_ Las comercializadoras pueden armar un fideicomiso como el del aceite porque se llevan la parte del león. Arman fideicomisos para vender más barato en el país porque manejan también las ventas al exterior y exportan el 90% de lo que producen. ¡Lo que pierden acá lo cubren con lo que ganan afuera y les sobra! 

Tradicionalista como la cámara que conduce, el jefe de la Sociedad Rural, Daniel Pelegrina, invirtió sus primeros minutos frente al Presidente en limpiar su buen nombre y honor. "Nosotros somos argentinos y no somos especuladores", le dijo anteayer en nombre de sus socios, en la reunión en la Casa Rosada a la que Alberto Fernández citó a los cuatro referentes de la Mesa de Enlace agropecuaria. Fue otra alusión velada a ese complejo aceitero-granelero-portuario que exporta casi todo lo que muele, concentrado en apenas nueve jugadores y dominado por multinacionales como Cargill, ADM, Bunge, COFCO y Louis Dreyfus.

Los jefes de Federación Agraria, Confederaciones Rurales (CRA) y CONINAGRO mantuvieron un discreto silencio para no cargar las tintas sobre los acopiadores. Esos grandes jugadores, agrupados en la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA), comparten con ellos a su vez el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), un superlobby creado el año pasado por 45 cámaras y entidades del sector para mejorar el diálogo con el Gobierno y disputar a la vez la representación del gran capital local. La Rural se mantuvo afuera.

Fernández recogió el guante. "Miren, muchachos, yo no estoy diciendo que no ganen . Lo que quiero es que vendan lo que necesita el mercado interno al precio que necesitamos nosotros. Después de afuera vendan todo lo que quieran al precio que quieran". Y agregó: "Tenemos el acuerdo del aceite, tenemos el de la carne, que me gustaría que fuera por más volumen pero que está funcionando por ahora como referencia, y ahora queremos el maíz. Vamos a ir también por el de trigo, pero el que más nos importa es el maíz porque queremos frenar los aumentos del pollo y del cerdo ".

El pelilargo Luis Basterra propuso un esquema de "esfuerzos compartidos" y pasó en limpio los números. Para que los criadores de pollos acepten vender el kilo a $ 140, algo que anoche estaban a punto de hacer, la tonelada de maíz para alimento balanceado no puede costarles más de $ 16.000. Hoy se mantiene arriba de los $ 18.000 pese al compromiso verbal que asumió a mitad de enero los productores a cambio del levantamiento de la prohibición de exportar que había dispuesto una semana antes del Gobierno. Según informó ayer el INDEC, el kilo de pollo subió 54% during 2020 , de $ 107 a $ 161. Casi lo mismo que la carne vacuna y mucho más que el 36,1% de inflación promedio.

Como en las reuniones de ayer y anteayer por el grandilocuente acuerdo de precios y salarios que propone el oficialismo, en la cita con la Mesa de Enlace nadie firmó nada. Al salir, cada quien interpretó lo que quiso. "En ningún momento dijimos que descartábamos el uso de retenciones", aclaró a BAE Negocios una de las autoridades presentes, contra lo que contaron a coro los cuatro invitados. Por la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva aprobada apenas asumió, Fernández puede elevar a sola firma tres puntos más las retenciones a la exportación de soja (del 30 al 33%) y también las de maíz y de trigo, del 12% al 15 %.Todos los granos y cereales treparon sostenidamente desde fines del año pasado y la soja parece estabilizado en torno a los USD500 por tonelada, su precio más alto en seis años.

Piratas del Caribe

El lunes, después de que Fernández advirtiera que la suba de retenciones estaba en su menú de alternativas para frenar una inflación que en diciembre y enero tocó sendos 4% mensuales -muy peligrosos para la pauta del 29% que pretende instalar Martín Guzmán-, los productores de soja reaccionaron de modo muy distinto a sus dirigentes. Mientras la Mesa de Enlace lanzaba la dura proclama anti-intervencionista que le valió la invitación a charlar a la Rosada, entre Roldán y en San Lorenzo se formó una fila de cinco kilómetros de camiones que enviaron los productores a los puertos para entregar sus cosechas al acopio y evitar pagar más impuestos. Tradicionalistas sí, zonzos no. 

El mundo de los acopiadores fue retratado en 1979 por Dan Morgan, un periodista del Washington Post graduado en Harvard, en su libro Los traficantes de granos. Lo compara "con los negocios del petróleo y de armas, por su volumen y su influencia sobre las relaciones internacionales y sobre el bienestar de la humanidad". Es también un mundo de audaces, como los misteriosos accionistas de la cerealera Díaz y Forti, que ayer pidió su concurso preventivo de acreedores en Rosario y que llevaba 70 días suspendida por el Ministerio de Agricultura por no haber liquidado USD 495 millones de sus exportaciones de 2020. No es cualquier Pyme: es la que operó durante toda la segunda mitad del año pasado las plantas de la también concursada Vicentin, de las familias Padoan y Nardelli, que defaultearon a pocos días de asumir Fernández y le dejaron debiendo más de U $ S 300 millones al Banco Nación.

El del acopio de granos, la molienda de aceite y su posterior embarque es un negocio donde nueve firmas manejaban el 30% de las exportaciones argentinas en 2019 y que se concentró todavía más el año pasado, con el colapso de Vicentin. Es la plataforma económica sobre la que se paran el jefe del CAA, Gustavo Idígoras, y también el actual presidente de la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo, miembro de la familia dueña de Aceitera General Deheza. Un polo de poder que crece cada vez que la Argentina se reprimariza.

Ayer, aunque había sido anunciada su presencia entre los empresarios que convocó el Gobierno para el pacto de precios y salarios, Acevedo estaba lejos, entre dos islas del Caribe, invitado por el zar aeroportuario Eduardo Eurnekian a pasar unos días en su yate con su esposa . También son de la partida, con sus respectivas, el excéntrico Cristiano Rattazzi y el operador bursátil Adelmo Gabbi.

Fortunas e infortunios

Salvo una presentación de Martín Guzmán que dejó a los presentes muychos, al punto de que lo premiaron con un aplauso cerrado, Eurnekian y sus amigos no se perdieron gran cosa. Tampoco el dueño de Arcor, Luis Pagani, quien bajó mucho de peso pero sigue siendo paciente de riesgo de COVID-19 y por eso no asiste a reuniones presenciales desde hace casi seis meses. Lo extraño es que tanto Pagani como Paolo Rocca (el dueño de Techint) y Luis Perez Companc (jefe de Molinos, alimentaria y también acopiadora) hayan sido anunciados entre los convidados al encuentro de ayer aun cuando los organizadores sabían que no asistirían. Otro tiro en el pie: terminó leyéndose como un desaire al Gobierno.

Más allá de ese tropezón ceremonial con el que debutó el acuerdo, nadie tiene grandes expectativas en lo que pueda discutirse ahí y lo que prima es la desconfianza mutua y el desacuerdo. "Al lado mío había fabricantes de insumos para la construcción que aumentaron 63% promedio en 2020 y nos caen encima a los que subimos el 7% en todo el año por Precios Máximos", refunfuñó ante BAE Negocios un fabricante de alimentos procesados. En la reunión, un supermercadista dijo algo parecido: "Nosotros no tenemos la culpa. De los 280.000 puntos de venta de alimentos y bebidas que hay en Argentina, solo 75.000 son supermercados".

Es el viejo vicio de culpar al otro, que en los años electorales suele afectar a más gente. De ahí también la energía con la que varios de los presentes aplaudieron a Guzmán. Lo que más les gustó fue que dijera que "la inflación es un problema macroeconómico". Lo interpretan como la admisión por parte del ministro de que la responsabilidad es suya y no de los formadores de precios. Acto seguido, sin embargo, Guzmán agregó que "no hay una coordinación perfecta de la economía porque venimos de muchos años de desbalances". Un otrosídigo heterodoxo que la mayoría eligió obviar.

Los que no se sienten en absoluto aludidos cuando el Gobierno apela a "los que más tienen" para intentar equilibrar las cuentas públicas son los contribuyentes alcanzados por el Aporte Extraordinario de las Grandes Fortunas. Luego de que la AFIP terminara de reglamentarlo el mismo viernes pasado, como se adelantó en esta columna, varios contadores se reunieron el martes al atardecer en un webinario organizado por el estudio Lisicki-Litvin y la financiera Puente. Intercambiaron estrategias para litigar contra el tributo y comentaron el antecedente de Catalina Perez Companc, hermana del Luis que pegó el faltazo ayer e hija de Goyo y Munchi  Catalina argumentó en la Justicia contra el cobro de la sobrealícuota de Bienes Personales que fijó el Congreso a multas de 2019 para los dueños de patrimonios offshore. Dice que es "discriminatorio", aun cuando su propia familia blanqueó en 2016 estructuras offshore que mantuvo por décadas con dinero que no estaba declarado. Infortunios de afortunados.

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