El Gobierno decidió seguir haciendo ruido y activar políticas públicas fuera de la agenda de concordia, consenso y seducción de la opinión pública que dominó los primeros meses de pandemia. El impulso a la reforma judicial que, sabía, iba a ser un menú de difícil digestión en Juntos por el Cambio y generador de los discursos sobre la preservación de la República y otros eslóganes que  se calzó el macrismo- tuvo su segundo paso con más acción. Esta vez no fue un proyecto de ley sino un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) sobre la declaración de servicio público de la TV por cable, internet y telefonía.

El Gobierno ya había hecho un intento por garantizar la conectividad en sectores vulnerables con el lanzamiento de un combo popular de telecomunicaciones. No fue suficiente. El presidente Alberto Fernández salió a cruzar las versiones de que se trate de un DNU con nombre y apellido y a conjurar uno de los argumentos que habían empezado a esgrimir por lo bajo, las empresas alcanzadas por la medida: el eventual perjuicio a las pymes proveedoras y a las cooperativas.

Al  oficialismo no le está resultando fácil plantear consensos públicos cuando las medidas se anuncian primero y se explican después. Ya le pasó con el caso Vicentin -ya fracasó la vía legislativa, la vía del decreto, y la vía provincial y ahora salió a jugar la AFIP-. con la reforma judicial, que tiene destino iniciar una siesta en Diputados y ahora el DNU de telefonía. 

En el caso de telecomunicaciones, circuló en las últimas horas un menú de recomendaciones para funcionarios, dirigentes y legisladores para bancar la medida. Sintetizando, se plantea allí que el DNU permite:

  • garantizar el acceso a servicios públicos, congelamos los aumentos y cuidamos los bolsillos
  • explicar que ante las restricciones que la pandemia  impone, nadie deberá resignar parte de sus ingresos en afrontar un nuevo incremento de estas tarifas
  • que la educación, el acceso al conocimiento, a la cultura y a la comunicación son derechos básicos que se deben preservar y
  • que el Gobierno está cumpliendo "con el compromiso asumido  de terminar con la lógica de los tarifazos de los últimos años".

Todo lo dijo Alberto. No muchos más.

Opositores a lo Marx

Juntos por el Cambio parece guiarse en el Congreso bajo la lógica de "tengo estos principios, pero puedo tener otros". Desde hace dos meses está sesionando en Diputados y en el Senado via Webex con un sistema mixto con pocas presdencias físicas y muchas presencias remotas.

La coalición opositora había resistido firmemente sesionar en forma virtual pero aceptó finalmente a partir de la extensión de contagios y restricciones consecuentes, y bajo esa forma se sancionaron leyes tan nodales como la del Teletrabajo y la súper moratoria.

Ante el envío de la reforma judicial, ahora aseguran que no votarán la extensión de sesiones virtuales excepto que se elimine ese tema de agenda, que se aprobará en el Senado primero. Los argumentos flaquean allí. Si se pudo hacer sesión virtual con rondas de consulta por un tema, también se puede hacer por otro, no importa la profundidad de la reforma. Excepto que haya cuestiones que requieren una charla presencial y sin testigos. Casi casi, como los no aclarados motivos del viaje de Mauricio Macri a Paraguay, referente del espacio opositor aunque algunos ya le calcen las pantuflas.

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