Hace años que nuestra querida provincia es noticia debido a diversos conflictos que parecen sucesos aislados. Se muestran fragmentos en los que siempre se ve a Chubut en llamas, ya sea por el rechazo a la megaminería y los incendios forestales de estas últimas semanas o por los reclamos salariales y previsionales atrasados desde hace varios años. Existe un hilo conductor en estas escenas: una fuerte disputa del destino de los recursos naturales de la provincia y una crisis de representación de los intereses del pueblo chubutense.

Chubut ya había pronunciado su postura en relación a la megaminería hace casi 20 años con la sanción de la ley N°5001. Ésta prohíbe la explotación minera a cielo abierto pero contempla la posibilidad de establecer una zona exceptuada de la prohibición. Dicha zonificación fue aprobada y promulgada este 15 de diciembre a espaldas del pueblo, en una sesión donde no estaba previsto tratar este tema. Esto generó manifestaciones en toda la provincia repudiando no sólo el contenido de la ley, sino el accionar de los legisladores.

La mayor impotencia de los ciudadanos es que el gobernador manifiesta no encontrar otra salida para la crisis económica y fiscal de la provincia, cuando en su campaña de 2016 prometió no dejarse presionar por el Estado Nacional para instalar la megaminería. Una vez más, promesas de campaña incumplidas que dejan a la democracia con sabor a poco. Arcioni afirmó que no daría marcha atrás con la ley, pero debió solicitar su derogación luego de cinco días de lucha en las calles, que comenzó con marchas pacíficas y concluyó con represión e incidentes violentos.

La situación es crítica ya que, el Río Chubut es el único de la provincia y el que provee agua para consumo. En una jurisdicción con clima semi-árido que ya tiene dificultades de aprovisionamiento, sumar una actividad que per se consume grandes cantidades de agua para su desarrollo, no parece una idea sostenible. Aunque el agua se extraiga de la cuenca endorreica Sacanana, expertos en la materia, como el Ing. Malnero, advierten que manipular estas reservas subterráneas podría tener efectos sobre el río. El análisis de factibilidad debiera realizarlo un ente objetivo, sin conflictos de intereses.

Al conocer los cálculos de la recaudación impositiva que presenta la secretaría de Minería de Nación, los medios de comunicación promineros se preguntan por qué el pueblo no acepta las “maravillosas condiciones” que traería la megaminería. Aunque los ingresos parecen atractivos, falta deducir los costos ambientales, de salud y económicos que esta actividad implica. Se destacan los puestos laborales que generarían y argumentan que se les está negando la posibilidad de desarrollarse a los habitantes.

Sin embargo, las empresas mineras son capital intensivas. Una vez finalizada la construcción de la mina, debería importarse mano de obra para cubrir los escasos puestos de trabajo altamente cualificados necesarios para su operación. Es cierto que los salarios son elevados, pero al igual que ocurre con la industria petrolera, es iluso creer que estos pocos sueldos generarían un efecto derrame en el resto de la economía. El resultado es una ciudad -como Comodoro Rivadavia- con un alto costo de vida que no toda la población puede afrontar.

No se trata de “nivelar para abajo”, sino de recordar que la mera existencia de una actividad extractiva -con alto potencial de contaminación- como lo es la actividad petrolera, no ha garantizado el bienestar de la población. ¿Por qué con la megaminería sería distinto? ¿Quién le garantiza al pueblo que su salud primará a la hora de tomar decisiones?

Recientemente se han comprobado múltiples causas de corrupción y desfalco al Estado provincial, dos de ellas con sentencia firme: las causas Embrujo -por sobreprecios durante una emergencia climática- y Revelación -por asociación ilícita para la obra pública-. Esto consagró la insostenibilidad de las cuentas públicas y condujo a una vulneración constante de los derechos de los trabajadores, llegando a congelar y a retrasar hasta tres meses el pago de los sueldos y jubilaciones.

Asimismo, muchas veces se condicionó el pago de los salarios al debate minero. Por ejemplo, en 2018, a pesar del superávit fiscal, se escalonó el pago de sueldos y se transmitió a la ciudadanía que la Nación era reacia a continuar auxiliando financieramente a la provincia, debido a que ésta cuenta con recursos minerales que resolverían los problemas fiscales.

Bajo este escenario, ¿qué incentivo tendría el Estado provincial para fiscalizar la actividad que le generaría esos ingresos? Se requiere de un Estado fuerte e independiente que realmente pueda velar por la salud y el bienestar de sus ciudadanos. Hasta ahora la casta política, no ha dado señales de poder hacerlo.

Año tras año, se incendian miles de hectáreas de áreas protegidas y el pueblo se pregunta en qué medida se trata de un accidente estacional o de maniobras intencionales para permitir su posterior loteo. De cualquier forma, nunca surge un plan de acción preventivo para abordar la situación, por lo que la posibilidad de una gestión sustentable de los recursos parece muy lejana.

Se necesita una política pública de desarrollo sostenible, que no se encandile por la generación de divisas y estudie objetivamente las implicancias socioeconómicas y ambientales de cualquier actividad, ya que ignorar los peligros no hará que desaparezcan.
 

*Paridad en la Macro - Chubut

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