El El origen de los peores pesares económicos recurrentes de nuestro país (caída de la actividad, destrucción de la capacidad productiva, aumento de la pobreza, de la desigualdad y la inflación) normalmente se los asocia a consecuencias derivadas del alto déficit fiscal que, según la interpretación común de la gran mayorista de los analistas consolidados en los medios de comunicación locales y de sus múltiples repetidores, es el resultado de un excesivo gasto público.

En esa visión, el origen fiscal de los problemas solo afecta a la Argentina; extrañamente, omiten lo que sucede en el resto del mundo, donde la mayoría de las economías posee un sector público que gasta considerablemente más que lo que recauda y no hay una relación íntima de causalidad perjudicial con las otras variables, como se plantea localmente. Inclusive los déficits fiscales son muy frecuentes en los países desarrollados y también en los países admirados por el establishment de la región, aun cuando requieren una feroz represión como en Chile. El déficit fiscal es un tema que obsesiona a nuestros economistas serios pero aparentemente no levantan la cabeza para ver qué ocurre en el mundo. Extraño virus.

De las 115 economías estudiadas por el FMI en el año 2019, solo 27 registraron superávits de sus cuentas públicas y en apenas 10 de ellas su saldo positivo superó al 1% de su PBI. La norma fueron los déficits. El rojo estimado por el organismo internacional alcanzó a las restantes 88 economías y no fueron desequilibrios pequeños por lo general: 43 superaron el 3% de sus PBI y, en el caso de 30, el rojo fue superior al 4%. Así, Argentina quedó lejos de los últimos puestos (ocupó el lugar 85) con un déficit equivalente al 3,96% del su PBI. Estos datos no son una excepción al comportamiento estructural deficitario global. En el promedio de los anteriores diez años, apenas 13 de las 115 economías analizadas contabilizaron superávits fiscales y más de la mitad (60 países) tuvieron un déficits fiscales por encima del 3% anual.

Como pueda apreciarse en el gráfico, ni siquiera Chile o Perú, muy alabadas por los economistas del establishment local aunque muy desiguales, tuvieron superávits y, de los países desarrollados, solamente Noruega registró un saldo fiscal positivo. No se trató precisamente por efecto de la reclamada baja de impuestos. Por el contrario, la presión tributaria en Noruega es una de las más altas del mundo (39% en relación a su PBI en 2018) y ocupa el noveno puesto entre las 36 economías de la OCDE, donde casi todos los países que la integran son desarrollados y todos registraron elevados déficits fiscales.

Noruega también tiene un muy alto nivel de empleo público (30% sobre el total registrado). Como referencia, en Argentina es del 26%. Los casos de peores indicadores en términos de desigualdad y pobreza de la OCDE corresponden a Chile y México. No parece ser casualidad que justamente esas economías registren la menor presión impositiva de ese selecto grupo de países de alto grado de desarrollo económico (21% y 16%, respectivamente). En Argentina, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, la presión tributaria (nacional, provincial y municipal) representó el 32,6% del PBI en 2018.

Por lo tanto, es evidente que el déficit fiscal es lo más común en las economías a nivel global y eso no necesariamente deriva en graves problemas económicos. Por el contrario, para los países desarrollados, salvo excepciones, sus economías arrastran pesados déficits fiscales a lo largo de los años. No es una casualidad, tiene una explicación. Sucede que la expansión del sistema capitalista y el desarrollo de nuevas tecnologías ahorradoras de tiempo de trabajo humano ha incrementado notablemente la capacidad productiva global y, ante la debilidad de la demanda, derivada de la alta concentración de la riqueza y de los mayores problemas para distribuir ingresos por efecto de la automatización de los procesos productivos, son los Estados quienes complementan la demanda del sector privado para tratar de equilibrar los mercados y distribuir el ingreso. Ese es el motivo de que las crisis sean de sobreproducción o, lo que es lo mismo, insuficiencia de la demanda. Por eso, la norma no es sólo el déficit fiscal, también lo son las guerras comerciales para tratar de colocar los excedentes en mercados ajenos y el proteccionismo en sectores menos competitivos e indispensables como la producción de alimentos y sectores de alta demanda de empleo calificado.

En situaciones de emergencia como la actual ese rasgo característico de la economía contemporánea se exacerba; los Estados deben complementar aun en mucha mayor medida la demanda y favorecer la distribución del ingreso. Pero esa intervención no se debe a situaciones excepcionales como los más rutilantes operadores locales están tratando de hacer creer. Es una situación que amerita reforzar ese rol estatal. Y, por consiguiente, el déficit público a nivel internacional de 2020 será mucho más importante y necesario todavía. Recortar el gasto público en salarios va en sentido contrario. Implicaría una mayor contracción de la demanda privada y, por lo tanto, más recesión. La clave pasará por potenciar la capacidad estatal de distribuir recursos hacia los sectores más golpeados, mejorar la calidad de la inversión pública y dinamizar la actividad económica, donde el necesario aislamiento no restrinja significativamente su funcionamiento.

Quizás los errores de las proyecciones en manada de las consultoras privadas locales tengan que ver con este sesgo de su marco teórico, más allá de posibles intereses por negocios o cercanía política. Desafortunadamente, el reclamado recorte del gasto público históricamente no derivó en mejoras de la capacidad productiva; por el contrario, cuando ocurrió, empeoraron más los indicadores económicos y sociales. La justificación es inconducente: dicen que fue por no ir a fondo. O sea, se inclina el rumbo en el sentido que desean y eso ni siquiera atenúa los problemas, los agranda.

Pasar a depender de negocios externos y de corto plazo, básicamente vinculados con lo financiero pero también con la captación de sectores estratégicos de alto rendimiento administrados por el Estado, a través de un esquema de políticas articulado al deseo de la organización general de los negocios globales es contraproducente para nuestro desarrollo. Y cuando eso ocurre su repercusión sobre las cuentas externas del balance de pagos es notable. En la Convertibilidad, antes de su estallido, llegó a acumularse de forma continua un déficit de cuenta corriente equivalente a un tercio del PBI y, en solo tres años de gobierno de Mauricio Macri, el rojo acumulado trepó al 14% del PBI. Ni siquiera la compresión del consumo interno derivado de las fuertes devaluaciones desde 2018 alcanzó para equilibrar las cuentas de 2019 (el déficit fue de 3462 millones de dólares). Y son esos desequilibrios externos descontrolados, transitoriamente financiados con ingreso de capitales por ventas de activos públicos a corporaciones extranjeras como a principios de los noventa o endeudamiento externo termina engordando rojos en las cuentas corrientes que súbitamente dejan de tener financiamiento y terminan generando una explosión en el mercado cambiario, con su correlato en la inflación, la incertidumbre, la contracción de la demanda y la destrucción del entramado productivo.

Esperemos que la lección que nos está dejando la actual crisis nos genere anticuerpos lo suficientemente sólidos como para que los discursos aislados de la realidad mundial no puedan penetrar en detrimento de nuestra calidad de vida y posibilidades de desarrollo.

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Mariano Kestelboim

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