Si hay algo que ha sido positivo de la pandemia es que ha logrado problematizar y poner sobre la mesa cuestiones largamente pospuestas por las políticas públicas. La emergencia y la necesidad de una salida colectiva, en la que nadie se puede salvar solo, ha vuelto necesario que el Estado tome medidas específicas y urgentes sobre esos problemas de larga data. Pero la pandemia, no cambia al Estado, lo muestra tal cual es, y si tuviéramos que diagnosticarlo podríamos decir que es muy efectivo en reconocer derechos, pero un poco menos en hacerlos efectivos.  

Muestra de ello es que a pocos días de iniciado el ASPO, se dictó el Decreto Nacional Nº 320/20, una de las medidas más importantes que se han tomado en el contexto de la pandemia. Frente a un contexto histórico de desregulación de las relaciones entre propietarios e inquilinos, el DNU vino a regular algo que parecía intocable: la suspensión de los desalojos judiciales por incumplimiento del pago del alquiler, alcanzando incluso a los desalojos ya ordenados pero que no se hubieran realizado. Además, extiende la vigencia de los contratos de alquiler que tengan su vencimiento desde el 20 de marzo hasta el 30 de septiembre. En esa dirección, congela el precio de los alquileres hasta la misma fecha, debiendo pagarse la diferencia entre 3 y 6 cuotas mensuales iguales y consecutivas. Para la falta de pago, podrán aplicarse intereses compensatorios que no deben exceder la tasa de interés para plazos fijos en pesos a 30 días que paga el Banco de la Nación Argentina

Sin embargo, y más allá de los aspectos progresivos de la medida, ésta tiene tres aspectos que deben ser revisadas porque, como decíamos, dificultan la aplicación de la totalidad de lo dispuesto por el DNU Nº 320/20, y por ende atentan contra la garantía de este derecho. 

En primer lugar, el Decreto no ha establecido mecanismos ni organismos competentes para supervisar el pleno cumplimiento de lo dispuesto, es decir no fija circuitos estatales específicos que hagan efectivo la prohibición de desalojos. 

Esto ha generado problemas serios sobre todo para los desalojos "informales", que son ejecutados por los propietarios sin intervención judicial en villas, hoteles, inquilinatos y pensiones. Al no haberse determinado mediante el Decreto un circuito para denunciar, dar seguimiento e impedir los desalojos, hay muchas personas que siguen viéndose amenazadas por la posibilidad de desalojo, sin ninguna protección estatal, principalmente aquellas que viven en villas. Por esa razón, desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires instrumentamos un procedimiento de control y acompañamiento a las personas que se encuentran en riesgo de desalojo mediante la presencia y la mediación, para poder bajar la conflictividad que muchas veces se suscita en la relación entre propietarios e inquilinos, y hacer de este modo que el Decreto Nacional se aplique de la misma manera en las villas y en el resto de la Ciudad. 

Por otro lado, el Decreto prevé la suspensión de desalojos por falta de pago de alquiler -y el DNU Nº 319/20 de créditos hipotecarios-, pero no de "casas ocupadas".

La problemática de las casas ocupadas es un conflicto en ascenso en la Ciudad de Buenos Aires, aunque muy invisibilizado. Según la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, a fines del año pasado existían 2.029 juicios por desalojos en la Ciudad. Hablamos de más de 2.000 inmuebles en donde, en cada uno, pueden vivir de 50 a 300 personas, como es el caso de la Casa Santa Cruz en Parque Patricios. Al igual que esta casa, y a pesar de que muchas veces las personas que allí viven han empezado pagando alquileres por engaño a quienes no eran los verdaderos dueños, una parte importante de estos desalojos que son ordenados no tienen por causa la falta de pago del alquiler, por lo que en principio, no quedarían comprendidos dentro del Decreto. Si bien desde una mirada amplia, sería inadmisible que se realicen desalojos en estas casas, ya que el Decreto persigue como objetivo evitar desplazamientos y que no haya más personas en situación de calle en el contexto de la pandemia; lo cierto es que el Decreto debería incluir expresamente la protección de este universo de casas ocupadas.

Por último el Decreto establece una excepción para el congelamiento del pago del alquiler vinculada a la vulnerabilidad del propietario, sin quedar claro cómo se resuelven estos casos. 

Es muy probable que cuando el propietario se encuentra en una situación de vulnerabilidad económica, es decir, que su subsistencia dependa del canon locativo; su inquilino también se encuentre en una situación de vulnerabilidad. Por eso, resulta inaceptable pensar que el inquilino no podrá quedar cubierto por las protecciones del Decreto solo porque el propietario se encuentra en una situación de vulnerabilidad -sin importar si el inquilino también se encuentra-.

Esta es una situación muy frecuente en los alquileres en villas: la gran mayoría de las personas que alquilan informalmente no cuentan con un ingreso formal, sino que su medio de vida consiste en distintas modalidades de empleo informal, muchas de las cuales se han visto paralizadas como consecuencia del aislamiento. Por lo tanto, no tienen posibilidad de pagar, a pesar de que los propietarios también necesiten cobrar la suma mensual porque muchas veces tampoco disponen de otros ingresos. Para estos casos, es necesario acompañar el Decreto de políticas públicas específicas y prestaciones por parte del Estado que hagan que asegurar el medio de subsistencia del propietario no dependa exclusivamente del inquilino, cuando éste no puede ni siquiera asegurarse los medios de subsistencia propios. 

Garantizar el derecho debería ser, siempre y con la pandemia aún más, una tarea central y primordial del Estado. Para ello es necesario, además de otorgar derechos por medio de leyes y decretos, que los mismos tengan políticas para hacerlos efectivos. De esta forma, la tarea es repensar un modelo de Estado que sea más potente en sus capacidades de proveer servicios y hacer efectivos los derechos.

* Defensora Adjunta de la Ciudad de Buenos Aires