Mientras avanza el proyecto de Reforma Judicial, con algunas correcciones como la referida a la incomprensible unificación de los fueros civil y comercial federal y el contencioso Administrativo que desarrollamos en este espacio, la velocidad de trato en el Senado ha incluido a ultimo momento otra situación compleja que no aparece, a priori, con mucha claridad.

A la vez que saludamos la necesidad de avanzar en el proceso de transferencias de la Justicia penal común a la Ciudad (pedimos por los demás fueros) y la atribución en el interior de las competencias ambientales y de acciones colectivas a la justicia federal, venimos a alertar sobre la cuestión de las relaciones de consumo. Un tema que está creciendo y fortaleciéndose permanentemente en cada provincia con sus propias estructuras administrativas y judiciales locales.

A la espera de un ámbito de mayor reflexión y consensos, como pretendemos que se desarrolle en la Cámara de Diputados, venimos a alertar sobre una cuestión conflictiva.

El artículo 71, sin connotación escatológica alguna, incluye aspectos de disímil solución, y esa mezcla no aparece como muy feliz. En esa norma se tratan en conjunto las atribuciones a la Justicia federal en el interior del país de las competencias en ambiente y de procesos colectivos que recién elogiamos, y las relaciones de consumo.

La pretensión de incluir en la jurisdicción federal a las acciones de consumidores y usuarios podría abordarse desde dos atalayas. La primera, amarrada en la naturaleza de la relación en la que el prestador sea una empresa (pública o privada) cuyos servicios estén sujetos a una regulación federal. Algo de poliamor, un triangulo en cuyos vértices se ubican el consumidor, el prestador y el estado.

Estos casos ya se encuentran en la actualidad cobijados en el marco de los supuestos del artículo 75 inciso 12 de la Constitución Nacional y atribuidos a los juzgados locales: "Dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería, y del Trabajo y Seguridad Social, en cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones".

El nuevo Código Civil y Comercial tutela la protección a usuarios y consumidores y ,lógicamente, todo ese sistema protectivo de los consumidores y usuarios está orientado a sostener el domicilio del afectado como jurisdicción principal. Pretender atribuir a la justicia federal la relación de consumo, sosteniendo la presencia del Estado, en tanto que regulador, es alejar la justicia del ciudadano y consagrar el poderío económico del que ostenta la posición dominante.

Monopolios y servicios

Las grandes cadenas y las monopólicas empresas prestadoras de servicios festejan con algarabía la simple posibilidad de trabar cuestiones de competencia contra el esfuerzo que vienen desarrollando miles de jueces locales probos a lo largo y ancho del país. Dos perlitas más: este artículo 71, apareció después del Decreto 690/20, aun si es causalidad es un error grosero.

La ley 26993 que pretendió crear más juzgados nacionales en la Ciudad de Buenos Aires para Consumo, es inaplicable, por decisión judicial y por la propia acción de la CABA que ha creado el fuero especial. Es competente la justicia local. Sin dudas.

Pero el segundo abordaje posible para imponer la competencia federal es decididamente suicida. La lógica de la interjurisdiccionalidad en las cuestiones ambientales, vaya y pase. Pero el mismo razonamiento para el consumo, en plena expansión geométrica del consumo de servicios y de adquisición de bienes por internet es incomprensible.

Reabrir un debate sobre la localización del derecho aplicable según el domicilio del proveedor, el del consumidor, el del hospedador, el del depósito, el del sitio u otros posibles, y que esa duda nos ubique en un juzgador común, es condenar a la imposibilidad de reclamo y control al más débil. Habilitar por interjurisdiccionalidad la competencia federal pudo ser una receta lógica para el Riachuelo, pero instalarla como noción para la competencia de un juzgado federal es abrir la posibilidad a que Apple, Amazon o Netflix invoquen competencia en Estados Unidos. Es denegar el servicio de Justicia.

Sin esta parte de 71, hoy los jueces federales universales del interior, se declaran competentes cuando ven trabados ante sus estrados casos que ameritan su competencia especial y no la tarea cotidiana, ágil, constitucional y efectiva de las justicias locales que protegen desde 1994 a sus ciudadanos de los excesos del dominante.

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