquirido una dinámica propia que trasciende a las administraciones que le dieron origen.

A quince años del surgimiento de la Alianza para el Gobierno Abierto, la persistencia de esta agenda constituye un fenómeno que invita a la reflexión. En un contexto marcado por la desconfianza institucional, la polarización política y el cuestionamiento al papel del Estado, el desafío ya no parece ser demostrar la importancia de la transparencia, la participación o la rendición de cuentas. La cuestión pasa, más bien, por sostener estos principios frente a los cambios políticos, fortalecer las capacidades estatales necesarias para convertirlos en prácticas concretas y promover que más gobiernos subnacionales incorporen mecanismos permanentes de revisión, monitoreo y evaluación de su desempeño.

Después de todo, la calidad de una democracia no depende únicamente de las promesas que formula, sino también de su capacidad para construir instituciones que trasciendan a quienes las gobiernan, se adapten a contextos cambiantes y rindan cuentas ante la ciudadanía.

 * Profesora de la Universidad de Buenos Aires y consultora en políticas públicas y fortalecimiento democrático.