Mientras los gobiernos de cierto sesgo político niegan el cambio climático y siguen discutiendo la economía del siglo XX, el resto del mundo ya está en otra cosa. Las principales potencias, y todos aquellos países que quieren tener algún protagonismo en las nuevas redes globales, no se pelean por quién baja más impuestos o desregula más. Tampoco por ser campeones de exportación de materias primas. Compiten por acceder a energía más barata, por aprovisionarse de minerales críticos, por asegurarse reservas de agua dulce, poner en valor su biodiversidad, controlar sus datos y desarrollar su capacidad científica y de innovación.

El ambiente dejó de ser una agenda verde. Es la nueva geopolítica. Es el territorio donde se disputará el desarrollo del siglo XXI.

El doble riesgo

Los países de América Latina con esta postura enfrentan dos amenazas a la vez. La primera ya la conocemos: la crisis climática ya nos dejó familias destrozadas, y pueblos arrasados, además de pérdidas millonarias.

Pero existe otra amenaza mucho menos discutida: la de perder la mayor oportunidad económica del siglo. Ya escuchamos una y mil veces que por primera vez el mundo necesita exactamente lo que nuestra región posee. No solo recursos naturales, sino capacidades humanas, investigación avanzada, en una zona de paz. La paradoja es que en estos países se están diseñando leyes directamente para destruir el ambiente o rematarlo al mejor postor.

Atrasados

Mientras las principales economías reorganizan sus políticas industriales alrededor de la transición ecológica, en algunos países de la región se sigue discutiendo el desarrollo con categorías del siglo pasado.

Brasil, como una excepción dentro del subcontinente, crea política industrial verde y moviliza decenas de miles de millones de dólares para convertir la transición ecológica en una estrategia de desarrollo, innovación y reindustrialización: más de US$ 5.400 millones de presupuesto público para el Fondo Clima en 2026, casi US$ 10.000 millones para inversiones privadas en sectores estratégicos como minerales críticos, baterías, inteligencia artificial, y más de US$ 3.200 millones movilizados a través de fondos de inversión del BNDES para descarbonización, restauración ambiental y transición ecológica.

Esto le permitió negociar una inversión de US$ 1.000 millones con la empresa de auto eléctricos china ByD. La fábrica vino acompañada de empleo, proveedores nacionales, producción local de baterías, investigación y contenido tecnológico.

Noruega, por su parte, convirtió la renta extraordinaria de sus recursos naturales en un fondo soberano de casi US$ 2,3 billones para financiar el bienestar de las próximas generaciones. Exportó petróleo mientras construía el mayor fondo soberano del mundo. Entendió que los recursos naturales son temporales, pero las capacidades de un país pueden ser permanentes. Además de preservar el ahorro intergeneracional, el fondo empezó a aumentar sus inversiones en infraestructura de energías renovables, redes eléctricas y otros activos vinculados a la transición energética.

Hasta Estados Unidos, que ya nos tiene acostumbrados a no hacer lo que predica, se sumó a esta tendencia. Si bien abandonó finalmente el Acuerdo de París, esto no significa que haya abandonado la transición. Actualmente protege muchísimo más sus recursos (aunque sea por fines geopolíticos más que ambientales), subsidia industrias, se asegura minerales críticos y protege el desarrollo de su infraestructura digital. Y al mismo tiempo mira hacia América Latina, ávido por apropiarse de aquello que quede desprotegido.

Estados Unidos sigue haciendo política climática. Solo que la hace bajo otro nombre: política industrial, seguridad nacional y competencia tecnológica.

Los países que detentan una lógica más retrógrada, tienden a diseñar un modelo que les ofrece (principalmente) a las grandes corporaciones tecnológicas estabilidad fiscal, beneficios extraordinarios y menor capacidad de regulación, sin exigirles transferencia tecnológica, proveedores nacionales, generación de conocimiento o responsabilidades equivalentes.

El riesgo no es solo ambiental. Es estratégico. Es resignar durante décadas la posibilidad de decidir qué hacemos con nuestros bienes comunes y cómo queremos insertarnos en la economía del futuro.

Capital natural local

No existe soberanía en un país que entrega su capacidad de decidir sobre el agua, la energía, los minerales, los datos y la ciencia. Y tampoco existe desarrollo en un país que destruye el capital natural del que dependerán sus hijos. Del mismo modo que un país invierte en infraestructura, educación o tecnología para aumentar su productividad, también debe invertir en conservar y ampliar el patrimonio natural que garantiza su competitividad futura.

Poner en valor el capital natural de los países del subcontinente, requiere administrar los recursos como activos estratégicos para el desarrollo. Implica invertir en la restauración de ecosistemas, proteger las fuentes de agua, los bosques, los humedales y la biodiversidad, y también desarrollar mercados e instrumentos financieros que remuneren los servicios ecosistémicos. Significa impulsar la bioeconomía, fortalecer la investigación científica, crear cadenas de valor alrededor de la biodiversidad, promover soluciones basadas en la naturaleza e incorporar el valor del capital natural en la planificación económica.

Nuestros países necesitan recuperar una idea que el mundo ya entendió: cuidar nuestros bienes comunes no es un costo del desarrollo. Es la condición para que el desarrollo exista.

* Diputada del Parlasur. Ex Secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación de la Nación. Politóloga. Master en Administración Pública de Harvard.