Lope de Vega no se va a ruborizar si,usando nuestro interminable diccionario de argentinismos, ponemos en cartel una versión local de su célebre comedia y la titulamos “El perro de Ercolano”

Cuando todavía la vida privada, los contratos y la privacidad estaban lejos, muy lejos, de la injerencia estatal, la Corte Suprema de Justicia en 1922 estableció uno de sus máximos precedentes al convalidar la constitucionalidad de la Ley de Alquileres que le puso limite a las negociaciones libres entre locadores y locatarios. La intervención administrativa en la economía apareció para quedarse y se fundó, desde allí, la lógica que reconoce a la regulación económica como una de las armas más poderosas de la administración publica para influir en el desarrollo de la economía. Para actuar cuando el mercado no ofrece garantías de distribución ni soluciones justas.

No voy a comentar aquí (confieso que no la he leído) la nueva ley de alquileres.

La introducción que planteo va en camino a instalar algunas ideas que deben ser tratadas en el Congreso Nacional para reconstruir el tejido contractual que destrozó la cuarentena pero que, como adelantamos -y acertamos- en el Caso Vicentin, no se puede despreciar alguna iniciativa provincial o de la Ciudad que se expanda sobre una competencia nacional no ejercida.

A esta altura de los acontecimientos se quemaron todos los planes y fórmulas clásicas para imaginar el día después. Y, la ciencia comparada se abre camino para buscar respuestas en disciplinas de las que no abreva la economía en la normalidad.

En nuestra columna “Año bisiesto, año sabático” ya habíamos planteado la necesidad de impulsar algún método que tenga como horizonte la continuidad de los contratos (de empresa, comerciales, laborales, de alquiler, de producción, financieros, etc) a partir de un reconocimiento de la imposibilidad del cumplimiento literal de compromisos que están “parados” por la pandemia. Una iniciativa que no lleve a todos (al fin y al cabo nadie de la economía formal quedó indemne) a discutir a la justicia y encarecer un proceso innecesario de solución de controversias que puede ser previsto por la ley.

Desde la irrupción de Kahneman y su abordaje psicológico sobre la conducta para llegar al Nobel de Economía, nada obsta para que nuestro vocabulario y razonamiento se nutra de comparaciones. Durante la pandemia campeó, a pesar de nuestra reticencia, el vocabulario bélico y múltiples estrategias militares para hacer frente al virus enemigo.

A nadie le sorprenderá que pasada la hipercuarentena nuestras reflexiones cotidianas se abracen al lenguaje medico. Ya sabemos que éramos 40 millones de Ministros de Economía, de DT, de opinólogos, y que a partir de este año seremos también 40 millones de sanitaristas e infectólogos.

Entonces, me permitiré metaforizar las propuestas económicas con recetas medicas. Y para ello qué mejor que honrar a uno de nuestros prohombres. Favaloro nos dejó el by pass, hoy superado por recursos de alta tecnología, pero nacido de la ciencia y la eficiencia de nuestros profesionales. Eso hace falta para volver a arrancar. Un by pass que asuma el Congreso y no lleve más presión al corazón de la economía, que no es la industria, ni el campo, ni el capital. El motor real es la seguridad jurídica que buscamos para cuidar nuestro pichón de Fénix, que tiene que resurgir de las cenizas. Una vez más.

Si preservamos los contratos el primer paso, la voluntad de las partes para seguir en actividad, estará dado.

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