La presión asistencial en la ciudad autónoma de Ceuta ha alcanzado niveles críticos. El personal de enfermería denuncia una situación de fatiga extrema y desbordamiento, viéndose obligado a doblar turnos y realizar horas extra para hacer frente a una media superior a 200 casos diarios. 

Esta saturación se produce en un contexto marcado por el hacinamiento, donde ya se han contabilizado más de 200 diagnósticos de gastroenteritis aguda, además de casos de sarna, impétigo y tuberculosis, sin incluir la compleja atención en los asentamientos playeros.

Paralelamente, el Ministerio de Defensa ha confirmado un brote de 24 casos de sarna entre los militares destacados en la zona, de los cuales dos son anteriores a la llegada masiva de migrantes, desligándolo por completo de la crisis humanitaria. Desde Defensa recalcan que se trata de una infección habitual en entornos húmedos y aseguran que los afectados ya reciben tratamiento, mientras se llevan a cabo tareas de higienización en las instalaciones.

Expertos en epidemiología y personal sanitario coinciden en que la propagación de patologías cutáneas y respiratorias responde directamente a las condiciones de hacinamiento y al déficit de recursos básicos como agua potable y alimentos. 

Desde la Sociedad Española de Epidemiología se insiste en que culpar a los migrantes de la propagación de enfermedades carece de base científica y resulta peligroso, atribuyendo los brotes exclusivamente a la escasez de medios materiales. Ante esta situación, el Colegio de Enfermería de Ceuta y el Consejo General de Enfermería han exigido al Gobierno central la implantación de un mando único y el establecimiento de medidas excepcionales para aliviar la carga de trabajo de los profesionales.

El personal sanitario sobre el terreno advierte de una evolución clínica preocupante debido a la imposibilidad de realizar un seguimiento continuado. Patologías tratables como traumatismos derivan con frecuencia en infecciones graves como celulitis e impétigo. A esto se suma la dificultad para identificar correctamente a los pacientes debido a su movilidad o temor a las autoridades, lo que obstaculiza diagnósticos complejos como la tuberculosis o el control de enfermedades crónicas agravadas por el consumo de agua de regadío.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad, a través de la ministra Mónica García, ha reconocido la tensión que atraviesa el sistema local -por el que han pasado más de 5.800 pacientes en las primeras dos semanas de crisis-, aunque ha descartado el colapso y ha rechazado cualquier vinculación xenófoba hacia los colectivos migrantes.