La pulseada política en torno al Save Europe Act ha escalado hasta convertirse en uno de los choques más frontales entre los movimientos identitarios europeos y las instituciones comunitarias. Encabezada mediáticamente por la activista y comentarista neerlandesa Eva Vlaardingerbroek y el activista austríaco Martin Sellner, la plataforma no solo busca condicionar el debate migratorio, sino que ha transformado su rechazo administrativo en una causa judicial de repercusión continental.

Presentada oficialmente a finales de mayo de 2026 durante una cumbre específica en Porto, la campaña se ideó bajo el formato de una Iniciativa Ciudadana Europea. Sus ejes programáticos centrales abogan por una moratoria total que paralice los flujos migratorios no occidentales, el establecimiento de marcos jurídicos supranacionales para propiciar el retorno masivo de personas migrantes en situación irregular o procedentes de contextos extracomunitarios, y la eliminación de ayudas y prestaciones de bienestar orientadas a no ciudadanos para mitigar los factores de atracción. El respaldo digital inicial fue fulminante, superando las 100.000 firmas en apenas tres días y cosechando rápidamente guiños de figuras de peso del conservadurismo radical europeo, como el primer ministro húngaro Viktor Orbán.

La campaña combinó la agitación en redes sociales con movilizaciones callejeras de alto impacto visual, cuyo punto álgido se vivió en Bruselas frente a las puertas del Parlamento Europeo. En dicha manifestación, los organizadores escenificaron una entrega masiva de apoyos acumulados transportando cajas con miles de firmas impresas en una carretilla, en un acto coordinado con simpatizantes y eurodiputados de bloques soberanistas. Lejos de buscar un cauce estrictamente burocrático, la manifestación sirvió para propiciar rondas de discursos en el interior de la Eurocámara, donde Vlaardingerbroek y sus aliados insistieron en la necesidad de combatir el sistema desde dentro.

El punto de inflexión institucional se produjo cuando la Comisión Europea rechazó de plano el registro formal de la propuesta como una iniciativa ciudadana oficial, argumentando de forma categórica que colisiona frontalmente contra los valores fundamentales y las directivas antidiscriminatorias de la Unión al fundamentar sus restricciones en criterios de exclusión étnica y cultural. La reacción de Eva Vlaardingerbroek no se hizo esperar, y en una comparecencia pública posterior calificó la decisión como una agresión directa a la soberanía popular. Durante su intervención, la activista señaló que para años les dijeron que no debían preocupurse y luego que no creyeran a sus propios ojos, para terminar afirmando que oponerse a la inmigración masiva es considerado racista, concluyendo que consideran esto como una gigantesca declaración de guerra de la Unión Europea contra sus propios pueblos y las más de 600.000 personas que firmaron el acto, por lo que irían a los tribunales a luchar hasta el final.

Lejos de disolverse tras el veto burocrático, la plataforma reorganizó su estructura bajo entidades jurídicas flexibles y dio inicio a una gira de protestas bajo el lema de unidad contra la Unión Europea. Mientras los equipos legales evalúan las demandas formales que interpondrán ante la justicia europea para revertir el bloqueo de la Comisión, el movimiento de Vlaardingerbroek continúa recopilando apoyos por canales alternativos, logrando con ello el objetivo central de su estrategia de ensanchar los márgenes de la ventana de discusión pública y forzando a que debates sobre políticas de expulsión ocupen un lugar central en la agenda política europea.