Mientras la carrera entre muertes y vacunaciones entra en su tramo más horroroso y vertiginoso, Alberto Fernández empezó a sacar cuentas sobre el invierno que se avecina. Son cálculos epidemiológicos, económicos y políticos. A esta altura, con la campaña electoral ya lanzada y una polarización irrefrenable, los tres vectores se entrelazan de mil maneras.

El equipo económico está abocado a repartir entre la mayor cantidad de votantes posible la ayuda pecuniaria anti-COVID que empezó a soltar Martín Guzmán tras su derrota en la interna a cielo abierto que libró el mes pasado contra el kirchnerismo. Esa disputa, cuyo emergente público fue la discusión sobre las tarifas de luz y gas, era en realidad un debate sobre la política fiscal ortodoxa del Frente de Todos durante el verano. En marzo, el ajuste presupuestario llegó a su paroxismo: la recaudación trepó 64% interanual (22 puntos arriba de una inflación que en ese momento era del 42% interanual) y el gasto primario apenas se incrementó un 36%, bien por debajo de los precios.

La incesante pérdida de poder adquisitivo de salarios, jubilaciones y planes sociales deprimió el consumo masivo y con él la intención de voto por el oficialismo. Esto último, en rigor, todavía es difícil de medir en un escenario tan volátil y sin que se hayan confirmado candidaturas. Pero el bajón del consumo, sobre el cual los intendentes del Conurbano venían advirtiendo casi a gritos, fue confirmado esta semana por el INDEC: las ventas en supermercados cayeron en marzo un 8,8% interanual en términos reales. Y no fue porque la gente haya migrado a los mayoristas en busca de mejores precios. Ahí las ventas también se desplomaron un 7%.

Tan duro fue ese ajuste que, pese a la reapertura de casi toda la economía y al boom turístico del verano, el rebote no alcanzó a derramar sobre los sectores más castigados. Un dato puso al peronismo frente al espejo de sus críticas más enérgicas a Mauricio Macri cuando gobernaba: entre enero y marzo de este año, según el Observatorio de la Cadena Láctea (OCLA), el consumo de lácteos cayó un 2,2% frente al mismo lapso de 2020, todavía sin efecto de la pandemia. El de leches refrigeradas se derrumbó un 15,8%.

Fernández ya había optado por congelar el dólar y los combustibles en el momento en que lo sorprendió la virulencia de esta segunda ola. El pico de contagios no hizo más que reeditar la discusión de seis meses atrás, cuando el Presidente le hizo caso a Guzmán y suspendió el pago de la cuarta ronda del Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE) para no potenciar la disparada del dólar paralelo. Pero esta vez con otros actores. Miguel Pesce, Matías Kulfas y Cecilia Todesca comparten ahora la cautela del jefe del Palacio de Hacienda. Quienes exigen que el fisco empuje la reactivación, aun al riesgo de recalentar los precios, son Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa.

El resultado de la presión de los accionistas mayoritarios del Frente está a la vista: la ampliación de la Tarjeta Alimentar, la incorporación de casi un millón de beneficiarios a la AUH, la apertura y simplificación del REPRO II con $22.000 por mes para casi un millón y medio de empleados de los sectores afectados por las restricciones, el alivio para monotributistas y la reglamentación de la devolución de Ganancias son formas de compensar el daño económico de la segunda ola, engarzadas políticamente con el calendario electoral. Es el impulso fiscal que venía resistiendo Guzmán por una mezcla de susto ante la brecha cambiaria y cautela teórica heymanniana. Reducido a su rol original de negociador estrella de la deuda, su disidencia ya no importa tanto. Pero es eso también lo que le devolvió parte de la estabilidad perdida en el cargo.

Proclamas y entendimientos

¿Será cierto que el discípulo de Joe Stiglitz entró al Senado la semana pasada, por una puerta lateral y camuflado detrás del barbijo, para conversar cara a cara con la vicepresidenta por primera vez desde el inicio de las hostilidades que llegaron a su cénit con el despido fallido de Federico Basualdo? Nadie se atreve a confirmarlo cerca de Cristina ni mucho menos en el Palacio de Hacienda, donde saben que una nueva indiscreción puede valerle otra vez el ostracismo. Lo seguro es que Guzmán avanzó varios casilleros en su objetivo de reconstruir la confianza mutua que se perdió cuando empezaron los dardos cruzados a través de los medios. Ya había habido una primera aproximación entre Rodrigo Ruete y Sergio Chodos, de su equipo, con los camporistas Andrés Larroque y Rodrigo Rodríguez. Después él mismo conversó con otro cristinista: su colega del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro.

Del lado de la vice, como prenda de amor, desmintieron ante BAE Negocios haber impulsado la proclama del 25 de Mayo que firmaron entre otros Raúl Zaffaroni y Fernanda Vallejos para proponer, entre otras cosas, la suspensión de todo pago de la deuda pública hasta que la pandemia haya quedado atrás. "Lo de la carta no fue orgánico. Si fuera nuestra, de entrada, habría tenido mejor diseño. ¡Pero además más adhesiones!", bromeó un hombre que trajina a diario su despacho. De la cúpula de La Cámpora, de hecho, no aparecen firmantes.

Lo que sí hizo el kirchnerismo a la vista de todos fue condicionar el uso de los Derechos Especiales de Giro (DEG) que liberará el Fondo Monetario para combatir los efectos de la pandemia. Argentina recibirá U$S 4.350 millones, casi el doble de los 2.460 millones que recibió en 2009, cuando el organismo llevó adelante la última suelta de divisas para ampliar la liquidez ante la crisis financiera global. Es algo independiente de si finalmente hay acuerdo o no para refinanciar la deuda que dejó como herencia Mauricio Macri, pero que elimina de la lista un escenario: el de no acordar y usar ese dinero para afrontar los vencimientos de este año.

Guzmán y Chodos ya redactaron largas páginas del que podría ser el Memorandum de Entendimiento con el Fondo antes de las elecciones. Pero ese borrador no pasa el filtro político del Senado. Según las mismas fuentes cercanas a la vicepresidenta, el capítulo "Fiscal Policy" tiene demasiados puntos en común con el que redactó Nicolás Dujovne en 2018.

Red Circle

El empresariado asiste a todo esto expectante y dividido, como la sociedad, aunque con una mayoría de desencantados con el rumbo de la economía. Grandes jugadores como Marcelo Mindlin se preguntan, por ejemplo, si después de la interna por las tarifas el Gobierno avalará la compra de Edenor por parte de José Luis Manzano y sus socios Daniel Vila y Mauricio Filiberti. Por ahora el vendedor no tiene novedades y el plazo para aprobar la operación, de 90 días, ya expiró.

La agenda energética sigue tensa: el frío y la escasez de gas por los conflictos en Neuquén forzaron el corte de gas a estaciones de GNC y a industrias en La Plata y en el interior de la provincia de Buenos Aires. También faltó gas en el sistema de gasoductos porque, por el paro de los gremios navieros, los buques metaneros de GNL no pudieron descargar. De hecho, el segundo barco regasificador recién entró a Bahía Blanca ayer por la mañana.

Para más cortocircuitos, la presión del grupo Techint consiguió inclinar a la Unión Industrial Argentina (UIA) hacia una hostilidad más manifiesta frente al Gobierno. Su electo jefe, Daniel Funes de Rioja, ya marcó la cancha con sus declaraciones sobre el personal que "pide trabajar en negro para no perder subsidios". Su voto ya era cantado. Los más memoriosos recuerdan la alfombra roja que le tendió en el hotel Alvear a María Eugenia Vidal cuando la recibió, en abril de 2019, como jefe del Consejo Interamericano del Comercio y la Producción (CICyP). "Estos valores son fundamentales para la Argentina que viene," resumió al presentarla. "Y por eso, lo que usted nos muestre como sus desafíos, serán los nuestros", lisonjeó.

Podría ser simple galantería o incluso vocación por la igualdad de género, si no fuera porque el propio Funes decidió abstenerse, dos meses después, cuando en Ginebra la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sometió a votación su Convenio 190 contra el acoso sexual y laboral. Aunque el gobierno de Macri y los sindicatos votaron a favor, él (en nombre de los empleadores argentinos) se movió en línea con los empresarios de Asia y el resto de América latina para intentar bloquearlo.

Son asuntos donde a veces pesa más la ideología que los negocios. Pasa con el rechazo epidérmico que genera al Aporte de las Grandes Fortunas entre algunos empresarios que podrían pagarlo sin despeinarse, con apenas parte de lo ganado el último año y con la posibilidad de quedar ante el resto de la sociedad como héroes, como entendió muy bien el dueño de la chocolatería Rapa Nui. Hasta ahora la AFIP fue notificada de unas 400 demandas contra el tributo, un número muy inferior al de los 10 mil que pagaron sin chistar. Hubo 5 medidas cautelares a favor de esos litigantes pero otros 23 pedidos rechazados en tribunales de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Salta. Una buena para el oficialismo en su turbulenta relación con la justicia: no todo es Comodoro Py.

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Alejandro Bercovich

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