Varios dirigentes de contacto estrecho con Cristina Fernández de Kirchner se burlaron del Presidente tras el llamado de atención de su vice el viernes pasado en La Plata. Rápidos como el pensamiento, por Whatsapp y por Telegram, los dedos cristinistas propalaron el fragmento del discurso donde la jefa advertía que “si uno no sabe cómo llegó, es probable que tampoco sepa cómo ir”. Algunos lo subtitularon con una indicación: “Mirá cómo mueve los piecitos”. Los bancos altos del escenario platense y el director de cámaras de la transmisión habían desnudado el tic nervioso del mandatario mientras ella reivindicaba para sus 12 años de gobierno la patria potestad del triunfo de 2019.

Si Alberto Fernández meditaba algún otro cambio de gabinete, el discurso de su compañera de fórmula terminó de enterrar la idea al menos hasta marzo. El domingo se ocupó personalmente de llamar uno por uno a los ministros identificados por los diarios del fin de semana como quienes según CFK debían buscarse otro laburo (Marcela Losardo, Felipe Solá, Nicolás Trotta, Matías Kulfas y Ginés González García), para pedirles que no les dieran “ni cinco de pelota”. Ahí nació el asado de la noche del 23 en Olivos, un agasajo-desagravio para todos sus ministros y secretarios clave como Cecilia Todesca, Julio Vitobello y Juan Manuel Olmos.

El mandatario les dedicó unas breves palabras de agradecimiento y los despachó pocos minutos después de la medianoche, sin ronda de guitarra, extenuado y preocupado por el agudo rebrote de COVID-19 en el Conurbano que Axel Kicillof le había informado minutos antes.

Al margen de Losardo, por cuyo laissez faire Cristina expresa el mismo desprecio que Kicillof y todos los exfuncionarios procesados durante el macrismo, cada uno de los ministros cuyas sillas hizo temblar el off the record del Instituto Patria el fin de semana pasado intuye de dónde viene la bala.

Matías Kulfas, por caso, sabe que Débora Giorgi ansía extender sus dominios matanceros y volver al sillón que ocupó durante siete años con Cristina y antes con la Alianza e incluso durante el breve interregno de Adolfo Rodríguez Saá. Es difícil que ocurra: Alberto conoce por terceros la historia de autosuperación de su marido, el abogado Javier “Chupete” Ordóñez, quien amasó una fortuna primero en la bisagra aceitosa entre el fútbol y los medios y después como gestor de incentivos para empresas electrónicas en Tierra del Fuego.

 

Los míos y los tuyos

 

Los modales fueron cambiando en los últimos tres meses, a medida que la discusión interna se fue tensando. Apareció el “ustedes” en boca del Presidente cada vez que la conversación con un kirchnerista atravesaba un tema espinoso. El fraseo y el tono pueden cambiar según la ocasión pero la persona del verbo es siempre la misma: “¿pero ustedes qué quieren?”, “decidan ustedes”, “háblenlo y me dicen”. Lo que siempre procuró evitar Fernández -tanto en público como en privado- es el reflejo defensivo que le proponen incondicionales como Gustavo Beliz, Vilma Ibarra o Vitobello: que aparezca un “nosotros”. El único padre posible del albertismo se ocupó de interrumpir voluntariamente cada intento de su entorno por gestarlo.

Se llamen como se llamen, cada uno de los espacios de poder que se expresaron el viernes en el escenario de La Plata saben que en caso de separarse le abrirían la puerta inmediatamente a una nueva cepa de macrismo, no necesariamente con la misma carga letal para el peronismo pero sí suficiente para desalojarlo del poder. Es demasiado riesgo como para siquiera imaginarlo. No va a ocurrir. La convivencia forzada es, de momento, la nueva normalidad.

El problema es que también hay internas dentro de cada espacio. Sub-internas. Una de sus víctimas es Martín Guzmán, cuya continuidad nadie cuestiona pero a quien tironean como a Túpac Amaru. El camino que propuso la vicepresidenta para la política macroeconómica (“alinear salarios y jubilaciones, precios -sobre todo de los alimentos- y tarifas”) hizo estallar una sinfonía de especulaciones en el establishment energético que reverberó entre los funcionarios del área, la mayoría de los cuales figuran en el organigrama abajo de Guzmán pero reportan a la presidencia del Senado.

El neuquino Darío Martínez, una de sus espadas parlamentarias durante el macrismo, designado tres meses atrás por impulso suyo en la Secretaría de Energía y aspirante a la misma gobernación con la que sueña Oscar Parrilli, es el encargado de hacer la sintonía fina que prometió la propia Cristina en 2011 y que no quiso o no pudo hacer Julio De Vido. Su éxito o su fracaso en esa misión determinará en buena medida si volvieron mejores o solo volvieron. El riesgo es reeditar el congelamiento irrestricto con el que el exministro de Planificación benefició a las clases medias y altas y que terminó por enterrar al tercer kirchnerismo (como diría Kulfas) debajo de un déficit energético de 12.000 millones de dólares. Lo que no pagaban esos usuarios lo pagaba el Estado.

La tradición devidista aparece corporizada en el interventor del ENARGAS, Federico Bernal, antiguo pupilo del arquitecto y dueño de modales parecidos a los suyos. Cuando lo escuchan hablar, empresarios locales como Marcelo Mindlin o ejecutivos de multis extranjeras como Naturgy solo atinan a poner en venta sus activos en Argentina. Su inestabilidad emocional, para peor, lo ha conducido a exabruptos dignos de Guillermo Moreno. Nicolás Arceo, el cerebro detrás del ajuste que debió encarar Kicillof entre 2013 y 2015 para encauzar el desbarajuste devidista, tampoco lo respeta. Pero cerca de Cristina lo defienden: “Fede primero fija posición y después mira los datos. Es un poco tirabombas pero va a hacer lo que tenga que hacer”, dicen.

 

Gobernar es segmentar

La alineación que propuso Cristina (salarios, jubilaciones, precios y tarifas) es lo que su pata de la coalición considera el piso mínimo para ganar las elecciones de octubre. Como Juntos por el Cambio renueva las bancas de su mejor elección (la de 2017), con llegar a ese piso en 2021 le alcanzaría al Frente de Todos para mantener el control del Congreso y soñar con la reelección en 2023. Es un objetivo módico que en vísperas de la Navidad vino a cuestionar el mayor conflicto social del año: la huelga aceitera. ¿Alcanza con solo empatar con la inflación después de tres años seguidos de perder por goleada? ¿Si no pueden recomponer sus sueldos los aceiteros, qué les queda a los metalúrgicos o a los empleados de comercio?

Va a ser otro hito político de esta semana corta, junto con el reparto de las primeras vacunas y la discusión del aborto en el Senado. Según cómo laude Claudio Moroni el martes, con la huelga a punto de cumplir tres semanas, se sabrá si Fernández también apuesta a la recuperación traccionada por la demanda que propuso su vicepresidenta.

 

En La Plata, Cristina dio cátedra de economía política 

 

En charlas reservadas, Moroni coincidió con Kulfas y con Guzmán en que lo que piden los gremios “no es ninguna locura”. Todos reciben mensajes del director ejecutivo de la Cámara Aceitera, Gustavo Idígoras, pero el que no quiere dar el brazo a torcer es el jefe de Aceitera General Deheza (AGD), Roberto Urquía, importante mecenas de la campaña del FdT y cuñado del presidente de la Unión Industrial, Miguel Acevedo.

“Está empecinado con cambiar la forma de negociación ahora”, dijo a BAE Negocios uno de los ministros que intenta acercar posiciones. Lo que irrita a Urquía es algo que los aceiteros conquistaron en 2015, con otra huelga récord de 25 días: no discutir incrementos a partir de la inflación pasada sino reclamar el monto que calculan que cubre su canasta básica. 

La pulseada es por quién se apropia del rebote que todos auguran para 2021, después de dos años barranca abajo y uno en caída libre. Algunos afortunados ya se aseguraron su porción en el Congreso vía Sergio Massa y Máximo Kirchner. Como los fabricantes fueguinos de celulares, televisores, monitores de PC, acondicionadores de aire y microondas, cuyos competidores importados volverán a pagar un 17% de impuestos internos desde la semana que viene. Otros lloraron y mamaron del Ejecutivo, como las empresas beneficiarias de la Ley de Economía del Conocimiento que consiguieron la rebaja del 4 al 0% de sus retenciones al exportar.

Todas las disyuntivas son complicadas pero la de las tarifas es, como en 2011, la clave. Para mantener el tope del 1,7% del PBI en subsidios que fijó Guzmán en el Presupuesto, la luz y el gas deberían aumentar en promedio un 30% en 2021. Es el máximo que también está dispuesto a tolerar el Fondo Monetario. El neuquino Martínez cree que puede hacerse aún cumpliendo con el encargo que le hizo Cristina pensando en las elecciones de octubre: que para el 45% más pobre de la población (20 millones de personas) la suba no llegue a los dos dígitos. El 35% de clase media (unos 15 millones) tendría aumentos cercanos al promedio. Al 20% más rico, en cambio, Energía propone cobrarle la tarifa plena, sin subsidio. Equivaldría para ellos a un tarifazo al estilo Aranguren.

La cuestión es dónde trazar la línea. El Estado cuenta con datos mucho más precisos que en 2011 y que en 2015 sobre los ingresos y gastos de la población, en buena medida gracias a la pandemia. Pero hace falta cruzarlos y aparecen resistencias en organismos como la AFIP, el Banco Central y la ANSES por los riesgos legales de hacerlo. Los secretos bancario y fiscal bloquean la sintonía fina.

“Tenemos que tener esa base de datos ya”, apuró el Presidente en la última reunión del gabinete económico. “Va a servir también para el boleto”, agregó. Tarea para el hogar, en plenas Fiestas y en pleno rebrote. O a buscarse otro laburo.

 

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Alejandro Bercovich

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