La crisis que atraviesa la industria nacional supera holgadamente, tanto por extensión como por profundidad, al colapso derivado del conflicto por la Resolución 125 de 2008 y la crisis internacional, iniciada en septiembre de ese año. Según las estadísticas de la UIA, en ese período, el efecto había sido una brusca desaceleración del crecimiento (la industria crecía desde 2003 a tasas superiores al 8% y, en 2008, su producto apenas avanzó un 2,3%) y una merma de la actividad del 5,1% en 2009, menos abrupta que lo que publicó el Indec de Cambiemos (-7,3%), pero tampoco tan moderada como la indicada por Indec del gobierno anterior (-0,5%). No obstante, ya en 2010, según todas las mediciones, la industria volvió a crecer fuertemente. Para la entidad empresaria la tasa de crecimiento anual llegó en ese año al 10,5%.

El combo de políticas aplicadas en contra del sector fue letal. Entre ellas, las principales fueron la contracción del consumo interno a través de la promoción de paritarias muy por debajo de la inflación y aumentos de haberes también muy inferiores al incremento del costo de vida, una administración cambiaria y metas de inflación erráticas que generaron demasiada incertidumbre para desarrollar inversiones productivas, subas desproporcionadas de las tarifas de los servicios públicos que además fueron dolarizadas, incremento de la presión tributaria con más impuestos a los combustibles, a importaciones de insumos y bienes de capital sin capacidad de fabricación local, quitas de reintegros a las exportaciones y retenciones, apertura importadora a bienes producidos localmente, eliminación de líneas de crédito promocionales para la producción, subas de tasas de interés al nivel más alto del mundo considerando la inflación esperada por el REM y las tasas de referencia efectivas del Banco Central y el desfinanciamiento de la ciencia y la tecnología y la eliminación de estímulos a la inversión en I+D a través, por ejemplo, de aportes no reembolsables para los proyectos de desarrollo tecnológico y la reducción del presupuesto al INTI y al Conicet.

La reversión del perjuicio generado, por supuesto, llevará mucho tiempo, sobre todo por la reducción de recursos públicos ya comprometidos en los últimos tres años y medios por la actual administración para pagos futuros de deuda externa en dólares y el muy pobre acceso al financiamiento que dejarán. También será difícil reconstruir los empleos perdidos, la degradación de las instalaciones productivas, el vaciamiento de los organismos de regulación públicos por despidos pero también por los incentivos a la salida de funcionarios idóneos por las fuertes reducciones salariales reales y la consolidación de patrones de comportamiento empresariales rentísticos, entre otras duras secuelas de otra tanda de políticas neoliberales.

En primer lugar, será central recuperar la capacidad de consumo de los sectores más postergados y vulnerables

En primer lugar, será central recuperar la capacidad de consumo de los sectores más postergados y vulnerables. No sólo por las evidentes necesidades básicas a cubrir, sino también por dos factores que hacen que macroeconómicamente esos sectores sociales deban liderar la demanda. Uno es que poseen mayor propensión a consumir y, por lo tanto, el efecto multiplicador en el resto de las actividades es más potente. En segundo lugar, porque su demanda se orienta en mayor medida que el de sectores sociales de mayor poder adquisitivo a bienes elaborados por cadenas de valor industriales que tienen más alto grado de integración y, por ende, de autonomía en la elaboración de productos, limitando de esa manera una mayor demanda de importaciones que podría generar presión en el mercado cambiario y, por lo tanto, más tensión inflacionaria.

Esas medidas habría que financiarlas por el costo fiscal que implicarían. Afortunadamente, hay sectores con capacidad contributiva mayor que la que hasta ahora enfrentan. Para eso, se podrían activar, por ejemplo, las siguientes medidas: un impuesto extraordinario sobre la rentabilidad registrada por parte del sector financiero, en base al Informe sobre Bancos que publica el BCRA; ese tributo podría cubrir solamente la diferencia entre la rentabilidad promedio, registrada en el período 2015/2017 y la rentabilidad extraordinaria registrada en 2018; impuestos a la herencia, en base a patrones establecidos en los países integrantes de la OCDE; incremento de la alícuota del Impuesto a los Bienes Personales, en función también del nivel promedio establecido en los países de la OCDE con una alícuota altamente progresiva; un impuesto extraordinario y con alícuota progresiva del 2 al 15% sobre las personas que adhirieron al Régimen de Exteriorización de Activos de 2016/2017; restablecimiento de la alícuota del 35% como derecho de exportación del complejo sojero; incremento de las alícuotas de los derechos de exportación para el cuero curtido y sin curtir hasta el 35%, de los tops de lana y de la lana sucia hasta el 35% y de otras materias primas con capacidad de desarrollo productivo local.

Se podría activar un impuesto extraordinario sobre la rentabilidad registrada por parte del sector financiero

Por otra parte, también habría que recuperar y estimular el financiamiento a la producción en sectores que tengan mayores capacidades de generación de empleos y distribución del ingreso; volcar nuevamente recursos a inversiones que impliquen un desarrollo tecnológico innovativo; diseñar un sistema de administración comercial que genere estímulos al desarrollo productivo. También será central articular las compras del sector público con la capacidad de oferta de la industria, orientando esa demanda mucho más preferentemente hacia las pymes. Un gran desafío deberá ser la creación de empresas públicas en sectores estratégicos que permitan un mejor funcionamiento de los mercados más concentrados que ofrecen bienes y servicios donde no existe capacidad tecnológica de importarlos o exportarlos y hay sistemáticos abusos de posición dominante que deterioran estructuralmente la competitividad de la economía (por ejemplo, en telecomunicaciones, transporte, intermediación comercial y financiera, inmobiliarias, entre otras).

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