Junto con el interrogante acerca de cómo salimos de la pandemia, una de las discusiones que gana relevancia en el terreno de las instituciones financieras es cómo avanzar hacia la inclusión. Sucede que la crisis sanitaria iniciada en marzo del 2020 puso de manifiesto las dificultades que supone el acceso limitado a herramientas financieras -por parte de diversos segmentos de la población- para resolver la demanda de los bienes y servicios más básicos.

La crisis económica transitada durante los últimos años sumada al freno en la actividad que impuso la reciente pandemia tornaron prácticamente imposible llevar adelante la vida cotidiana sin recurrir a algún mecanismo de endeudamiento.

Y es aquí donde la necesidad de delinear un plan de inclusión financiera gana relevancia ya que la exclusión del sistema formal obliga a un importante porcentaje de la población a endeudarse con instituciones que no están reguladas y vulneran los derechos de las personas usuarias. Según datos del BCRA, a octubre del 2020 la cantidad de deudores asistidos por los OPNFC (Otros Proveedores no Financieros de Credito) supera los 6.1 millones, un 45% del universo total de deudores en todas las entidades.

Se abre entonces una nueva oportunidad de poner en debate público qué modelo es el que nos acerca a lograr el objetivo de bienestar financiero con inclusión económica y social. En este sentido, lo primero que debemos tener presente es que no existe un único “tipo” de inclusión financiera y, para poder entender de que se trata cada propuesta, hay tres preguntas básicas que debemos hacernos: ¿a quién/nes se propone incluir? ¿para qué? y ¿de qué manera?

Qué es la inclusión financiera

Pero antes de avanzar en detallar el por qué son relevantes esos tres interrogantes es necesario precisar a qué hacemos referencia cuando hablamos de Inclusión Financiera.

Si bien existen numerosas definiciones, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) brinda una de las explicaciones más completas del concepto: es el proceso de promoción de un acceso asequible, oportuno y adecuado a una amplia gama de servicios y productos financieros regulados y la ampliación de su uso hacia todos los segmentos de la sociedad mediante la aplicación de enfoques innovadores hechos a la medida, incluyendo actividades de sensibilización y educación financiera con el objetivo de promover tanto el bienestar financiero como la inclusión económica y social”.

Cuando no es posible obtener deuda en el sistema formal se termina recurriendo a otras instituciones que al no estar reguladas exigen menos requisitos, pero suponen costos mucho más elevados

Es decir, cuando hablamos de inclusión financiera nos referimos a un conjunto de políticas, prácticas y herramientas que tienen como objetivo promover un acceso universal, sostenible e integral a una amplia variedad de productos y servicios financieros regulados. Este objetivo debe involucrar a todos los integrantes de la sociedad y la educación financiera aparece como una herramienta clave para lograrlo.  

El ejercicio de pensar a quiénes se quiere incluir, para qué y de qué manera no es menor ya que generalmente cuando se piensa en el público destinatario de las políticas de inclusión suele aparecer rápidamente en el imaginario social la asociación: se encuentra fuera del sistema financiero– no accede a crédito – no tiene deuda.

Deudas

Sin embargo, hay que tener presente que existen múltiples vías de endeudamiento por fuera del sistema financiero formal, por lo cual, la no participación en el Sistema no es sinónimo de “no tener deudas”. Incluso suele ocurrir que, como mencionamos anteriormente, cuando no es posible obtener deuda en el sistema formal se termina recurriendo a otras instituciones que al no estar reguladas exigen menos requisitos, pero suponen costos mucho más elevados.

El actual Gobierno Nacional da respuestas a estos tres interrogantes y explicita su propuesta de Inclusión Financiera en el documento elaborado desde el Ministerio de Economía bajo el nombre de “Estrategia Nacional de Inclusión Financiera 2020-2023” (ENIF). Allí se delinean 5 objetivos estratégicos que condensan el espíritu del modelo de inclusión que se propone llevar a cabo:

  • ampliar y mejorar el acceso a bienes y servicios financieros
  • potenciar su uso
  • mejorar la protección de los usuarios
  • promover la interoperabilidad entre el sistema financiero tradicional y las nuevas plataformas de pago y
  • contribuir a cerrar las brechas existentes incorporando perspectiva de género. La propuesta es de acceso público y se puede consultar haciendo click aquí.

Según el diagnóstico allí elaborado, “el principal impedimento para lograr la inclusión financiera no es un problema de falta de oferta (de herramientas financieras), sino de escasez de demanda de dichos productos y servicios, sea por desconocimiento o por imposibilidad material de acceder a ellos”.

En este sentido, otro dato relevante para tener en cuenta es que la exclusión financiera presenta un correlato directo con lo que sucede en el mercado laboral, afectando principalmente a los grupos mas vulnerados del entramado social: personas desocupadas, personas con trabajos informales, personas emprendedoras de la economía popular, las mujeres y LGBTI+, las personas adultas mayores y las personas migrantes. Podemos decir entonces que se da una doble exclusión ya que quienes se encuentran en peores condiciones para resolver su día a día son quienes están obligadas a recurrir a entidades no reguladas para acceder a servicios y productos financieros, sin ningún tipo de garantía sobre sus derechos.

De allí que se torna necesario y urgente avanzar en una propuesta de inclusión que tenga como objetivo principal “promover el acceso universal a los bienes y servicios financieros, y su uso responsable y sostenible, desde una perspectiva social, federal, contemplando el género y la diversidad”.

 

 

 

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Carolina Fernández

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