Como es sabido, los organismos de control se encuentran obligados a analizar y reflejar la recaudación e inversión que efectúan los administradores y funcionarios sobre los caudales públicos, además de intervenir en las decisiones que suponen un gasto para las arcas estatales.

Sin embargo, la presentación defectuosa de dicha información, entorpece la labor diaria que ejerce cualquier Tribunal de Cuentas y demás esta decir que los profesionales que lo integran muchas veces tienen que indagar en el intrincado laberinto de la Administración, para encontrar lo que buscan. Ahora bien, si aquello resulta dificultoso para quienes tienen el expertis ¿Qué posibilidades tienen los ciudadanos de conocer con certeza el aprovechamiento o destino de los fondos que, en mayor o menor medida, se nutren con sus aportes?

Desde el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Tierra del Fuego se impulsó un proyecto de ley denominado “Ley de Transparencia activa del Sector Público Provincial”, que fue remitido a la Cámara Legislativa para su tratamiento.

Su génesis está directamente vinculada con el derecho que tiene el ciudadano de conocer cómo se gestionan los recursos del estado. Ese acceso real a la información es un derecho imprescindible de la sociedad, y demanda un esfuerzo extra de quienes deben velar por el resguardo de los asuntos públicos.

Seguidamente, se explicarán en forma inteligible los alcances que se persiguen con el proyecto de ley, cuyo texto completo se encuentra disponible en la página web del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Tierra del Fuego: www.tcp.tdf.gov.ar, “Informes Cuentas de Inversión” ,“Proyecto de Ley”.

Transparencia activa

Como aspecto central, se persigue ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, estableciendo obligaciones a cargo de los responsables públicos que hacen al buen gobierno, así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento.

En ese sentido, se impulsa la unificación normativa, la consolidación de criterios, la simplificación en el intercambio de información, la optimización en el análisis de los datos y la garantía de que aquellos -en tanto conforman la Cuenta de Inversión del presupuesto provincial ejecutado en cada ejercicio económico- estén a disposición del Legislador, de los Organismos de Control y de la sociedad en general, de manera oportuna, adecuada y veraz, sin necesidad de efectuar requerimientos previos.

Para su elaboración, se tuvo en cuenta la experiencia adquirida a lo largo de los años y su finalidad -se insiste- es lograr de modo permanente un análisis ágil y eficiente del quehacer propio de las entidades que conforman el Sector Público Provincial, con los recursos con los que se cuentan en la actualidad; es decir, sin ocasionar costo adicional alguno.

Así las cosas, los sujetos obligados deberán publicar en forma mensual y actualizada (en sus páginas web) la información cuyo conocimiento sea indispensable para garantizar la transparencia de su actuación pública y una eficiente rendición de cuentas de los fondos que administran.

A su vez, las obligaciones contenidas en el proyecto se entienden aplicables sin perjuicio de la validez de la normativa autónoma preexistente y demás disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio en materia de publicidad. Por lo tanto, se tendrán en consideración los límites al derecho de acceso a la información pública previstos en el artículo 3º de la Ley provincial Nº 653 y especialmente, el derivado de la protección de datos de carácter personal, regulado en la Ley nacional Nº 25.326.

Así, cuando la información contuviera datos especialmente protegidos, la publicidad solo se llevará a cabo previa disociación de aquellos.

En cuanto al ámbito de aplicación, desde luego que sus disposiciones alcanzarán a todo el Sector Público Provincial (definido en los artículos 8º y 9º de la Ley provincial Nº 495) y a los fideicomisos públicos o fondos fiduciarios integrados con bienes y/o fondos del Estado provincial.

Al respecto, se aclara que entre los sujetos obligados (detallados en el párrafo que precede), se incluye a las empresas y sociedades del Estado provincial, sean sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta u organizaciones empresariales en que el Estado provincial tenga participación mayoritaria en su capital o en la formación de las decisiones societarias, pertenezcan éstas al sistema financiero o no financiero.

Palabras finales

De convertirse el proyecto en ley, se producirá una reorganización en la exposición de los circuitos administrativos que permitirá que las decisiones que implican erogaciones de fondos provinciales, sean cada vez más transparentes.

En tiempos en donde la sociedad exige que los recursos del estado sean utilizados de la manera más eficiente y eficaz posible, se entiende que este es un aporte que contribuye al cumplimiento de ese mandato.

Sin lugar a dudas, un nuevo paradigma en dirección hacia una efectiva transparencia para saber, en qué se gasta, cómo se gasta y para qué se gasta.

* Abogado (UBA). Mag. en Derecho Administrativo (Universidad Austral)

Relator del Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego