La bullrichización de María Eugenia Vidal ya se había percibido en los reportajes que organizó esta semana su comando de campaña, siempre en atmósferas controladas, pero ayer la virulencia de su discurso sorprendió incluso al núcleo duro del establishment. El presidente de la Cámara de Comercio, Natalio Grinman, se sintió obligado a intervenir cuando vio que la exgobernadora acusaba al Frente de Todos de haber impulsado expropiaciones de empresas, tomas de tierras y otros ataques a la propiedad privada, ni más ni menos que ante ejecutivos estadounidenses convocados por el Consejo de las Americas.

El fantasma del comunismo, una vez más, volvía a ser invocado por la candidata de una fuerza cuyo nuevo jefe, Horacio Rodríguez Larreta, acababa de pedir “terminar con la grieta” en el mismo escenario virtual.    

No es que hayan estallado diferencias entre los dos dirigentes que decidieron arrebatarle a Mauricio Macri el monopolio del uso legítimo de la lapicera en el último cierre de listas opositor.

El giro discursivo de Vidal, igual que la decisión de sumar al propio Macri a recorridas de campaña tanto porteñas como bonaerenses, responde a la fuga de votos hacia Ricardo López Murphy y Javier Milei en la Ciudad y hacia José Luis Espert en la Provincia que detectaron las últimas encuestas que recibió Rodríguez Larreta.

Son movimientos simétricos a los de Alberto Fernández cuando se autoproclama “revolucionario” o a los de Cristina Fernández elogiando a L-Gante a la pesca del voto joven. Espasmos en la niebla de unas elecciones donde priman la apatía y el desencanto con la política tradicional, dos fenómenos que suelen empujar al electorado hacia el voto bronca y las alternativas más extremas, como anticipó Salta hace apenas un par de semanas.  

Entre los casi 900 ejecutivos conectados cuando habló Vidal había colombianos, panameños, brasileños, norteamericanos, europeos y asiáticos. Sus caras de espanto mientras mentaba las expropiaciones convencieron a Grinman de plantear su disidencia. “Nosotros confiamos en Argentina”, terció. “Parecía que estaba hablando en un local del PRO”, le comentó por Whatsapp un colega de otra cámara patronal.

Es un cálculo que empiezan a hacer los más optimistas entre los empresarios top del país, como el contratista Hugo Dragonetti, dueño de Panedile, quien en mayo presagiaba un rebote a tasas chinas para risa de la mayoría de sus interlocutores. “Es parecido a lo que sucedió en 2003 y 2004, sin el turismo y todo lo que lo rodea”, compara ahora. Y dobla la apuesta: “Creo que vamos a cerrar este año creciendo entre 8,5 y 9,5% y a lo mejor queda un remanente para apuntalar 2022”.

Hay socios de la Unión Industrial que comparten ese optimismo, quizá exagerado, como lo hacían 20 años atrás tras la licuación salarial de Eduardo Duhalde y antes de las tasas chinas del lustro siguiente. Por eso explotó otra disputa interna en la central fabril, esta vez por la celebración del Día de la Industria la semana próxima. El martes, ante su Comité Ejecutivo, el presidente Daniel Funes de Rioja anunció que el festejo será en la planta de Cerámica Alberdi en José C. Paz. La idea original era hacerlo en la planta entrerriana de Baggio, pero una causa abierta por vaciamiento y desvío de fondos en esa fábrica de jugos y un sumario abierto en el Banco Central convencieron a Funes de que convocar ahí a ministros no sería fácil.

La pelea sigue abierta. El dueño de Cerámica Alberdi es Martín Rappallini, actual jefe de la Unión Industrial Bonaerense (UIPBA), investigado a su vez por la jueza María Servini como potencial partícipe de la asociación ilícita entre exfuncionarios y empresarios para desguazar al Grupo Indalo, de Cristóbal López y Fabián de Sousa, y quedarse con sus activos a precio vil. Fue uno de los referentes que apoyaron a Funes para que llegara a la presidencia de la UIA, junto a los grupos Techint y Arcor, y también para que vetara al massista José de Mendiguren de su conducción. Por las dudas, el industrialismo kirchnerista bonaerese ya armó su propio acto: va a ser el mismo 2 de septiembre en la fábrica de enlatados de Marolio, de Víctor Fera, sin Rappalini ni Funes pero con Axel Kicillof y el ministro ministeriable Augusto Costa.

La relación está tan rota que ayer la UIA fue reemplazada por la CGERA en el primer Congreso de la Producción y el Trabajo, un evento que organizó el Ministerio de Desarrollo Productivo en clave de campaña con empresarios y sindicalistas. El martes la UIA debatió si sus popes debían asistir al evento pese al ninguneo de la institución. Aunque directivos como Luis Betnaza propusieron boicotearlo, dos pesos pesado del sector fueron de la partida: el jefe de Toyota y de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), Daniel Herrero, y el coordinador del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) y presidente de la Bolsa de Cereales, José Martins. Este último se dio incluso el gusto de reclamarle a Martín Guzmán, sentado a su lado, el proyecto de ley de promoción de las exportaciones agroindustriales que garantiza estabilidad fiscal al sector. Ventajas de no patear la mesa.

Cuestión de Fondo

Las dos grandes diferencias con aquel fenomenal rebote de veinte años atrás, para desgracia de los optimistas entre industriales y contratistas, son la inflación y la magnitud de la deuda con el Fondo Monetario. Este lunes, de hecho, el Banco Central incorporó a sus reservas los DEG que emitió el organismo para repartir entre todos sus socios para paliar los estragos de la pandemia. Son U$S 4.355 millones de dólares que alcanzarían para cinco rondas de IFE ($10.000 para 9 millones de personas), para triplicar el presupuesto de las universidades nacionales, para construir 172 mil viviendas sociales o 145 hospitales de alta complejidad, pero que se irán por la canaleta de los propios pagos al FMI, que suman U$S 4.160 millones entre capital, intereses y recargos.

El Tesoro va a cerrar el año con DEGs por US$ 700 millones, mayormente tenencias que ya acumula, que según calculó ayer la consultora Equilibra le alcanzarían para pagar casi todo el vencimiento de capital de enero (unos U$S 730 millones) pero sin que quede resto para los intereses por US$ 370 millones que vencen en febrero. Ni hablar de los US$ 3.590 millones que vencen en marzo. Es el límite de la procrastinación a la que se entregó el oficialismo para no debatir un acuerdo con el Fondo en plena campaña. Es el fatídico 2022, el año que Nicolás Dujovne y Guido Sandleris creyeron que nunca llegaría, al menos a juzgar por los vencimientos que aceptaron asignarle en 2018, cuando firmaron el segundo pacto con Christine Lagarde.

Tal como se anticipó en esta columna el viernes pasado, el borrador del acuerdo está listo y tuvo sus últimos retoques dos meses atrás, cuando Sergio Massa volvió de Washington. Incluye cuatro años de gracia y déficit cero para 2025, pero con 10 años de plazo en total. El dato, que reprodujeron después otros matutinos y portales, reavivó esta semana la discusión interna en el Frente de Todos. Sus colegas del gabinete económico acusaron por lo bajo a Guzmán de haber vendido humo para que bonos y acciones repuntaran algo antes de las PASO, mientras desde el kirchnerismo se ponían en guardia ante lo que perciben como una injerencia estadounidense en el Frente a través del socio renovador.

Lo que evitó que la interna económica del oficialismo volviera a exponerse a cielo abierto fue algo insólito: la decisión de Macri de introducir el tema de la deuda en la campaña, aun cuando el colapso de su plan apadrinado por el FMI fue la principal razón de su derrota en primera vuelta. Todas las tribus del Frente cerraran filas de inmediato.

Al Council of the Américas, ayer, la senadora Anabel Fernández Sagasti lo sorprendió con un tono moderado respecto del Fondo. Pero evitó definiciones. "Ojalá que lleguemos a buen puerto", dijo apenas. Lo último que llegó al escritorio de Cristina es una propuesta para superar los 10 años de límite máximo con una cláusula: que recién empiece a contar el plazo desde el momento que la economía argentina recupere el nivel que tenía en 2018, cuando Donald Trump y Lagarde apostaron lo que apostaron por la reelección de Macri.

Seguridad jurídica

En una prueba palpable de hasta qué punto la oposición no terminó de procesar aquella derrota de 2019, no solo reapareció Macri para hablar de la deuda sino también Guillermo Dietrich para defender por televisión la segunda decisión más gravosa de la gestión que integró como ministro de Transporte: la prórroga hasta 2030 de las concesiones de Panamericana y Acceso Oeste, a favor de los antiguos socios del expresidente y en detrimento de los usuarios de las autopistas, que si se aplicara la letra del acuerdo deberían estar pagando $550 en el peaje de Márquez.

La causa por esa prórroga sin licitación se aceleró hace un mes, cuando el Ministerio de Obras Públicas advirtió a las dos concesionarias que había encontrado infinidad de irregularidades en su trámite. Dietrich duerme tranquilo gracias a la falta de mérito que dictó a su favor María Eugenia Capuchetti, subrogante en el juzgado que antes dirigía el jubilado Rodolfo Canicoba Corral. La situación presiona a Capuchetti, una jueza “del sistema”, como dicen en Comodoro Py, alineada con Ariel Lijo en las cinchadas opacas por el poder que se disputan en la trastienda del edificio de Retiro pero identificada con el macrismo por la fecha de su nombramiento y su pasado en la gestión porteña. Incluso con sus respaldos, es más riesgoso dilatar una causa en la que pocos se interesan que hacerlo con un expediente que agitan en el prime time televisivo sus propios investigados.

Ahora se sumó otro factor: a pedido de la Unidad de Información Financiera y Vialidad, la jueza ordenó abrir una causa conexa por lavado de activos que recayó (avatares del azar de Py) en su propio juzgado. Las miradas empiezan a posarse sobre Natal Inversiones, la empresa local que compró a Sideco Americana, la principal firma de Sociedades Macri (SocMa) su participación en Ausol el viernes 26 de mayo de 2017, por 551 millones de pesos de entonces. Las principales preguntas son dos: de dónde salió esa plata y por qué Natal decidió invertirla en un negocio que se terminaba al año siguiente. Hasta ahora, las únicas explicaciones plausibles para lo segundo son dos: que tenía inside information sobre la prórroga o que el propio Macri estaba de los dos lados del mostrador. En ambos casos habría delito. La segunda alternativa también explicaría el origen de los fondos.

La falta de mérito para Dietrich fue apelada por la UIF y por Vialidad, las dos querellas del caso, pero los que deben decidir son los jueces de la sala 2 de la Cámara Federal, Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia. Con sus antecedentes, nadie cree que puedan complicarlo. Del lado de los concesionarios beneficiados por Dietrich, Canicoba en su momento pidió indagar a Alfredo Barberis Martin, el ejecutivo que firmó la renegociación. Pero no fue indagado ni procesado. No se llegó siquiera a delimitar el hecho que le imputan, calificarlo como delito ni establecer su grado de autoría.

¿Beneficiará a los ejecutivos involucrados la “doctrina Betnaza” inaugurada por el juez Julián Ercolini en el caso Cuadernos? ¿Habrá sentado ya jurisprudencia la idea de que el coimeado es culpable pero el coimero no, como en el caso del lobista de Techint? ¿Contribuirá una arbitrariedad así con el clima de inversiones que reclaman los dueños del capital para efectuar los desembolsos que necesita el país para recuperar el empleo y evitar un espiral inflacionario? ¿O asustará tanto como una amenaza de expropiación en un país donde la acumulación originaria, siempre por despojo, no parece haber terminado?

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Alejandro Bercovich

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