Si Canadá es el laboratorio del federalismo asimétrico, Australia es el laboratorio de un fenómeno distinto y, en cierto modo, inverso: la centralización silenciosa de una federación que conserva todas las formas externas del modelo clásico. Sobre el papel, el país tiene todo lo que William Riker exigía para hablar de un verdadero pacto federal: una constitución escrita que distribuye competencias, un senado de representación territorial, un tribunal supremo que arbitra los conflictos entre niveles de gobierno. Las seis colonias británicas que se unieron en 1901 negociaron ese acuerdo desde la libertad, no desde la imposición. Y sin embargo, hoy pocos especialistas dudarían en describir a Australia como una de las federaciones más centralizadas del mundo desarrollado.

La clave de esa transformación no está en la letra de la constitución, que apenas cambió, sino en el dinero. Ronald Watts enseñaba que toda federación combina autogobierno y gobierno compartido, y que el equilibrio entre ambos depende menos del diseño formal que de quién controla los recursos. En Australia, el gobierno compartido devoró al autogobierno por la vía fiscal. Entender cómo ocurrió -y qué tensiones genera hoy- es entender los tres grandes problemas del federalismo australiano.

· El desequilibrio que define al sistema ·

El federalismo fiscal, en la definición clásica de Wallace Oates, es el conjunto de principios que regula cómo se reparten las competencias tributarias y de gasto entre los niveles de gobierno, buscando equilibrar la autonomía subnacional con la coordinación y la equidad. Medido con esa vara, Australia presenta la anomalía más pronunciada del mundo federal: el desequilibrio fiscal vertical más extremo entre las grandes federaciones. El gobierno del Commonwealth recauda la enorme mayoría de los impuestos -incluido el impuesto a la renta, que monopoliza desde 1942, cuando una disposición de emergencia bélica fue convalidada por la Alta Corte y nunca se revirtió-, mientras que los estados cargan con la provisión de los servicios públicos más costosos: hospitales, escuelas, policía, infraestructura.

La brecha se cubre con transferencias federales, y ahí reside el problema político. Una parte sustancial de esos fondos llega como subvenciones condicionadas, amparadas en la sección 96 de la constitución, que permiten a Canberra fijar prioridades en áreas que formalmente pertenecen a los estados. El resultado es una federación donde los gobiernos subnacionales conservan las responsabilidades pero no los recursos, y donde la rendición de cuentas se diluye: cuando un hospital colapsa, el estado culpa a la insuficiencia de las transferencias federales y el Commonwealth culpa a la mala gestión estadual. Los propios documentos oficiales de revisión de la federación han advertido el riesgo de fondo con una fórmula que hizo fortuna entre los especialistas.

«El federalismo cooperativo puede degenerar en federalismo coercitivo cuando un solo nivel de gobierno controla la llave de los recursos.»

ADVERTENCIA RECOGIDA EN LOS DOCUMENTOS OFICIALES DE REVISIÓN DE LA FEDERACIÓN AUSTRALIANA

· La guerra del GST ·

La segunda gran tensión es una paradoja: el país con el desequilibrio vertical más dramático construyó también uno de los sistemas de igualación fiscal más igualitarios del planeta. Desde 1933, una comisión técnica independiente -la Commonwealth Grants Commission- calcula cuánto necesita cada estado para prestar servicios comparables a sus ciudadanos, y desde el año 2000 esa fórmula distribuye la recaudación íntegra del impuesto a los bienes y servicios, el GST. Durante décadas, el mecanismo funcionó como el gran amortiguador de las desigualdades territoriales australianas.

El auge minero lo rompió. Cuando los precios del hierro dispararon las regalías de Australia Occidental, la fórmula redujo drásticamente su porción del GST, y el agravio resultante se convirtió en un actor decisivo de la política nacional. En 2018, el gobierno federal cedió: estableció un piso garantizado para el estado minero y una cláusula transitoria que asegura que ningún estado quede peor que con el sistema anterior. El costo de ese arreglo, financiado con rentas generales del Commonwealth, se estima entre 40.000 y 60.000 millones de dólares australianos hacia el final de la década. Ante esta cifra, los principales economistas del país reclaman de manera casi unánime su eliminación. El reclamo cayó en el vacío: el primer ministro Anthony Albanese llegó a firmar públicamente, sobre la portada de un diario de Perth, su compromiso de mantener el trato especial.

Mientras tanto, los estados más chicos -Tasmania, Australia del Sur, el Territorio del Norte- denuncian que el nuevo esquema castiga a quienes menos capacidad fiscal tienen, y una Comisión de Productividad debe dictaminar antes de fines de 2026 si la reforma funciona como se prometió. La lógica de suma cero del sistema garantiza que cualquier respuesta deje heridos: para que un estado gane, otros deben perder. Lo que estaba diseñado como una técnica de equidad se transformó en el principal campo de batalla de la política intergubernamental australiana.

· Los ausentes del pacto ·

El tercer problema es el más antiguo y el más profundo. Como en Canadá, la arquitectura federal australiana se construyó sin los pueblos originarios; a diferencia de Canadá, ni siquiera existieron tratados coloniales que reconocer. La constitución de 1901 los excluyó de manera explícita, y hubo que esperar hasta 1967 para que un referéndum los incorporara plenamente al censo y a la competencia legislativa federal. En 2017, la Declaración de Uluru desde el Corazón propuso un camino en tres pasos -Voz, Verdad, Tratado- que parecía abrir, por fin, la renegociación pendiente del pacto fundacional.

«La soberanía nunca fue cedida.»

DECLARACIÓN DE ULURU DESDE EL CORAZÓN, 2017

El primer paso fracasó de manera contundente. En octubre de 2023, cerca del sesenta por ciento de los australianos rechazó en referéndum la creación de una Voz indígena ante el Parlamento, en una campaña atravesada por la desinformación. Desde entonces, el reconocimiento constitucional prácticamente desapareció de la agenda federal. Pero aquí el federalismo mostró su otra cara: la misma estructura que excluyó a las Primeras Naciones ofrece ahora vías alternativas. Victoria consolidó tras la reforma de 2025 el primer tratado estadual de la historia australiana, que vuelve permanente la asamblea representativa de los pueblos originarios, y Australia del Sur legisló su propia Voz estadual. Es la asimetría construida desde abajo que Alfred Stepan habría reconocido: las unidades subnacionales como laboratorios donde se ensaya lo que la nación todavía no se anima a hacer. El riesgo es el mosaico resultante, porque otros estados, tras el referéndum, congelaron o revirtieron sus procesos de tratado.

· La federación pendiente ·

Los problemas de Australia son, en espejo, los opuestos a los de Canadá. Allá, el sistema cruje por el esfuerzo de gestionar demasiada diferencia; acá, por reconocer demasiado poca. Una federación donde los estados administran políticas que no diseñan ni financian, donde la igualación fiscal se negocia a golpe de agravio electoral y donde los primeros habitantes del territorio siguen fuera del pacto constitucional, conserva las formas del federalismo pero va perdiendo su sustancia: la idea de que el poder se comparte entre comunidades que se reconocen como socias.

Riker definía al federalismo como un pacto, y los pactos envejecen si no se renegocian. El de Australia lleva más de un siglo acumulando enmiendas de hecho -fiscales, judiciales, administrativas- sin una renegociación de derecho. El desafío hacia adelante no es técnico sino político: realinear recursos con responsabilidades, devolver transparencia a la relación entre quien recauda y quien gasta, y completar, por fin, el pacto con quienes quedaron afuera de la fotografía de 1901.

Fuentes conceptuales: Estévez, A. M. et al. (2025). Los 90 conceptos fundamentales para entender la Administración Pública · Riker, W. (1964) · Watts, R. L. (1999) · Oates, W. (1999) · Productivity Commission (2025) · Commonwealth Grants Commission · Declaración de Uluru desde el Corazón (2017) · First Peoples' Assembly of Victoria (2025)

* Profesor de Administración y Políticas Públicas de UBA, UTDT y UNLZ. Director del CEDEOP de la FCE UBA.