En el gobierno de Mauricio Macri se contrajo la deuda más grande en la historia argentina. Ésta hoy la debe afrontar el actual gobierno dentro del contexto argentino, el cual ya es habitual la toma de la deuda. Así las cosas, haciendo una suerte de pequeño relevamiento historicista, la primera ocurrió después de la independencia. Entonces, quien hizo lo propio fue Bernardino Rivadavia con el empréstito Baring, implementándose el primer gran endeudamiento que acabó por pagar el General Perón en el año 1947, el cual se constituiría en uno de tantos a la postre. 

Ni bien asumió el Ministro de Economía Martin Guzmán, en el presente, éste afirmaría que Argentina iba a realizar una oferta a los acreedores, la cual globalmente contempla un periodo de gracia de tres años y una quita en términos de pago de capital de 3.600 millones de dólares, todo con una reducción de intereses del orden del 62 por ciento. Así, se propone cambiar la estructura de bonos por otra que implique un periodo de gracia de tres años donde no se pagaría nada en 2020, 2021 y 2022, al tiempo que sí se lo haría por medio de un cupón promedio de 0,5% en 2023. Esas tasas irían creciendo hasta niveles sostenibles y no afectaría a que tal deuda sea pagada por medio de los más vulnerables.

En el año 2015, se aprobaron los principios básicos para guiar la reestructuración de deudas soberanas en la asamblea de la ONU, una iniciativa impulsada por la Argentina a raíz de la pelea con los fondos buitre. La que empujó esta reforma fue la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, denotando un cambio en el tratamiento de las finanzas internacionales. Los principios que sobresalen en esta norma son los de legitimidad, que establece que los términos y las condiciones de los contratos deben ser originales; sustentabilidad, donde haya una negociación consciente y responsable; por último la mayoría, donde se tiene que respetar la decisión de la mayoría de los acreedores. 

Hoy en día, toca atravesar un problema internacional relevante: la pandemia del Coronavirus, que no solo resulta ser un problema para la salud para los países sino también para sus economías, en particular la de los países emergentes. La deuda contraída con el FMI por la administración del ex presidente Mauricio Macri fue de 44 mil millones de dólares, los cuales son imposibles de pagar si la Argentina no tiene crecimiento. 

Nuestro país puede reconstruir su economía y sociedad a partir del diez de diciembre, cuando asume el Dr. Alberto Fernández, quien realizó una rápida y gran auditoria institucional para averiguar y saber en que estado estaba el país para poder realizar una oferta para el canje de la deuda. 

La última oferta que se hizo a los bonistas privados no fue aceptada por éstos. Con el paso de los días, los acreedores entregaron tres ofertas al gobierno a la espera de contraoferta. La primera tuvo una gran aceptación de los acreedores, al tiempo que se propuso canjear en bonos emitidos bajo legislación extranjera por otros títulos con vencimiento a 20 años. Además, no pagar ni capitales ni intereses hasta el 2023, y ese año abonar una tasa del 0,5%, que iría creciendo hasta niveles sostenibles. 

Para concluir, nadie puede negar que la Republica Argentina tiene la voluntad de pagar y los acreedores privados la de negociar. Así, el eje en cuestión es buscar una solución donde pueda crecer económicamente para generar dinero y luego abonar, al tiempo que evitar un ajuste para que lo pague el pueblo, quien viene de años anteriores de ajustes en la última administración del macrismo.

Abogado y Docente Universitario