El plazo vence este viernes a las 9.30, cuando hayan transcurrido las “dos primeras”. La burocracia estatal bautizó así a las dos horas iniciales de actividad de cada jornada, cuando ya están abiertas todas las mesas de entrada. Para esa hora, los exsocios de Mauricio Macri en los peajes de Panamericana y Acceso Oeste deberán haber respondido el aviso de desalojo que les envió el 28 de julio pasado el Ministerio de Obras Públicas por las irregularidades que detectó en la prórroga hasta 2030 de las concesiones de esas dos autopistas, firmada de apuro por Guillermo Dietrich en 2018.

Entrada la noche madrileña, abogados del grupo Abertis introducían ayer los últimos retoques a ese descargo escrito que amenaza con inaugurar un largo conflicto internacional, cruzado por el poderoso lobby vial ibérico y seguido de cerca por el gobierno de Pedro Sánchez. Pero los hallazgos de la auditoría que durante más de un año llevó adelante Gabriel Katopodis son tan elocuentes que también reactivaron la causa judicial donde estuvieron procesados Dietrich, Javier Iguacel, Bernardo Saravia Frías y Nicolás Dujovne. Para la plana mayor del macrismo, esa causa es una bomba de tiempo. Aunque la tramita la jueza María Eugenia Capuchetti, designada por el exmandatario, el 7 de octubre próximo puede cambiar de manos. Ese día Capuchetti dejará de subrogar el juzgado federal Nº5, que dejó vacante Rodolfo Canicoba Corral al jubilarse el año pasado. Salvo que, por obra del curioso azar de los tribunales de Retiro, vuelva a salir sorteada.

Consciente de la inestabilidad política que reina en los pasillos desolados de Comodoro Py, donde prefiere trabajar a diario -con protocolos- para no perder el roce de lo presencial, la jueza ya tomó sus recaudos. La semana pasada hizo lugar a un reclamo de la Unidad de Información Financiera (UIF) y abrió una causa anexa para investigar a los mismos imputados por lavado de dinero, por si intentaron reintroducir en el sistema el dinero que pueda haber surgido de ilícitos como eventuales coimas. El sorteo volvió a favorecerla, el fiscal Eduardo Taiano apeló y ahora debe definir el titular de la Cámara Federal, Martín Irurzun. Esta semana, además, terminó de convocarse el cuerpo de peritos que revisará la prórroga de la concesión.

Lo que nadie preveía es la metástasis que provocó el escándalo de las autopistas en el planeta sindical y en la interna oficialista. Ayer Facundo Moyano sorprendió al renunciar a la banca de diputado que ganó en 2019 y donde tenía mandato por dos años más. Él niega que sea porque el Gobierno desechó su proyecto de estatización bajo una empresa nueva, con participación accionaria del Sindicato Unido de Trabajadores de Peajes (SUTPA), pero en Vialidad y en Obras Públicas no le creen. “Cayó en la cuenta de que sus afiliados van a ser empleados públicos como los maestros, los médicos y los enfermeros y se ve que no le gustó”, dijo a BAE Negocios uno de los funcionarios que sigue el tema. No hace mal en preocuparse: según CIFRA-CTA, el salario público promedio cayó 6,2% en 2020 y suma un desplome del 23,8% desde 2015.

En Corredores Viales, la empresa estatal que absorberá a los 1.800 empleados de Autopistas del Sol y Grupo Concesionario del Oeste (GCO) si avanza la rescisión del contrato que firmó Dietrich, el movimiento fue frenético durante toda la semana. La idea de su titular, Gonzalo Atanasof, es organizar dos unidades de gestión distintas: una para los fallidos corredores “PPP”, donde trabajan 3.500 personas, y otra para los dos accesos, que mantendrían a su vez sus estructuras separadas de compras y contrataciones. Aunque los balances digan lo contrario, ahí aseguran que ambos accesos registran ganancias operativas aun con la tarifa actual (congelada el año pasado y apenas incrementada un 9% este año) y con la merma de tránsito que generó la pandemia. Así de mullido era el colchón de rentabilidad que les había dejado Macri.

Caídos del camión

Antes de abandonar su banca, Facundo se aseguró una paritaria del 40% para los empleados del SUTPA que Corredores Viales formalizará el martes. No le empata a la inflación interanual del 51,8% que estimó ayer el INDEC para julio pero se le arrima bastante más que otras. La gran pregunta que retumbaba ayer es hasta dónde su autoeyección debe leerse como una declaración de guerra de toda su familia -o incluso del sindicalismo- hacia el vértice del oficialismo. A Hugo se lo oyó rezongar días atrás: “El Frente de Todos ya parece el Frente de unos Pocos”.

¿Habrá otro divorcio traumático con los Moyano como el de aquel último mandato de Cristina Fernández de Kirchner? ¿Qué hará para contenerlos Sergio Massa, quien animó a Facundo a avanzar con su proyecto de estatización con participación accionaria del SUTPA cuando Katopodis ya había pactado con Alberto Fernández y con Cristina avanzar en la otra dirección? ¿Cuál habrá sido la gota que rebalsó el vaso? ¿Lo de las autopistas? ¿La escasez de sindicalistas en las listas de candidatos, donde además los designados como Vanesa Siley y Sergio Palazzo son rivales internos del moyanismo en la CGT? ¿La personería gremial para la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que le disputa a la CGT la representación de trabajadores que el modelo dejó a la intemperie?

Son incógnitas pesadas, como los dilemas presupuestarios que se dirimen por estos días. Aunque Cristina saldó a favor de Federico Basualdo la interna por las tarifas de la energía y desautorizó para siempre a Martín Guzmán, la cuenta de subsidios empezó a incrementarse exponencialmente y no tanto por la decisión (atendible) de evitar afectar más los ingresos de la clase media y media baja sino por los altos precios (en dólares) que garantizó a las petroleras el Plan Gas. Según el informe mensual de la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (CAMMESA), el costo monómico de generación de energía saltó de $4.508 millones en junio de 2020 a $8.200 millones en junio de este año. Aunque en el gobierno dicen que se debe a la sequía y a la necesidad de importar combustible para suplir lo que aportaban las hidroeléctricas, lo cierto es que quienes extraen gas localmente cobran U$S 4,54 el millón de BTU, casi lo mismo que cuesta el gas boliviano. Así es como se transfiere mensualmente mucho más dinero a CAMMESA que a políticas alimentarias o que al programa Potenciar Trabajo.

Los dueños de las petroleras aducen que si cobran menos no pueden mantener las inversiones, especialmente las costosas perforaciones en la roca de Vaca Muerta. Los desmiente en su libro “Entender Vaca Muerta” el cinco veces gobernador de Neuquén Luis Felipe Sapag, de quien nadie podría sospechar animadversión hacia la industria, y para quien “cualquier valor por debajo de esos parámetros (del precio de importación) es conveniente para la Argentina, pues deja de pagar la diferencia”.

Es dinero que Guzmán quiere cuidar a toda costa, ahora que el mercado local de deuda en pesos dejó de sonreírle y que la recaudación ya no vuela. Mercedes Marcó del Pont también empezó a cuidar la caja: les dijo que no a los profesionales de Ciencias Económicas que le pidieron una segunda prórroga de Bienes Personales (ya se había prorrogado dos veces, por 60 días) y también a los estudios top que protestaron contra la alícuota incremental para bienes radicados en el exterior. Esa sobrealícuota, que impuso apenas asumió Fernández, le corresponde apenas a 100 mil contribuyentes con patrimonio offshore.

Servicios prestados

La recaudación de fondos de campaña, en ese contexto, tampoco podía quedar exenta de controversias. Las inauguró Elisa Carrió al sugerir que Javier Milei era financiado “por la SIDE”, justo después que se conociera una encuesta que asignaba 10% de intención de voto al economista ultraconservador en la Ciudad. Pero no es el único reporte de operaciones sospechosas de la semana vinculado a las listas opositoras. El portal Wikileaks acaba de publicar 17.000 documentos que dan cuenta del financiamiento por parte de magnates españoles de ONGs como Hazte Oir y la Atlas Network, sponsors a su vez de activistas contra el aborto y el matrimonio igualitario en toda Latinoamérica. El primer proyecto en Argentina de la Atlas Network fue el Centro para la Apertura y la Democracia en América Latina (CADAL). La directora académica de CADAL es Sabrina Ajmechet, séptima candidata en la lista de María Eugenia Vidal, que apadrina Horacio Rodríguez Larreta y amadrina la propia Carrió.

En los municipios del Conurbano donde procura hacer pie Diego Santilli también llueven fondos porteños. Primero llegaron los patrulleros que descartó la Ciudad, siempre donados a distritos PRO y llevados personalmente por el “Colo”. Ahora la lupa peronista se posa sobre empresas prestadoras de servicios que se superponen con tareas de los empleados, como la limpieza de oficinas. En el Vicente López de Jorge Macri, por caso, el año pasado esa cuenta no bajó de los $150 millones. Justo en ese distrito, igual, el proselitismo no va a demandar grandes erogaciones porque el primo de Mauricio hace campaña de brazos caídos. Como colgó su boleta de concejales de las dos listas internas, le da igual quién gane.

La campaña esta tan vacía de contenido que Miguel Pichetto se indignó y cargó contra el 'buenismo' de sus propios candidatos. Más fuego amigo. Por suerte, los cruces internos ofrecen el entretenimiento que las plataformas y los programas no: ayer Mayra Mendoza se sacó con Cristina “la selfie con la que no puede faltar”, un coletazo del reproche que ya había salido de la cuenta oficial de Twitter de La Cámpora hacia la del PJ, por la foto con la que evocó aquel triunfo del 11 de agosto de 2019, sin Cristina, que había votado en El Calafate. No fue una semana fotogénica para el Presidente. A esa misma hora se viralizaba en las redes la del cumpleaños de Fabiola, en plena cuarentena estricta del año pasado, sin barbijos ni distancia social. ¿Más fuego amigo?

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Alejandro Bercovich

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