Una nueva discusión sobre la utilización de los Decretos de Necesidad y Urgencia se instaló estos últimos días en razón de la decisión del Gabinete Nacional referida a la telefonía celular, la televisión por cable y los servicios de internet. 

Como otras veces, no condeno la utilización del procedimiento de los DNU cuando estos no afectan cuestiones de derecho penal, tributos, partidos políticos ni régimen electoral, materias expresamente vedadas por la Constitución a esa función normativa que se limitó y se mantuvo en  manos del Presidente desde 1994. 

El procedimiento utilizado es un adelanto de reconocimiento de la imposibilidad de seguir con el tramite exprés del proyecto de reforma judicial. La cámara de Diputados no prorrogará sus sesiones virtuales si no existe un consenso sobre el temario a tratar. Este es uno de las justificaciones ínsitas en este DNU.

Y, de toda obviedad, por la misma situación la tan necesaria, como inoportuna reorganización de la Justicia, se pospondrá en una agenda legislativa que debe ocuparse de las cuestiones centrales como la salida de la pandemia, el Presupuesto, la deuda pública y las medidas de fomento para reiniciar el circuito económico. Políticas públicas para las que no alcanzan los DNU.

El agrietado debate de cada semana se instaló en la cuestión de la esencialidad de los servicios de telefonía inalámbrica, internet y televisión de cable.

Servicios esenciales

Aún en el reconocimiento de la validez del vehículo normativo que expuse en el segundo párrafo, la cuestión del congelamiento de tarifas tiene muchas más críticas desde la economía que desde el derecho. Y dicho sea de paso, es claramente visible e identificable el destinatario principal de la medida, lo que habilita un debate mediático interminable. En referencia a los otros dos sectores, considero que se utilizó un misil nuclear para matar un mosquito.

Los recursos del Estado son finitos. Reformulo y reitero: los recursos del Estado no son infinitos. Y en estos días, más finitos que de costumbre. Los principios que informan el sistema de servicios públicos se sostienen ante la lógica básica de la subsidiariedad estatal. Si no son de prestación estatal, es el estado quien debe socorrer la interrupción de los servicios públicos prestados por los particulares. La declaración de esencialidad del DNU 690/20 tiene tres detalles complejos de vista al futuro.

La cita del fallo de la Corte que se usa entre los motivos que disparan la decisión, indica que se le debe imponer al Estado la obligación de velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad a los servicios públicos. No utiliza la Idea de igualdad - repetida varias veces en el DNU- abandonada hace tiempo en la doctrina y reemplazada por el principio de uniformidad, mucho más congruente con las ideas de progreso social, justicia y distribución de esfuerzos en relación a las condiciones económicas de los usuarios, que la muy mediática y poco creíble igualdad.

La cuestión del congelamiento de tarifas tiene muchas más críticas desde la economía que desde el derecho

El segundo detalle es la expresa declaración de servicio esencial. Este tópico habilita directamente al Estado a  regular el derecho de huelga. 

Cuando el gobernador Daniel Scioli declaró esencial el funcionamiento de ARBA para garantizar la recaudación impositiva de la Provincia, nos preguntábamos cuando se iba a declarar la esencialidad de la educación primaria. Pasan los gobiernos y cada Marzo, seguimos esperando.

En tercer lugar, la manía de elevar al Olimpo de los derechos humanos este tipo de servicios, es la dificultad económica de garantizar sus principios conformantes: continuidad, regularidad, uniformidad y  generalidad.

La obligación estatal de Prestación, o eventualmente, la subsidiariedad a los prestadores privados merece un detenido análisis de la atribución de los recursos públicos. Hay un orden de fuerza en el que existen otros derechos Humanos y constitucionales insatisfechos por todo el país. Vivienda, Trabajo, Educación y Salud para ser breves. 

Coincido en que la pandemia exigía limitar la libertad de mercado para los servicios de internet y telefonía celular. Regulando esos servicios y controlando sus tarifas Y que en el artículo 42 de la CN, además de los derechos de los usuarios se proclamó la cláusula del avance tecnológico de los Servicios Públicos. Pero todo cuesta dinero. En el centenario de la radio en la Argentina, medio de comunicación que unió al país todo ese tiempo,  la declaración de esencialidad de un servicio Publico y , por ende el eventual auxilio financiero estatal, debe tratarse con mucho cuidado.

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Alberto Biglieri

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