Ricardo M. Chicolino.

En los tiempos que corren, atravesados por la crisis de la pandemia- que afecta a todas las economías mundiales,  los ciudadanos reclaman medidas para atemperar las consecuencias que derrama.

Los gobernantes, se debaten entre priorizar la salud física de la población o de la economía, incluyendo la del Estado y de las empresas, sin darse cuenta de que no existen dos variantes de la salud – física y económica – sino que es la misma, es única, porque la afectación de una incide directamente sobre la otra.

Cuando el Estado hace grandes esfuerzos para ayudar a las empresas, y, paralelamente pretende cobrar impuestos que representan una exacción ilegal, surge el interrogante respecto de qué parte de la salud de la economía pretende preservar.

El 23 de diciembre de 2019, mucho antes de la pandemia, se creó un impuesto especial que alcanza a las personas humanas (“residentes” en el país que posean bienes en el exterior y, paralelamente, se incrementó sustancialmente la tasa del Impuesto Sobre los Bienes Personales que las alcanza a los bienes del país. En efecto, mediante el artículo 28 de la Ley 27.541 se modificó el artículo 25 de la Ley 23.966 que rige el citado tributo.

Si bien dicha reforma fue anterior a la pandemia, su llegada debió generar una reacción oficial para atemperar sus efectos considerando que, desde mi óptica, está teñida de un cierto grado de ilegalidad porque afecta elementales principios constitucionales.

Antes de entrar en los efectos jurídicos de esta reforma, voy a intentar plasmar los adversos efectos económicos que genera, partiendo del hecho de que fue una preocupación de todos los gobiernos “repatriar” el dinero que los argentinos tienen en el exterior, sin advertir que su huída fue una consecuencia directa de los errores de muchos gobiernos anteriores.

Inseguridad jurídica

Si admitiéramos que el regreso de ese capital termina con los males estructurales tal falacia choca contra estas medidas que nos alejan de esa posibilidad. Hubo un “blanqueo de capitales” que alentó su regreso y los motivó con una rebaja del impuesto, y otro que los castiga por tener dinero en el exterior y eleva la tasa del Impuesto sobre los Bienes Personales hasta en 10 veces ( en ciertos casos pasó del 0,25 % al 2,25% ) afectando seriamente la seguridad jurídica.

Mientras muchos países incentivan el ingreso de capitales ofreciendo beneficios de distinta naturaleza, el nuestro en medio de la pandemia indirectamente motiva su huída al cobrarles impuestos que representan una exacción con fuertes vicios de ilegalidad, se debería invitar al regreso ofreciéndoles al menos “seguridad jurídica”. La alícuota del impuesto supera el rendimiento del capital.

Mientras en el mundo el interés es negativo, y el rendimiento no supera el 2% en nuestro país existen contribuyentes que pagan el 2,25% de Impuesto sobre los bienes personales, en consecuencia el rendimiento del mismo es inferior al impuesto a tributar.

La confiscatoriedad del impuesto

Para demostrar la inconstitucionalidad del Impuesto sobre los bienes personales a través de la confiscatoriedad debe probarse fehacientemente que el impuesto afecta un gran porcentaje del rendimiento. En efecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) opinó que un impuesto resulta confiscatorio y, por ende, incompatible con el derecho de propiedad, cuando el estado se apodera de una porción sustancial del capital – para este impuesto -, siendo necesario considerar a tal efecto el valor real de los bienes y no su valuación fiscal y además considerar su productividad posible, es decir, la capacidad productiva potencial del mismo.

Fue así que en el Impuesto Inmobiliario – que también grava el capital - la CSJN expreso que demostrar la confiscatoriedad es indispensable probar que el tributo absorbe una parte sustancial de las utilidades producidas por el inmueble gravado, considerando el rendimiento normal medio de una correcta explotación del inmueble alcanzado.

Afectación del principio de igualdad

El Artículo 16 de la CN establece que “la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”. También la CSJN ha interpretado que en lo relativo a los impuestos la igualdad implica establecer impuestos idénticos a contribuyentes que estén en condiciones análogas, no obstante, el legislador puede establecer distinciones o formar categorías n o arbitrarias o inspiradas en una manifiesta hostilidad contra determinadas personas o clases.

Si bien el gobierno podría argüir que intenta incentivar la inversión en el país, lo cierto es que trata de manera distinta a las personas humanas residentes que posean bienes en el exterior respecto de aquellas que los tienen en el país.

Conclusión


El Impuesto sobre los bienes personales aplicado sobre los bienes radicados en
el exterior pertenecientes a las persona humanas residentes en el país contiene
rasgos de clara tendencia inconstitucional
que se visualizan claramente a través de la
afectación de los principios de igualdad, legalidad, no confiscatoriedad y por ende
el de propiedad.


Asimismo, conforme surge de la jurisprudencia , corresponde destacar la importancia de los medios probatorios para probar la afectación del principio de “no confiscatoriedad” teniendo en cuenta que el máximo tribunal dejó claramente establecido que la probanza radica en demostrar la incidencia del impuesto sobre la renta potencial de los bienes radicados en el exterior.

* Contador público 

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