Hoy la consigna es clara. No existe ninguna duda. #QuedateEnTuCasa. Todos sabemos que es la única vacuna descubierta hasta el momento y que nos protege del contagio. Sin embargo, una vez que cerramos la puerta de nuestro hogar surge una pregunta: ¿estamos realmente a salvo? Si todos debemos guarecernos y aislarnos para no contagiarnos, ¿Qué sucede con la gente que vive en la calle? Tal vez, hoy más que nunca esas personas dejan de ser invisibles y cobran cuerpo de preocupación para todos porque cualquiera puede ser un vehículo de contagio.

Ante la emergencia desatada por esta pandemia, la política habitacional vuelve al centro de la escena. Si bien es cierto que hay urgencias que atender, no es menos cierto que se torna indispensable discutir seriamente el derecho a tener una vivienda adecuada. Porque ese problema, que a veces se observa como el de unos pocos, hoy cobra magnitud ante la falta de aislamiento de esas personas que convierten su falta de un hogar en un problema de toda la sociedad. Este es un problema de larga de data en nuestra Ciudad.

Las discusiones sobre si el derecho a la vivienda es exigible al Estado lo único que han hecho es postergar las soluciones. La percepción social de que la vivienda debe conseguirse con el esfuerzo individual y no se le puede exigir al Estado de la misma forma que la salud o la educación pública han influido a la baja inversión estatal, lo que ha significado que el contexto habitacional se haya agravado.

Lo cierto es que desconocemos exactamente cuántas personas no tienen acceso a una vivienda digna. Pero sabemos que uno de cada diez porteños vive en villas, sumado a los miles que están en situación de calle y los tantos otros en situaciones de precariedad habitacional. Todos ellos viven en condiciones críticas y sin acceso a servicios básicos como electricidad, agua o cloacas, que hacen imposible el cumplimiento de las medidas mínimas de higiene.

Somos conscientes de que el virus viene a agravar la situación crítica de quienes ya padecen un contexto de vulnerabilidad total y que cualquier medida que se tome en esta emergencia no brindará las soluciones habitacionales definitivas que se necesitan. Mientras tanto, es imperioso responder a ciertos temas urgentes y que en tanto atravesamos esta pandemia nadie viva en la calle. Para lo cual se están activando decisiones que buscan garantizar las medidas de higienes preventivas, así como también ampliar camas en paradores. Por otro lado, se deben frenar los desalojos de las casas tomadas durante la emergencia, lo que hemos solicitado desde la Defensoría del Pueblo a la Cámara Nacional en lo Civil para evitar el incremento de la población en situación de calle.

Sabiendo que el déficit habitacional es estructural y que solo se modificará con políticas públicas integrales, las medidas temporales que se puedan llevar a cabo tal vez puedan minimizar la transmisión del Covid-19, pero es imperioso que se comience a discutir seriamente ahora que el tema es visible a la agenda pública. Tal vez esta pandemia nos permita discutir políticas estables que sirvan para modificar la precariedad que azota a miles de personas, desde antes y que seguirá después, y por la cual hoy en día, ellas y nosotros, nos encontremos tan expuestos.

Finalmente, es de suma importancia que a la hora de concebir la vivienda la tomemos como lo hace Naciones Unidas, entendiéndolo como el derecho a disponer de un lugar donde poder abrigarse y aislarse si fuera necesario como en estos días. Con espacio, seguridad, infraestructura y servicios básicos adecuados. Es hora de darse cuenta de que las personas que no cuentan con un hábitat adecuado son muchas y tienen derecho a vivienda digna.

*Defensora adjunta CABA