La caída de Nicolás Maduro parecía marcar el inicio de una transición democrática después de más de dos décadas de régimen chavista. Sin embargo, cinco meses después, Venezuela sigue sin una hoja de ruta electoral clara, con una oposición desplazada del centro de negociación y con una nueva normalidad política que empieza a generar una pregunta incómoda: ¿qué pasa cuando la estabilidad comienza a ser más rentable que la democracia?

Durante años, la comunidad internacional construyó una posición relativamente clara frente al régimen venezolano. En 2019, la administración de Donald Trump reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela bajo el argumento de que la Asamblea Nacional electa en 2015 era la última institución democráticamente legítima del país. Las elecciones presidenciales de 2018 habían sido denunciadas como fraudulentas y Washington sostenía que Nicolás Maduro carecía de legitimidad democrática para continuar en el poder.

Incluso después de que la propia oposición decidiera disolver el "gobierno interino" a fines de 2022, Estados Unidos continuó reconociendo a la Asamblea de 2015 como actor legítimo. Y cuando se realizaron las cuestionadas elecciones presidenciales de 2024, Washington no reconoció la victoria de Maduro, sancionó funcionarios venezolanos por fraude electoral y llegó incluso a reconocer a Edmundo González como presidente electo.

Por eso, lo ocurrido en 2026 marca un giro geopolítico mucho más profundo de lo que parece.

Tras el operativo encabezado por Estados Unidos que terminó con la captura de Maduro por cargos vinculados al narcoterrorismo, la administración Trump avanzó rápidamente en el restablecimiento de relaciones diplomáticas y consulares con las "autoridades interinas" venezolanas. Y aunque el Departamento de Estado evitó utilizar términos como "presidenta constitucional legítima", en sede judicial Washington terminó reconociendo a Delcy Rodríguez como "sole head of state", es decir, como la única jefa de Estado capaz de representar legalmente a Venezuela.

Ahí aparece uno de los dilemas más interesantes del proceso venezolano actual. Durante años, Estados Unidos justificó su política hacia Venezuela sobre la base de la legitimidad democrática de la Asamblea Nacional electa en 2015. Pero en 2026 comenzó a convivir con otro principio: el reconocimiento del poder efectivo y del control real del Estado, es decir, pasó a convivir pragmáticamente con un gobierno que nunca pasó por las urnas.

El problema ya no es únicamente si Delcy Rodríguez es legítima o no. El problema es qué ocurre cuando la legitimidad democrática deja de ser el principal criterio de reconocimiento internacional y empieza a ser reemplazada por la estabilidad política, la gobernabilidad y la utilidad geopolítica.

Y es justamente ahí donde aparece el nuevo equilibrio venezolano.

Mientras la oposición sigue marginada de las decisiones centrales, el gobierno de Delcy Rodríguez comenzó a enviar señales claras hacia Washington y hacia los mercados internacionales. La reforma de la ley de hidrocarburos flexibilizó el esquema histórico de control estatal sobre PDVSA y abrió mayores márgenes de participación para empresas extranjeras. Paralelamente, Venezuela avanzó en la recomposición diplomática con Estados Unidos, la Unión Europea y otros actores occidentales, mientras empresas como Chevron expandieron nuevamente sus operaciones en el país.

La amnistía impulsada por el gobierno también funcionó como señal de apertura, aunque de manera limitada y contradictoria. Mientras el oficialismo hablaba de miles de beneficiados, organizaciones internacionales y ONG denunciaban que cientos de presos políticos seguían detenidos y que muchas liberaciones eran parciales o discrecionales.

Más que una apertura democrática, comenzó a configurarse una apertura funcional.

Y ahí aparece el verdadero dilema venezolano: Cuando la apertura económica avanza más rápido que la apertura política, la transición puede terminar convirtiéndose en una forma de normalización autoritaria.

La economía muestra algunos signos de estabilización, pero eso todavía no se traduce en bienestar cotidiano para gran parte de la población. En un vivo viral realizado por los influencers venezolanos Jesús González Sevilla y Kilómetro Internacional -que acumuló millones de visualizaciones- una compra básica de supermercado para una familia durante apenas una semana superaba ampliamente el salario mínimo mensual venezolano.

Y quizás ahí aparece el punto más incómodo de todo el proceso: hoy ninguno de los actores con capacidad real de decisión parece tener incentivos claros para apurar una transición democrática.

Estados Unidos gana estabilidad regional, acceso al petróleo venezolano y mayor control sobre una crisis migratoria que impacta en toda América Latina. Además, la política hacia Venezuela forma parte de una estrategia regional más amplia impulsada por sectores de la administración Trump, particularmente por Marco Rubio, que también busca debilitar el eje Caracas-La Habana que durante años sostuvo económicamente al régimen cubano.

Del otro lado, el gobierno de Delcy Rodríguez obtiene reconocimiento internacional parcial, acceso a financiamiento, alivios económicos y la posibilidad de estabilizar el sistema sin asumir el riesgo de una elección competitiva.

En este nuevo equilibrio, la democracia empieza a ser vista como un factor de incertidumbre más que como una garantía de estabilidad.

Como planteaba Adam Przeworski, no toda apertura autoritaria deriva necesariamente en una transición democrática. Muchas veces los regímenes avanzan en procesos de liberalización parcial, entregan ciertas concesiones, flexibilizan aspectos económicos o institucionales y aun así conservan intacto el control del poder político. Y quizás Venezuela esté entrando exactamente en esa zona gris.

El desafío de la oposición venezolana ya no parece ser únicamente denunciar el autoritarismo. El mundo ya sabe que Venezuela continúa siendo un régimen autoritario. El problema ahora es otro: cómo volver a construir incentivos para que la democracia sea vista como una alternativa más rentable, más estable y más previsible que el equilibrio actual.

Porque si algo empieza a mostrar el caso venezolano es que las dictaduras no siempre caen solamente por presión moral o aislamiento internacional. A veces sobreviven porque logran transformarse en sistemas funcionales para los principales actores del sistema internacional.

Y esa es probablemente la pregunta más incómoda que hoy enfrenta Venezuela: ¿el país está realmente atravesando una transición democrática o simplemente entrando en una nueva etapa de estabilización autoritaria negociada?

* Licenciada en Estudios Internacionales por la Universidad Torcuato Di Tella. Es presidenta de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia y miembro del Grupo Joven del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI). Se desempeña además, en el área de cooperación y relaciones internacionales del Ministerio de Desarrollo Humano de la Ciudad de Buenos Aires.