En el 2012 sostuve en mi ponencia ante el VII Congreso Iberoamericano de Regulación (ASIER Bogotá 2012 ) que el método elegido por el gobierno argentino para retomar YPF tenía varios defectos y entre ellos el peor: terminaría judicializándose en Estados Unidos. Mi conclusión no se sostenía en la violenta critica de la jueza Preska a nuestro sistema judicial , pero arriba al mismo final. Allí estamos litigando.

En el lejano 2012, no pensé, porque era lógico, en la necesidad de referirme a que el monto en discusión sería en dólares. Destaco ahora la siempre significativa diferencia que se potencia según la cantidad de tipos de cambio con los que convivimos. Como en aquella ponencia, los tipos de cambio en la Argentina son una forma de representación como lo desarrolló Alf Ross, una suerte de forma de presentar una superstición.

Los medios y la política titulan según lo que quieren mostrar, pero los aciertos o errores gubernamentales en el exterior se pagan siempre al dólar más caro, por que las diferencias cambiarias impactan directamente en la canasta familiar que no encuentra en el mercado distintos tipos de cambio para defender su salario o enfrentar su consumo.

Ahora, si se avanza con el proyecto de la expropiación de Vicentin, la situación es muy distinta. El pago previo que exige la ley será en pesos. Lo de previo, claro, está legislado en función de la protección a los propietarios originales de cualquier bien sometido a expropiación que, por el principio constitucional de la tutela a la propiedad privada, es excepcional.

Si no se extiende la intervención, el Congreso tiene la palabra. Y su palabra - se espera pronta- es la definitiva. Salvo judicialización circunscripta a la cuestión constitucional de la declaración de utilidad pública, el monto de la compensación una vez vigente esa calificación del bien, recorre un camino administrativo y judicial lento y alambicado.

De todas formas, mirando en proyección, cabe realizar dos abordajes dimensionales que no he escuchado hasta el momento. Ambos desde la óptica, digamos geográfica, del impacto jurídico, económico y político que genera Vicentin.

De menor a mayor, y alejado de la trama política que tiene tantas versiones como intenciones buscadas, la competencia provincial en materia expropiatoria no ha merecido comentario alguno. Sin embargo era un camino posible, y muy transitable, desde las decisiones parciales - por ejemplo el puerto de la empresa en San Lorenzo - o de los bienes inmuebles dedicados a la producción. Este “desguace” daba mayores posibilidades a los distintos fundamentos en danza. Por ejemplo: garantía alimentaria versus política exportadora. Claro, ya habrán notado que en este supuesto, tanto la valuación de los bienes como cualquier eventual discusión jurisdiccional correspondería a los órganos santafecinos. Ahórrenme la carga de analizar la escala económica de la cuestión. ¿O alguien sabe de cuanto estamos hablando cuando pensamos en el precio expropiatorio de la empresa?. Además, a nadie extrañe que en el proyecto de ley nacional se imponga la titularidad de Santa Fé a varios de los bienes o empresas del grupo.

Y , otra pregunta. ¿Observó el Gobierno que las secuelas de la decisión serán competencias de la Justicia Federal en lo Contencioso Administrativo de la Capital Federal? El proyecto de reforma judicial otra vez sobre la mesa.

Finalizando, con los datos que recogimos de la incidencia regional de la situación (Diario 5 días, Asunción ) no debemos pasar por alto la “dimensión Mercosur” de la estrategia económica que implica una expropiación ( y la intervención previa) de este tipo de empresas cuyo desarrollo excede el mercado nacional, y en el caso un porcentaje superior al 8% de la cosecha sojera del Paraguay.

Quizás, la utilidad pública nacional merezca un nuevo estudio , y entre tantas reformas pensemos en el ámbito del pacto regional que con pocos unicornios, deberíamos comprometernos a cuidar las empresas regionales. Como lo hacen todas la potencias, cada uno en su territorio, dentro de su escala y mirando hacia el mercado global. La Unión Europea hace los mismo con una lógica idéntica que aplica a las empresas de su mercado comunitario. Nadie pierde de vista el efecto mariposa. Ni antes ni después de Wuhan.

Las comisiones científicas de expertos que aciertan, erran, ajustan y vuelven a probar, también existen en el ámbito jurídico. Es oportuno convocarlos. No es obligatorio seguirlos, pero escuchando se aprende.

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