Lejos está de amilanarlos el choque frontal del plan "Precios Justos" contra la inflación del 6% en enero, un prematuro golpe de gracia para la meta del 60% que se autoimpuso Sergio Massa para todo 2023. Tampoco los frenan la incertidumbre política ni la tensión social que se adivinó esta semana en las tórridas calles porteñas. Desde mediados de enero, un pequeño aluvión de financistas, inversores y analistas al servicio de grandes bancos y fondos de Wall Street empezó a llegar al país para anticiparse al resultado de las elecciones, evaluar en persona las perspectivas económicas y sacar su tajada de la transición.

 

Lo saben en los hoteles cinco estrellas del centro y en las consultoras más cotizadas de la City, que no dan abasto para alojarlos, proveerles salones para sus citas y ayudarlos a descifrar el intrincado escenario local. Bancos como el BBVA, el Citi y el Bank of America ya tienen agendadas reuniones para las próximas semanas con economistas y consultores políticos, mientras fondos de inversión gigantescos como el estadounidense Fidelity preparan sus propios viajes para más adelante. Con una decena de integrantes cada una en promedio, no menos de diez misiones de ese tipo aterrizarán en Ezeiza antes que termine abril.

No es que prevean un boom económico para los próximos años ni que proyecten un descenso rápido de la inflación. Al contrario. Su intención es sacar provecho de las turbulencias que entrevén para los próximos meses. El sueño eterno de comprar un activo en su piso para venderlo después, incluso en medio del caos, un poco más caro. Algo que a los financistas les parece probable después de un castigo que algunos juzgan exagerado contra el valor de bonos, inmuebles, empresas y acciones de compañías argentinas. Una opinión que comparte Morgan Stanley, banco que -como reveló el viernes pasado esta columna- cree que las acciones locales recuperarán un 20% en dólares en 2023.

Quién es quién

Los nombres de quienes los visitantes buscan como interlocutores son toda una guía Lonely Planet para entender las internas del oficialismo y la oposición, pero especialmente lo borrosa que es la línea entre halcones y palomas de Juntos por el Cambio. La jefa de Bracebridge Capital, Nancy Zimmerman, por caso, fue recibida a mediados del mes pasado por Horacio Rodríguez Larreta. El jefe de gobierno porteño estaba flanqueado por su principal asesor económico, Hernán Lacunza, y por una de las figuras estelares del gobierno de Mauricio Macri que volvió al ruedo en los últimos meses, más en función de consigliere que de economista: el exFarmacity y exFreddo Mario Quintana.

Al igual que Luis "Toto" Caputo, Quintana goza de un acceso privilegiado tanto a Macri como a Rodríguez Larreta. Más próximo generacionalmente al jefe comunal que al expresidente, todavía dialoga con Elisa Carrió, que lo distingue con su respeto de casi todos los demás economistas del espacio. Desde que fue eyectado del puesto de vicejefe de gabinete en plena corrida cambiaria de 2018, tras avalar el acuerdo con el FMI, mantiene un perfil bajísimo.

Lacunza, más habituado a la exposición pública, coordina un grupo de economistas que se reúne en su oficina de Plaza San Martín y que reporta a diario a Larreta pero que semanalmente también le acerca algún informe al propio Macri y esporádicamente a Patricia Bullrich. Lo integran exfuncionarios como Guido Sandleris (ahora en el exterior), Lucas Llach, Rodrigo Pena, Milagros Gismondi, Nicolás Gadano, Gustavo Cañonero y Luis Secco. También hay nuevas incorporaciones como Andrés Borenstein y un par de "tapados" que aportan pero no aparecen porque todavía trabajan en bancos y organismos internacionales de crédito.

Más vinculados a Bullrich preparan sus propios proyectos otros dos economistas: Dante Sica y Luciano Laspina. Sica ocupó un lugar clave en la gestión Macri y desde su consultora Abeceb maneja importantes relaciones con el establishment, a la vez que teje contactos en el mundo sindical junto a Daniel Barberis, un hombre de confianza de la exministra de Serguridad capaz de llevar adelante sus planes más disparatados, como el fallido Servicio Cívico Voluntario en Valores (SeCiVoVa) que empujó en 2019. Laspina también coordina proyectos con Federico Pinedo, otro al que suelen buscar los visitantes para escudriñar el futuro.

Los radicales prefieren el consejo de los propios, pero que no son específicamente los economistas que empujó el partido a bancas en el Congreso, como Martín Lousteau y Martín Tetaz. Facundo Manes escucha a Marina Dal Pogetto y Gerardo Morales a Eduardo Levy Yeyati. Pero también se los ha visto a ellos en reuniones con inversores mezclados con los del PRO. El único que se autopercibe un escalón arriba es Carlos Melconian, de quien todos recelan y quien fantasea incluso -se lo ha dicho a importantes empresarios- con ser él mismo presidente.

La última vez que se cruzaron los economistas con más predicamento en JxC (Lacunza estaba conectado por Zoom, los demás en persona) no fue especialmente agradable. Terminaron teniendo que dar explicaciones por el contenido desestabilizador del comunicado que advertía sobre la "bomba" de la deuda en pesos. Según pudo corroborar BAE Negocios, dos de ellos incluso pidieron editarlo. Ya era tarde. Los dirigentes se los habían mandado en simultáneo a ellos y a la prensa.

Taca taca

Los pocos inversores extranjeros que no se aventuran al país con fines meramente financieros sino con proyectos para la economía real apuntan casi exclusivamente a la extracción de recursos naturales y al real estate. Son negocios imposibles de chocar, haga lo que haga la política. Los metros cuadrados de construcción o de tierra urbana, en ese sentido, tienen el mismo atractivo que el petróleo de Vaca Muerta: son finitos y enfrentan una demanda creciente por el crecimiento poblacional. El litio los seduce todavía más, porque el 90% de las reservas probadas del mineral se reparte entre Bolivia, Chile y Argentina.

Las conversaciones, en esos rubros, todavía se reparten en partes iguales entre oficialismo y oposición. Los socios australianos de Agustín Pichot, que anunciaron una apuesta millonaria por el hidrógeno verde de la mano del eyectado Matías Kulfas un año y pico atrás, ya empezaron a sondear al campamento cambiemita convencidos de que habrá alternancia. A De Mendiguren, en cambio, lo entusiasmaron los chinos de Chery con un proyecto para fabricar y exportar a todo el mundo baterías que les darán a sus vehículos una autonomía de 800 kilómetros y que podrán cargarse al 100% en apenas 40 minutos. Ayer, la misma firma que desembarcó 12 años atrás de la mano de Franco Macri anunció una inversión de 400 millones de dólares en una planta con capacidad para ensamblar 100 mil autos eléctricos por año.

Chery viene a aprovechar un vacío. Las terminales automotrices radicadas en el país, mayormente europeas, solo quieren comprar el carbonato y el hidróxido de litio a megamineras como Livent o Río Tinto y se niegan a industrializar el mineral localmente. Ni siquiera Toyota, pionera en vehículos híbridos, avanzó gran cosa. Renault incluso llegó a proponerle a José De Mendiguren exportar parte de ese litio en bruto a sus filiales en otros países e importar autos terminados con los dólares que consiga. El secretario de Industria retrucó organizando un encuentro de técnicos de las terminales con ingenieros de YTEC (de YPF) y científicos del CONICET para que pensaran juntos en las baterías criollas, pero nada prosperó.

Para que haya apetito inversor sobre algo más que el rebote de bonos y acciones quizá falten certezas sobre el futuro inmediato, a ambos lados de la grieta. O tal vez lo que escaseen son las efectividades conducentes. Un proyecto minero que parecía avanzar a paso firme en Salta, por ejemplo, y que gestionó en persona cuando todavía era funcionaria provincial la actual secretaria de Energía y Minería, Flavia Royón, se frenó en 2022 por problemas regulatorios y de brecha cambiaria. El nombre del proyecto cuprífero, que impulsa la canadiense FirstQuantum, es toda una parábola: se llama "Taca Taca".